EE. UU. señala negocios turbios de Nicaragua con Venezuela y que Ortega incumple requisitos mínimos de transparencia

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Nicaragua
El Departamento de Estado destaca la opacidad con que el régimen de Nicaragua ha manejado los más de USD $3.670 millones provenientes de Venezuela. (Aporrea)

Estados Unidos ha incluido a Nicaragua en una lista de 68 gobiernos, de un total de 141 que fueron evaluados, que no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia fiscal, y además indicó que el gasto extrapresupuestario de la colaboración de Venezuela no está sujeto «a auditoría o supervisión legislativa».

Esta información fue revelada en un informe de Transparencia Fiscal de 2017 desarrollado por el Departamento de Estado que señala la opacidad con que el país centroamericano maneja la cooperación venezolana que es administrada de manera directa por la familia presidencial.

Entre 2007 y 2016 el monto de la cooperación que Venezuela hizo a Nicaragua sumó más de USD $3.670 millones según cifras del Banco Central del país centroamericano, además señala que el manejo de estos fondos permitió la creación de un emporio en el sector hidrocarburos que también es generadora de energía, además la operación de la cadena de gasolineras más grande de ese país, todo en manos de la familia del dictador Daniel Ortega.

Por otra parte, el gobierno estadounidense también destacó que Nicaragua no presentó mejorías entre enero y diciembre de 2016, período en que se evalúa, sin embargo, sí hubo mejorías en otros 11 países que habían incumplido con los mínimos requisitos de transparencia.

 

El informe del Departamento de Estado indica:

«La transparencia fiscal es un elemento crítico de una gestión financiera pública eficaz, ayuda a crear confianza en el mercado y sustenta la sostenibilidad económica. La transparencia fiscal promueve una mayor rendición de cuentas del gobierno proporcionando una ventana en los presupuestos gubernamentales para los ciudadanos, ayudándoles a responsabilizar a su liderazgo y facilitando un debate público mejor informado».

Otros países que ocupan esta evaluación con Nicaragua son: Azerbaijan, Bangladés, Belice, República Democrática del Congo, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Libia, Mozambique, Nigeria, Pakistán, Palestina, Ruanda, Arabia Saudí, Tanzania, Zimbabwe, entre otros.

«La información sobre obligaciones de deuda estaba disponible públicamente, pero era incompleta. Los documentos presupuestarios disponibles públicamente no proporcionaron una imagen sustancialmente completa de los gastos planificados del Gobierno [de Nicaragua] y los flujos de ingresos. El Gobierno no ha contabilizado públicamente el gasto de asistencia extrapresupuestaria significativa de Venezuela y esta asistencia no ha estado sujeta a auditoría o supervisión legislativa», indica el informe oficial.

Estos señalamientos se dan una semana después de que la embajada de Estados Unidos en Nicaragua advirtiera a sus ciudadanos que tuviesen cuidado con transacciones comerciales con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ya que el país suramericano ha sido sometido a sanciones.

Daniel Ortega se mantiene en silencio respecto a esta evaluación así como ante las acusaciones de que Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) estaría lavando dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mismo que fue revelado por el investigador Douglas Farah.

Al respecto de Albanisa y otras empresas estatales, el informe detalla:

«Las asignaciones y las ganancias de las empresas estatales se incluyeron en el presupuesto sobre una base neta, pero la mayoría de las empresas estatales, incluyendo Albanisa, no han sido objeto de auditoría. La información contenida en el presupuesto se consideró generalmente confiable, pero la institución suprema de auditoría no auditó los estados financieros completos del Gobierno».

En cuanto a las recomendaciones para mejorar dicha situación, Estados Unidos expone:

«La transparencia fiscal de Nicaragua sería mejorada: incluyendo todos los ingresos no presupuestarios, gastos y obligaciones de deuda en el presupuesto; auditoría de las empresas estatales y puesta a disposición pública de los resultados; y llevar a cabo una auditoría completa de los estados financieros anuales del Gobierno y hacer públicos los informes de auditoría en un plazo razonable».

Fuente: La Prensa

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