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EnglishLa implementación de máquinas captahuellas para regular el consumo, y la extensión del sistema de guías de distribución de productos para controlar el movimiento de las mercancías en el territorio nacional, son las últimas dos medidas del Gobierno venezolano para disminuir el desabastecimiento en los mercados.
El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, informó que el próximo 30 de noviembre todas las redes de alimentación del país, públicas y privadas, deben tener instalado el sistema biométrico de abastecimiento, que toma las huellas y los datos personales de los consumidores para impedir que lleven a casa más de lo que el gobierno considere adecuado.
“Deben tener todos los supermercados e hipermercados del país una captahuellas, que permita verificar la cantidad de compras, con esto una justa distribución y atacar el bachaqueo (contrabando)”, dijo Méndez durante la inspección que realizó en personal a Makro, una cadena de hipermercados, este miércoles.
El mismo día, el Presidente Nicolás Maduro indicó que expandirá hacia otras áreas de la economía el programa de guías de movilización que se aplica actualmente bajo el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA). El fin de la medida es controlar el movimiento de mercancías por el territorio, y “asegurar” que lleguen a los consumidores.
Méndez indicó que inmediatamente se extenderá el sistema de guías a los productos de higiene personal (como el desodorante o el champú), al cemento y a la cabilla (hierro de construcción).
Para el superintendente, la implantación de estas ideas evidenciará que habrá suficiente disponibilidad en los productos de la canasta básica que requieran los venezolanos.
El antecedente a la captahuella, el Sistema Superior de Abastecimiento Seguro, ya había sido calificado por muchos como la versión renovada de la “tarjeta de racionamiento” cubana, que ahora se expande a nivel nacional, y al sector privado; bajo la explicación del mismo superintendente, el sistema de captahuellas será similar a su predecesor, que se aplica en los establecimientos públicos de distribución de alimentos, y que ya cuenta con 446 mil personas afiliadas.
Mayor asfixia para el productor y el comerciante
Sectores que se oponen a las medidas, como industriales o grupos de consumidores, aseguran que el problema de la escasez no se debe al contrabando sino a la merma del sector productivo nacional.
La eficiencia de los controles previos parece demostrarlo. El diario El Universal destaca que los alimentos —a través del SICA— y las medicinas —a través el Sistema Integral de Control de Medicamentos (SICM)— son los rubros que desde hace años están sujetos al sistema de guías de distribución, y aún así la Presidencia admite que el contrabando ha aumentado, y es el causante de la extracción de 30% y 40% de los bienes del mercado local: especialmente alimentos, medicamentos y combustible.
José Rozo, expresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en el estado Táchira, lo atribuye a la anuencia del gobierno con mafias de contrabando cercanas a sus intereses.
“Calculamos que en el estado Táchira el contrabando solo alcanza el 10% del abastecimiento de productos. Gracias al sistema de guías que estableció el gobierno, en este país no se mueve un camión de comida sin un permiso directo desde Caracas ¿Entonces cómo llegan los camiones a Cucúta (Colombia)? Quienes logran sacar su mercancía tienen contactos en el alto gobierno y pasan de largo en la frontera con permiso en mano. Estamos hablando de una cadena de corrupción”, advirtió el dirigente empresarial en declaraciones al PanAm Post.
Rozo asegura que el Gobierno está criminalizando a los “bachaqueros”— las personas que cruzan los productos a Colombia y los venden a mayor precio— sin que estos sean realmente responsables.
“Con el salario mínimo de Venezuela se ganan alrededor de Bs. 240 al día (US$3), con eso se pagan dos almuerzos. Si una persona hace una compra de Bs. 2.000 ($25) y la vende en Cúcuta y se gana Bs. 1.000, es comprensible que lo haga por necesidad. El Gobierno está recriminando a hombres y a mujeres que sólo pueden cargar entre cinco y 10 kilos de alimentos. Exigimos que desmantelen y encarcelen a las verdaderas mafias que cuentan con el aval del alto Gobierno”, reclamó.
