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EnglishEl pasado 23 de mayo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, firmó por cuenta propia el Decreto 8.243 para instituir la Política Nacional de Participación Social (PNPS), en el cual otorga poderes estatales a movimientos sociales que legitima en el documento como «sociedad civil».
El documento levantó críticas inmediatas por haber sido aprobado sin pasar por el Congreso nacional y por privilegiar a los movimientos organizados —que en su mayoría son vistos como adeptos al oficialista Partido de los Trabajadores— como líderes de la sociedad civil.
El decreto tiene el «objetivo de fortalecer y promover los mecanismos democráticos y foros para el diálogo y la acción conjunta entre el gobierno federal y la sociedad civil».
Algunas de sus metas incluyen la ampliación de los mecanismos de control social sobre el Estado y la consolidación de la participación social como forma de gobierno. Las dependencias y entidades del gobierno federal deben tener en cuenta a estas instancias y mecanismos de participación en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de sus programas y políticas. También se prevén procedimiento para la participación social en las etapas del ciclo de planificación y presupuesto.
Además, el decreto crea el Comité Gubernamental para la Participación Social (CGPS) para asesorar a la Secretaría General de la Presidencia en el seguimiento e implementación de la PNPS, integrados por representantes de la sociedad civil elegidos a través de «mecanismos transparentes», pero no aclara los procedimientos.
De la democracia representativa al socialismo marxista
Medios brasileños han descrito este decreto como «bolivariano», por asemejarse al Estado Comunal instaurado por Hugo Chávez en Venezuela y que permitió la conformación de un Estado paralelo en el cual resulta fácil privilegiar —incluso con dinero— de forma discrecional, y sin contraloría, a las organizaciones sociales que favorecen al Chavismo. Como resultado, las formas espontáneas de participación ciudadana se ven perseguidas y cooptadas por el Estado.
Erick Vizolli, abogado brasileño y columnista del portal Liberzone, comparó este decreto con el poder que se entregó a los soviets de la Unión Soviética en 1917 con la finalidad de legitimar al gobierno que sucedió al zar Nicolás II.
El peligro detrás de esto, detalla el articulista, es la toma de decisiones por parte de unos pocos dirigentes de los movimientos sociales, los cuales no tienen generalmente mecanismos fijos y transparentes de elección. «Las decisiones del Estado solo entrarán en vigor cuando estén legitimadas por los órganos paralelos, por los que nadie votó o dio su palabra de aprobación, y cuyo único «mérito» es el hecho de que están alineados con la ideología del partido que ocupa el Ejecutivo», reclamó.
Roberto Chiocca, director del Instituto Ludwig Von Mises de Brasil, tiene la misma preocupación. Cree que para que un ciudadano pueda participar hará falta atravesar los mecanismos impuestos por el Estado (estos movimientos sociales) que tienen por lo general pensamientos colectivistas, en un acto que no permite la libertad y el pluralismo.
«Muchas de las críticas que se verán de los brasileños a este decreto están en la característica de los movimientos sociales, que son todos socialistas y la mayor parte financiados por el propio Estado. No se hace un movimiento ‘social’ con gente que trabaja, porque no podemos salir en la mitad del día para reuniones de diálogo o para hacer una manifestación. Las manifestaciones en Brasil se hacen siempre profesionalmente, pagando algo a los ‘manifestantes’ o prometiéndoles privilegios directos», denunció en declaraciones al PanAm Post.
Chiocca alerta que la medida es además una expansión del Estado, ya que estos grupos se creerán impunes o poderosos por el hecho de recibir atribuciones de parte del gobierno.
Vizolli y Chiocca coinciden en que aunque la democracia representativa no es perfecta, brinda mejores oportunidades de elegir a la población votante. «Mientras más movimientos exijan la ampliación del Estado, y participen con poderes especiales en las decisiones del Estado, mas Estado habrá. Las intrusiones estatales podrán crecer rápidamente, ya que no serán solo los políticos quienes quieran más intrusiones, sino la ‘sociedad'», dijo.
El Congreso dio ultimátum al gobierno
Este martes, los diputados del Congreso se pronunciaron en contra del decreto por considerarlo un ataque a la democracia representativa.
Para quienes se distancian de los movimientos sociales oficialistas, este conjunto de medidas implica el control tendencioso de grupos de amigos del gobierno sobre las políticas Estatales, ya que el decreto pasa por encima del poder Legislativo electo, tanto en su contenido como en su forma de aprobación.
En su columna, Vizolli destaca que el decreto es inconstitucional porque dicta la creación de un organismo de administración pública, algo prohibido constitucionalmente al Ejecutivo y que debe ser llevado al Legislativo.
Tras la presión de los diputados por pedir la derogatoria del decreto, el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, y el presidente de la Senado, Renan Calheiros, pidieron a Rousseff que derogara la medida. «Si mañana el gobierno no responde, vamos a votar a favor del derrocamiento del decreto», dijo Alves ayer. Sin embargo, se espera que la próxima sesión deliberativa de los diputados ocurra a finales de junio.
El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, aseguró que iría al Congreso a explicar el contenido del decreto presidencial y señaló que el Palacio Presidencial no está dispuesto a revocar la decisión de Rousseff. «Es un decreto que tiene como objetivo fortalecer los canales de representación de la sociedad», dijo.
La situación pinta grave para la presidenta, ya que Alves y Calheiros pertenecen al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Este martes, el mismo día que Alves dio al gobierno un ultimátum sobre el decreto, el PMDB decidió apoyar a Rousseff en una votación estrecha en la cual contó con el apoyo de 59% de los 673 delegados.
«Necesito del PMDB. Seamos cada vez más socios y hermanos en esta lucha que se avecina», dijo la presidenta durante la convención del partido.
La última encuesta de Datafolha mostró que a principios de junio la popularidad de la presidenta cayó de 37% a 34%, aunque sigue siendo la preferida de los electores.
