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Detenidos por escuchas ilegales dos exfuncionarios panameños

Por: Elisa Vásquez - @elisavasquez88 - Ene 14, 2015, 9:16 am

EnglishDos exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) de Panamá, del período de Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-14), fueron detenidos el lunes 12 de enero, en Ciudad de Panamá, por su presunta participación en un esquema de interceptación ilegal de comunicaciones sobre al menos 150 políticos y personalidades del país, dirigido por la administración de Martinelli.

Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, dos de los cincos secretarios del CSN que pasaron por el cargo durante ese período presidencial, fueron imputados por la Fiscalía Auxiliar de la República por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y continuarán en prisión preventiva tras indagatorias realizadas este martes.

La investigación incluyó 11 allanamientos en distintas provincias del país durante la madrugada del lunes, incluso en las viviendas de ambos detenidos, en las cuales la policía encontró armamento de grueso calibre.

El Gobierno actual inició el año pasado una investigación administrativa sobre la interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas y por internet en la “era Martinelli”; y el pasado lunes el secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, informó que aproximadamente 150 personas habían sido espiadas por el Gobierno. La lista incluye a personalidades políticas, periodistas, sindicalistas, empresarios y líderes de la sociedad civil.

En diciembre, el diario local La Prensa reportó que el Gobierno adquirió en 2010 un equipo de infiltración de largo alcance que permitía ingresar en computadoras y celulares a distancia y grabar casi cualquier contenido, incluyendo mensajes de texto y de aplicaciones como WhatsApp o Blackberry Messenger.

Sin embargo, el Gobierno actual no ha dado con el paradero de la máquina en cuestión. Rolando López, el actual secretario del Consejo de Seguridad, introdujo a fines del año pasado una denuncia contra su predecesor, Alejandro Garuz —quien además es consuegro de Martinelli—, por la desaparición del poderoso equipo de espionaje, y delitos contra el Estado.

López asegura que en la transición entre su gestión y la anterior no se declaró la existencia de este equipo, y que no hay registro de entrada del mismo al país; sin embargo, en los archivos del Consejo reposan los depósitos hechos por el Programa de Ayuda Nacional (PAN) al CSN a mediados de 2010 para su compra.

El PAN —cuyo fondo fue creado para atender con urgencia las necesidades de la población más pobre del país— fue el fondo estatal encargado de suministrar los US$13,4 millones que se pagaron a la empresa israelí M.L.M. Protection por la máquina. Un valor inflado, según fuentes cercanas al actual Consejo de Seguridad, quienes dijeron a La Prensa que el valor real del equipo ronda apenas los $2 millones.

Las víctimas de los “pinchazos” salen a la luz

De acuerdo con el secretario del Ministerio Público, ya las 150 personas de la lista oficial fueron notificadas de los hechos, y se espera que cada una pase a la Fiscalía Auxiliar a identificar los mensajes que se le atribuyen. De acuerdo con La Prensa, el contenido infiltrado fue hallado en cientos de hojas impresas.

El expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares, y el exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens, dijeron el lunes que fueron llamados para corroborar la información. Este último aseguró que pudo reconocer correos electrónicos y mensajes de texto que envió en 2010, y que por ello iniciaría una querella penal en contra del expresidente Martinelli.

En declaraciones a La Estrella de Panamá Doens sostuvo que la inmunidad que posee Martinelli como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) debe ser removida para que enfrente consecuencias por el caso.

Otro de los convocados a la Fiscalía, el exministro de Relaciones Exteriores, Samuel Lewis Navarro, aseguró que le fueron intervenidas comunicaciones que sostuvo con “figuras importantes” de Estados Unidos.

Advierten corrosión de los derechos

El sector de los derechos humanos se pronunció al respecto a través de José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch (HRW), y Carolina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Lo que está saliendo a la luz pública en Panamá gracias a las investigaciones judiciales es de la mayor gravedad y debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias. (…) es una infracción a estándares internacionales que garantizan la privacidad en tratados de derechos humanos actualmente vigentes y de los cuales Panamá es signatario”, dijo el representante de HRW.

Por su parte, Carolina Botero indicó que esta serie de violaciones afecta un conjunto de derechos aún mayor. “Se produce una afectación del derecho a la privacidad, es decir, del derecho a poder actuar en la esfera privada con la expectativa de que nadie nos vigile. Si se pierde esa expectativa, se pierde la posibilidad de actuar en libertad en esa esfera íntima y con ello, se hipotecan muchos de los derechos que deben ser defendidos en una democracia”.

Menalco Solís, quien fue secretario del Consejo de Seguridad de 1990 a 1994, aseguró a PanAm Post que aunque la práctica de las escuchas era propia de la dictadura de Manuel Antonio Noriega (1983-1989), este es un caso inédito en la historia panameña, por su relación con la tecnología de punta y la imputación judicial a los posibles responsables. “Espero que esto siga adelante. Será una tarea ingente, y va a requerir de mucha delicadeza y valentía de parte de los investigadores y jueces; pero la sociedad está vigilante y espera resultados concretos”, señaló.

Solís hizo un llamado de apego a los procesos establecidos en la ley panameña para evitar una posible “cacería de brujas” en contra de los funcionarios de la administración Martinelli. “Tiene que respetarse el derecho a la defensa de los acusados para que no haya sospecha alguna del resultado de este procedimiento”.

Acusados se defienden

Ambos imputados tuvieron citas para indagatorias este martes en la Fiscalía Auxiliar en Ciudad de Panamá. El defensor de Gustavo Pérez, Armando Fuentes, sostuvo ante los medios la inocencia de Pérez y dijo que había una violación del debido proceso porque no existe vinculación del exsecretario con el esquema de escuchas. Sin embargo la Fiscalía determinó que Pérez debe continuar en prisión preventiva, ya que posee evidencias de su relación con el caso.

Cristóbal Arboleda, abogado de Alejandro Garuz, insistió por su parte en que el delito por el cual se investiga a su cliente no amerita la detención preventiva, y que las armas encontradas en su hogar cuentan con permiso de porte.

Salpicado en el problema, este lunes, el expresidente Martinelli calificó como “persecución política” la aprehensión de Garuz y Pérez, en declaraciones telefónicas al canal Nextv. Asimismo, señaló al presidente Juan Carlos Varela como un “dictador”, y dijo que volvería a la política: “pensaba tomarme unas vacaciones, pero esta situación me obliga”.

Elisa Vásquez Elisa Vásquez

Elisa Vásquez es periodista venezolana con experiencia en las fuentes sociales y comunitarias. Está especializada en Educación para los Derechos Humanos y Acción Solidaria Internacional, y reporta desde la Ciudad de Panamá. Síguela en Twitter a través de la cuenta @elisavasquez88.