EnglishEl futuro de Leopoldo López puede cambiar en pocas horas. Su defensa espera que el Tribunal 28 de Juicio se pronuncie hoy con respecto a la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, el cual el pasado 8 de octubre solicitó al Estado venezolano la liberación inmediata de López.
El político opositor venezolano tiene más de nueve meses detenido sin sentencia en una cárcel militar en las afueras de Caracas, debido a su convocatoria a un conjunto de protestas que iniciaron el 12 de febrero de este año, y en las cuales se solicitaba la liberación de un grupo de estudiantes también privados de libertad por manifestar.
Para este martes 28 de octubre, la jueza del caso López, Susana Barreiros, pautó la octava audiencia del debate oral y público que corresponde al juicio del preso político y de los estudiantes Marcos Coello, Christian Holdack, Angel González y Demian Martínez, por los hechos de violencia ocurridos el 12 de febrero.
Se desconoce si la jueza Barreiros tendrá la voluntad de acatar la resolución emitida por el alto organismo de derechos humanos. El tribunal que ella lidera suspendió sus funciones por tiempo indefinido el pasado 14 de octubre para evitar dar respuesta a la resolución de la ONU.
De acuerdo a las normas internas de los tribunales venezolanos, la jueza tenía tres días hábiles para responder a esta petición. Dicha fecha se hubiese alcanzado el 15 de octubre si el despacho en cuestión no hubiese cesado sus funciones.
Roberto Marrero, abogado de la defensa, explica que cuando se abra de nuevo el juzgado, y en este caso se celebrase la octava audiencia —de no haber ningún tipo de diferimiento—, el tribunal alcanzaría el día límite para responder —o acatar— los requerimientos del grupo que pertenece al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. “Ojalá haya despacho y la decisión de la jueza sea la que Venezuela y el mundo espera”, dijo Marrero en declaraciones al PanAm Post.
La resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas determinó que el Estado venezolano cometió en este caso una “violación grave” de los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativos a los procedimientos para la privación de libertad y al derecho a un juicio imparcial.
“[…] la detención del señor Leopoldo López constituye una detención arbitraria […] Por consiguiente, recomienda al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela disponga la inmediata libertad del Sr. Leopoldo López”, rezó la resolución. La misma considera que fue vulnerado el legítimo derecho a la defensa del detenido, se afectó su derecho a la presunción de inocencia y se le sometió a un proceso judicial por ejercer derechos constitucionales en Venezuela, como lo son la libertad de expresión y manifestación.
Marrero indicó que aunque la ONU no tiene en este caso poder coercitivo, las naciones que la conforman tienden a acatar recomendaciones de este tipo —ampliamente estudiadas—, porque ellas mismas suscriben los tratados y aprueban el mandato de la organización. “De no acatar (…) quedaríamos muy mal como Estado, si aceptamos una silla en el Consejo de Seguridad, somos parte del Grupo de Detenciones Arbitrarias, y del Consejo de Derechos Humanos. Hoy el mundo sabe lo que sabemos todos los venezolanos, que Leopoldo López es inocente”.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas también exigió la liberación inmediata del exalcalde de San Cristóbal, en el Estado de Táchira, Daniel Ceballos, quien permanece privado de libertad desde el 19 de marzo. Sin embargo, la jueza 15 de Juicio de su caso, Yhosmar González, aplicó la misma estrategia de Barreiros e incluso difirió su siguiente audiencia del pasado 21 de octubre.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH., Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió el 20 de octubre la liberación de estos y otros presos políticos venezolanos. “Exhorto a las autoridades venezolanas a actuar de acuerdo a las opiniones del Grupo de Trabajo y a liberar inmediatamente a los señores López y Ceballos, y a todos aquellos detenidos por ejercer su legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente”, dijo Al Hussein.
Dos días más tarde, el canciller venezolano Rafael Ramírez envió una nota verbal a la oficina del Alto Comisionado en la cual calificó dicha intervención como “injerencista” y como una “insensatez”, por haberse excedido de su mandato.
“Resulta preocupante que el Alto Comisionado pretenda convertir las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en decisiones jurídicamente vinculantes que obliguen a los Estados a su inapelable cumplimiento”, subrayó el Gobierno de Nicolás Maduro, según informa el portal web de su canal de televisión, Venezolana de Televisión (VTV).
Anuncian traslado de López en plena espera por sentencia
El coronel Homero Miranda, director de la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentran López y Ceballos con otros presos políticos como Enzo Scarano y Salvatore Luchesse, informó el sábado pasado a los familiares y abogados de López que el dirigente político sería traslado a otro centro de reclusión en las próximas horas.
Marrero indicó a PanAm Post que la jueza Barreiros tendría que haber autorizado el traslado del detenido, pero que dudan de la veracidad de dicha orden por el hecho de que el tribunal no ha despachado, en vista de la petición de liberación de la ONU sin tratar.
La esposa de López, Lilian Tintori, denunció que la decisión fuera un castigo a la protesta “permanente y pacífica”, denominada “barrotazo”, que López, junto con los otros detenidos, iniciaron este sábado, según lo indica un manifiesto escrito a mano y difundido el pasado viernes.
En el documento indican que entran en dicha protesta por los tratos crueles que han recibido, el aislamiento y la privación de sus derechos básicos —como a la salud—, así como el cese de funciones de los tribunales tras la resolución de la ONU.
Aseguraron que su protesta es “No solo por lo que ocurre en esa cárcel sino por todos los venezolanos a los que todos los días les violan sus derechos humanos”.
Este artículo fue editado el 29 de octubre de 2014 a las 12:40 EDT.