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La Encuesta de Percepción de Inseguridad que presentó la organización civil México Unidos Contra la Delincuencia (MUCD) reveló que en elpaís azteca se ha pasado de tener seis cárteles del narcotráfico a 400 grupos criminales dedicados no solo a la producción, venta y trasiego de droga, sino que también controlan operaciones de secuestro, ejecución, extorsión y robo de combustible.
Este estudio fue presentado por el consejero del MUCD, Juan Francisco Torres Landa, quien indicó que a pesar de que la mitad de la población percibe mayor frecuencia de vigilancia policíaca en su sector, esto no da mayor sensación de seguridad.
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Para Torres Landa, dicha estrategia implementada por el Gobierno de México es «cortoplacista», además de los «intereses electorales, la corrupción y la impunidad» que no dan paso a medidas efectivas para el combate a la violencia que, según indicó, ya se encuentra en niveles alarmantes.
Según el consejero del MUCD, esta situación «ha venido pasando con los grupos delictivos y con base en nuestras encuestas, desde hace 10 años. Cuando arrancó este proceso, había seis o siete cárteles que de alguna manera se dividían el control del país».
Y agregó: «Hoy están contabilizados 400. Hay 400 grupos delincuenciales que operan en el país. Esto es parte de la fragmentación, de haber quitado las grandes cabezas, que lo único que crea es la dispersión de intereses y hasta pugnas por lograr mejores atributos en los distintos ámbitos geográficos».
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Resultados "XVII Encuesta sobre #PercepciónInseguridad en México" de@Mitofsky_group y @MUCD pic.twitter.com/NZ7h7iRxA8
— México Unido Contra la Delincuencia (@MUCDoficial) October 10, 2017
El estudio refleja que los estados del territorio mexicano que reportan mayor índice de violencia son: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Estado de México, Tabasco, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Guanajuato.
En el análisis de la encuesta se detalla que «la falta de profesionalización y eficacia de los cuerpos policiacos se ha vuelto un cuello de botella para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. La policía como primer respondiente y su coordinación con los ministerios públicos hace que sus deficiencias afecten a todo el sistema».
Fuente: Proceso.
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