Venezuela enfrentará el juicio de instancias internacionales tras la entrada en vigencia de la resolución 008610, que permite a funcionarios de las Fuerzas Armadas utilizar armas mortales contra manifestaciones.
La coalición de ONG venezolanas agrupadas en el Foro por la Vida acudirá a la Relatoría Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y al Comité contra la Tortura (ambos del sistema de la Organización de Naciones Unidas, ONU) para denunciar la irregularidad que, consideran estas ONG, supone la resolución.
“Venezuela tiene un Gobierno no democrático y debería estar suspendido de toda participación en los órganos de la Organización de Estados Americanos”. Human Rights Foundation
Inti Amaru Rodríguez, coordinador de Investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), ONG miembro del Foro, señaló, en conversación con PanAm Post, que la relatoría de la ONU ha contraindicado en sus distintos informes las restricciones a la manifestación pacífica y la precalificación de protestas como “violentas”, que a juicio del activista es lo que hace la nueva resolución.
Asimismo, las ONG realizarán un informe para el Comité contra la Tortura de la ONU, que el pasado mes de noviembre emitió una serie de recomendaciones a Venezuela, dentro de las cuales se contraindica la participación de militares como agentes de control de manifestaciones, y se señala que tales funciones deben quedar en manos de funcionarios civiles.
A pesar del acercamiento a estos dos grupos, Rodríguez asegura que también querrán conocer los detalles de la resolución los miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU que velan por la aplicación de los derechos civiles y políticos, y a quienes Venezuela deberá rendir cuenta el próximo mes de julio en una audiencia.
A pesar de que ninguna resolución emitida por estas instituciones internacionales tiene un impacto vinculante o punitivo sobre el Estado venezolano, el representante de Provea recuerda que los pronunciamientos de estos órganos tienen consecuencias sobre la opinión pública internacional. “La imagen de Venezuela como un país respetuoso de los derechos humanos ya no permanece en la esfera internacional”, explica.
La militarización se niega a abandonar a Venezuela
La resolución del ministerio de Defensa se adoptó a un mes de la conmeración de los 26 años del estallido social denominado “El Caracazo”, ocurrido el 27 de febrero del 1989, y por el cual la Corte Interamericana ordenó en 2002 a Venezuela abstenerse de emplear a militares en el control de orden público, ya que se atribuye la muerte de aproximadamente 600 personas a la participación no controlada de los efectivos.
Inti Amaru Rodríguez asegura que, con la entrada en vigencia de la mencionada resolución, se desconoce la sentencia de 2002; Y recuerda que a pesar de que Venezuela abandonó en septiembre de 2013 la Corte Interamericana, la sentencia de “El Caracazo” es previa y el Estado está obligado a cumplirla.
Asimismo, la organización Human Rights Watch (HRW), en su informe mundial de 2014, capítulo Venezuela, alertó sobre la falta de capacitación adecuada del personal militar para llevar a cabo funciones de seguridad pública.
A pesar de la serie de reclamos jurídicos y civiles, el viernes 30 de enero el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se refirió a la resolución 008610 como un “documento hermosísimo”, y dijo sobre el conflicto de atribuciones a la FAN: “Esa dicotomía entre militares y civiles hay que desaparecerla por completo”.
Organizaciones internacionales condenan la resolución
Para la ONG Human Rights Foundation (HRF) la resolución 008610 “formaliza un poco más” la represión letal en Venezuela y brinda una garantía extra de impunidad a los funcionarios militares.
“Los agentes del Gobierno autoritario de Venezuela —funcionarios de la Guardia Nacional y del servicio de Inteligencia (SEBIN), y los grupos paramilitares denominados “colectivos revolucionarios”— ya llevan al menos un año utilizando munición letal abiertamente contra los manifestantes, y también utilizando munición no letal de manera letal”, sostiene Javier El-Hage, director jurídico de HRF en conversación con PanAm Post.
El-Hage hace referencia a los asesinatos, con tiros en la cabeza, de manifestantes el 12 de febrero de 2014 —como fue el caso de Bassil Da Costa—, y a los homicidios con munición no letal, como los de Geraldine Moreno y José Alejandro Márquez.
“Venezuela lleva varios años violando de manera sistemática y generalizada los derechos humanos a la libertad de expresión y a la libertad de asociación, establecidos en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, principal instrumento internacional de derechos humanos vinculante para Venezuela (…). Jurídicamente, Venezuela tiene un Gobierno no democrático y debería estar suspendido de toda participación en los órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de acuerdo con los artículos 3, 4, 19-21 de la Carta Democrática Interamericana”, explica El-Hage.
Este fin de semana, el Foro de Promoción Democrática Continental —una organización compuesta por ciudadanos americanos exiliados de sus países de origen, y aliados a la red Democraciaparticipativa.net—, emitió un comunicado en contra de la resolución, y reiteró que la misma desconoce otros instrumentos, como el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009, en el cual se establece que las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, y que esas atribuciones corresponden a una fuerza policial civil.
El Foro también destacó que los asesinatos de más de 40 personas en las protestas que tomaron Venezuela en 2014, se debieron a la ausencia del respeto debido a esta norma establecida por la CIDH.
La organización pidió a la comunidad internacional, en particular a los países de América Latina y el Caribe, expresar su solidaridad “con quienes en Venezuela se esfuerzan por promover el debido respeto a las Libertades, la Democracia y los Derechos Humanos del pueblo venezolano”.