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Históricamente en Nicaragua se ha vinculado a figuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), actualmente partido de gobierno, con operaciones del narcotráfico, puntualmente las que realizan cárteles colombianos, lo que ha sido asegurado por el investigador Douglas Farah a cuyas afirmaciones se suman las del mayor en retiro, Roberto Samcam, quien indica que en Nicaragua se lava dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por medio de la estatal Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).
Según Samcam, las relaciones entre el dictador Daniel Ortega y las FARC, datan de mucho tiempo atrás, y que esto se puede notar cuando hace varios años aparecieron dirigentes de las FARC en células de la guerrilla nicaragüense.
Elvira Cuadra, socióloga e investigadora en seguridad, no se extraña de estos señalamientos ya que asegura que «Centroamérica es el patio de Colombia, y un grupo irregular que maneja montos tan altos de dinero ilícito necesita resguardar la mayor cantidad posible para asegurar su sostenibilidad económica y política».
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La socióloga también recordó experiencias similares, como las que se han dado en países africanos, aunque lo que se utilizaban eran materiales como diamantes y uranio.
Cuadra considera crítico que haya habido «una inyección tan fuerte de dinero a la región (pues) crea dinámicas económicas ficticias, que al final tienen graves consecuencia para las sociedades enteras».
La especialista también indicó: «El otro punto crítico es que da vida a procesos donde los grupos criminales que blanquean el dinero ilícito, se fusionan con las élites económicas y políticas de los países de destino, elevando los niveles de corrupción».
El exdiplomático y politólogo, José Dávila, considera que las aseveraciones de Samcam son «sumamente graves» e indica que «el Gobierno de Nicaragua debería ofrecer de inmediato su colaboración para clarificar los señalamientos, de lo contrario sería gravísimo guardar silencio o negar colaboración».
Davila también recordó que Albanisa es una empresa «ligada al propio presidente de la República por lo que no se puede poner en riesgo la credibilidad de un Estado que es sujeto de deberes y obligaciones en el derecho internacional». El exfuncionario también asegura que estas acusaciones pueden causar que la credibilidad de Nicaragua como Estado se desplome si guarda silencio al respecto.
Fuente: La Prensa