La dependencia y la supervivencia como modo de vida
Como lo denuncia Rozo, el sistema de controles generado por el Estado venezolano no ha hecho sino propiciar situaciones vulnerables a la corrupción y a las fuentes del mercado negro. Por lo general son grupos asociados al gobierno los que se benefician de estas maniobras únicamente posibles bajo su supervisión, y debido a las necesidades de la población que busca cómo eludir las restricciones.
Alicia Sepúlveda, coordinadora del Observatorio Económico Legislativo de CEDICE, un think tank liberal venezolano, aseguró en declaraciones al PanAm Post que la extensión de los poderes del Estado a diferentes ámbitos de la sociedad, y la capacidad de sus representantes de autorizar o no los derechos de los venezolanos, generan fuertes incentivos para la corrupción, los cuales se acentúan en un país inflacionario donde los salarios no cubren la totalidad de las necesidades de una familia.
Sepúlveda pone el ejemplo del contrabando en la frontera colombo-venezolana. “Si una o varias personas son las que deciden si pasas o no al otro lado, frente a una necesidad extrema la gente está dispuesta a sobornar y el oficial de turno está dispuesto a recibirlo, sobre todo frente a los salarios tan bajos que reciben”, explica.
Más allá de hechos aislados, la economista advierte que tales incentivos se repiten en los distintos estratos del sistema económico venezolano, cuestión que se agrava con el aumento de las barreras estatales.
La expansión de las guías de movilización de los productos hacia otros rubros distintos a la alimentación y la medicina, y la implementación de las captahuellas en los supermercados, implicarían en este sentido un aumento en el rango de actuación del Estado, así como en el poder que tendrán más agentes “reguladores” sobre el libre comercio, consumo y vida diaria de los venezolanos.
Caricatura EDO: Control Biométrico y papel tualé pic.twitter.com/4PsWnwEuQv
— EDO (@edoilustrado) August 21, 2014
Consumidores: culpables hasta que se demuestre lo contrario
Una vez implementado este paquete de medidas, para poder comprar los productos de precios regulados —que van desde los granos, hasta la carne, o el dentífrico—, los compradores deberán aportar información sobre su lugar de residencia, ocupación, profesión, estatus económico, entre otros datos que indicó la Superintendencia de Precios Justos.
Sepúlveda destacó que esto se alinea al ideario de reducción del consumo que viene implementando el Gobierno desde sus inicios. “Ellos buscan decidir cuánto va a consumir cada quien, y qué productos”.
La analista económica considera que esto forma parte de una relación de dependencia que promueve el Estado, y que coloca a los venezolanos en una situación de mendicidad y de búsqueda de la supervivencia. “El núcleo del problema es el manejo del recurso petrolero que genera una riqueza sólo administrada por el Estado, y por tanto, los ciudadanos tenemos que vivir de él. Es muy diferente a otros países en los cuales el ingreso del Estado surge del pago de tributos, lo cual le preocupa más al ciudadano y genera mayor vigilancia en la administración. Pero en el caso nuestro, la gestión tiene recursos ajenos a los ciudadanos, lo cual, con el quiebre del sector privado, termina consolidando al Estado como un un factor todopoderoso”.
“Los ciudadanos están intentando vivir el día a día frente a un Estado que quiere hacerlos más esclavos de sus decisiones”, sentenció Sepúlveda.
Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO), aseguró que las medidas buscan culpabilizar a los consumidores venezolanos de la escasez, y ataca de forma errónea la causa de la crisis. “Lo que nos están diciendo a los venezolanos es que no hay presunción de inocencia y más bien hay una presunción de culpa y por eso ‘vamos a revisar a todos los venezolanos”, dijo.
Señaló que el volumen de productos incautados de frente al contrabando no se compara con el que puede extraerse de un supermercado. “Esa cantidad casi industrial no se compra en los abastos, así que yo no creo que sea una medida para combatir a fondo el contrabando”, indicó.
