EnglishEste martes iniciará en Panamá un nuevo período presidencial al mando de Juan Carlos Varela, el candidato que prometió a Panamá desentender la política de la corrupción y los negocios, y multiplicar el crecimiento y la apertura de este país para el beneficio de su sociedad.
Sin embargo, un planteamiento ambiguo en su propuesta asusta a los inversionistas, a pesar de que haya caído muy bien en la población votante: El control de precios de emergencia.
El nuevo presidente indicó que regularía los precios de 22 productos de la canasta básica, ya que esta última ha experimentado un aumento de 28,4% en el período 2009-2014.
Los anuncios contrastan con la sensación de progreso y libertad económica que se respira en Panamá. Por su facilidad para hacer negocios, este país ocupa la posición número 55 de los 189 países del mundo analizados en el informe Doing Busines 2014 del Banco Mundial. En América Latina es el quinto país con estas cualidades después de Chile, Puerto Rico, Colombia y México.
La propuesta, sumada a la amistad de Varela con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y los resultados de la regulación de la moneda y de los precios en Venezuela —en términos de escasez y empobrecimiento— pone en cuestión las verdaderas intenciones del tercer candidato de las encuestadoras que llegó a ser presidente.
Un plan de gobierno contradictorio
Según el plan de gobierno de Varela, más cambios harían de Panamá un país fructífero para los negocios, ya que en su gobierno se seguirían reduciendo los aranceles, las tasas de importación y los trámites burocráticos. Esta posición frente al libre mercado contrasta con la promesa del control de precios de emergencia, y esa contradicción, sumada a la poca información que existe sobre el plan el mismo día de la toma de posesión del presidente, deja incertidumbre en los actores del mercado.
Pablo José Gutiérrez, miembro del Instituto de Estudios para una Sociedad Abierta (ISA), explicó previamente en un artículo del blog El Canal de PanAm Post, que “el no tener una estrategia deja entrever que hay una buena dosis de improvisación, creando así incertidumbre política, lo cual también va en detrimento del ambiente empresarial”.
Ante la incertidumbre sobre el procedimiento, y el papel que jugarán en este los productores y empresarios de esos alimentos, Melitón Arrocha, que estará a cargo del ministerio de comercio e industria durante la administración de Varela y designado para diseñar la propuesta, indicó el mes pasado al diario La Estrella que se realiza “un proceso amplio de consultas con el sector privado”.
Marco legal pone en jaque la propuesta
Otra persona cercana al proyecto dio al diario La Estrella la lista de productos que estarían sujetos a la regulación, entre los que se encuentran el arroz de primera, macarrones, ciertos cortes de carne, pollo, chuleta, salchichas, granos, tomate nacional, ñame, yuca y cebolla.
Sin embargo, una ley de 2007 (Ley 45) indica que solo podrán ser sujetos de regulación de precios los artículos cuyos aranceles superen el 40% de su valor, y por un período excepcional de seis meses, prorrogable por otros seis meses más. Los productos de la canasta básica no están sujetos a aranceles tan altos.
El analista Juan Jovanés, escribió en el diario Panamá América que dichos alimentos quedan fuera del ámbito de la posible regulación. Pone como ejemplo los aranceles de algunos de los alimentos destacados en la lista de control de precios: Lentejas, 0%; arroz en empaques inferiores a cinco kilos, 15%; porotos colorados, 0%; leche, 20%; huevos, 5%; y pastas alimenticias, de 5% a 10%.
Pablo Gutiérrez se adelanta al gobierno: “De tener que subir los aranceles de estos productos [para luego regularlos], el gobierno estaría yendo en contra de uno de los aspectos de su propia propuesta de campaña [la apertura económica de aranceles] (…) y estaría atentando aun más contra la libertad económica”.
Jovanés destaca que el sistema para regular el precio, de acuerdo a la Ley 45 “se realiza mediante la fijación de un precio máximo utilizando como parámetro el precio internacional más el arancel aplicado o el precio nacional, el que sea el más bajo de los dos”. Pero tal sistema, según el analista, perjudicará enormemente a los productores nacionales.
La propuesta de regulación debe pasar además por la Autoridad del Consumidor de Panamá, la cual puede revisar el asunto sin que su decisión sea realmente vinculante. Jovanés cree que para bajarle el precio a la canasta hace falta un órgano regulatorio con más poderes y una ley que le permita controlar los precios totalmente.
Pero Gutiérrez sostiene que la respuesta para el desarrollo económico de Panamá se basa en el libre mercado, opacado aun por las promesas demagógicas de los presidentes. “Si el señor Varela quiere cumplir su promesa de colocar al ‘pueblo primero’ deberá favorecer la libertad económica y no propuestas populistas que sólo terminan perjudicando a las personas”, sentencia Gutiérrez en su artículo.