EnglishUn grupo de 850 exmilitares desincorporados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela fue reprimido este lunes en la noche frente al palacio presidencial por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El abogado que los representa y otros 10 combatientes que manifestaban quedaron detenidos en el Comando Regional Número 5 de la GNB (en Caracas), informó el diario El Nacional. Tras 12 de horas de su detención no se conocía su paradero.
Los antiguos funcionarios fueron excluidos de la FANB en 1992 tras participar en las intentonas golpistas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de ese año.
Militares del 4F protestan en #MIRAFLORES contra el régimen de Nicolas Maduro #26M #DespiertaVenezuela pic.twitter.com/mypE3jJja5
— Makey Sulbarán (@makeyve91) May 27, 2014
Como si se tratara de una de las manifestaciones estudiantiles de los últimos meses, los manifestantes fueron reprimidos con perdigones y gases lacrimógenos. Sin embargo, a diferencia de las protestas estudiantiles, estos ofrecieron resistencia y pelearon cuerpo a cuerpo con sus represores. “Nosotros teníamos una formación y éramos más que ellos, por eso resistimos”, relató al PanAm Post el teniente de fragata, Abilio Carrasquel, participante del golpe de Estado del 4-F, en el cual surgió políticamente el expresidente golpista Hugo Chávez Frías.
Los militares manifestaban en las puertas del palacio presidencial para exigir una serie de reivindicaciones incluidas en la Ley Especial de Reincorporación a la Carrera Militar y al Sistema de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del 6 de febrero de 2012, con la cual Hugo Chávez prometió a quienes lo acompañaron en las intentonas golpistas su regreso a la FANB con todos los beneficios que ello implica. Pero la promesa aun no se cumple.
Carrasquel relató que en la tarde del lunes el centenar de hombres realizó una marcha desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hasta Miraflores en exigencia de una respuesta a sus peticiones, ya que han introducido cuatro recursos de amparo en el máximo ente del Poder Judicial sin ver ningún efecto. “Por las barricadas y las guarimbas metieron recursos de amparo y terminaron poniendo presos a dos alcaldes (de San Cristóbal y San Diego) ¿Por qué el TSJ no responde a nuestros recursos?”, reclamó el teniente.
De acuerdo a Carrasquel, una vez llegaron a Miraflores recibieron una primera tanda de golpes y bombas lacrimógenas. Posterior a una charla de pacificación, el abogado del grupo, el teniente de fragata retirado Américo Gutiérrez, fue recibido por un General del Ministerio de la Vicepresidencia y por un General del Comando Regional Número 5 (asignado a Caracas).
“Ellos le dijeron al abogado que nosotros no habíamos cumplido con unas correcciones que el TSJ había pedido sobre nuestro recurso de amparo, lo cual el abogado Gutiérrez calificó como una mentira, porque sí lo hicimos. Entonces dijeron que no hablarían con nosotros, se retiraron y comenzó la segunda tanda de represión que fue peor, porque la PNB nos emboscó por detrás y de frente teníamos a la GNB”, explicó el teniente, quien asegura haber sido golpeado durante la confrontación con las fuerzas policiales.
En ese momento el asesor jurídico fue detenido junto a otros 10 exmilitates. Hasta la mañana de este martes, ni las familias ni los manifestantes conocían del paradero de los detenidos. “Sus familias están preocupadas porque no saben nada”, explicó Carrasquel. El diario El Nacional indicó que se les podría acusar de rebelión por la protesta frente al palacio presidencial.
Reclaman corrupción en la reincorporación
De unos tres mil solicitantes que quedaron asentados en las listas del proceso de reincorporación, solo ha sido reconocida la mitad, según explicó Carrasquel, quien considera que el proceso está “viciado”. Una de las razones para pensar esto es que los primeros reconocimientos de reincorporación se hicieron a personajes que ocupan altos cargos como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, Jesse Chacón, ministro para la Energía Eléctrica, Pedro Carreño, diputado, Rafael Isea, exgobernador del estado Aragua, y Miguel Rodríguez Torres, ministro de interiores, justicia y paz. “Nos dijeron que ellos eran los más necesitados en reincorporarse, y nosotros nos preguntamos cómo eso es posible cuando ellos ya ocupan altos cargos. Entre nosotros hay personas indigentes, lisiados y enfermos que quedaron en malas condiciones desde los levantamientos”, aseguró el manifestante.
Militares del 4F recibieron gas lacrimógeno al llegar a Miraflores #26M http://t.co/SjheRphtrU pic.twitter.com/Twsy1Rf0he
— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) May 27, 2014
Los 1.500 hombres que no han sido reconocidos alegan que el TSJ les ha dejado claro que tienen derecho a regresar a la FANB porque nunca fueron expulsados legalmente, ya que no se hicieron juicios al respecto.
Sin embargo, sienten que han sido engañados. En diciembre de 2014, cuando inició el proceso de introducción de uno de los recursos de amparo, el grupo de exsoldados recibió del Ministerio de la Defensa un carnet y una pensión de gracia que resultó ser falsa e ilegal, según les hizo saber el mismo TSJ. La sensación de estafa impulsó a la introducción de los tres recursos de amparo siguientes y a la programación de vigilias en las puertas del TSJ.
Sin embargo, tras la manifestación de ayer y la represión oficial, la GNB informó a los manifestantes que se les impediría mantenerse en vigilia frente al TSJ. “Nos mantendremos en la lucha pero no podemos manifestar porque no queremos generar enfrentamientos”, aseguró Abilio Carrasquel.
Criminalización de la protesta se consolida
La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) ratifica que la criminalización de la protesta se ha sistematizado en Venezuela. “Es una constante, y la represión por la fuerza a personas cercanas al oficialismo lo constata”, aseguró Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa de Investigación y Medios de PROVEA, en declaraciones a PanAm Post.
Uzcátegui explicó que cuando se analizan los datos de protesta en Venezuela, un alto porcentaje de los afectados por esta política —personas reprimidas o que quedan en régimen de presentación ante el Poder Judicial tras protestar— son adeptas al oficialismo. “La criminalización de la manifestación no tiene afiliación política”, dijo.
Recuerda que es inconstitucional el haber prohibido al grupo de antiguos militares manifestar pacíficamente en las puertas del TSJ. “La vigilia es una forma pacífica de protesta”, recordó.