English Version
EnglishEl presidente estadounidense, Barack Obama, emitió este lunes 9 de marzo una orden ejecutiva en la cual declara una emergencia nacional respecto a la “inusual y extraordinaria amenaza” que representa Venezuela para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. En la misma orden, aplica sanciones previamente aprobadas por el Congreso contra siete funcionarios venezolanos por sus presuntas violaciones a los derechos humanos en ese país.
“Estamos comprometidos a hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, a proteger las instituciones democráticas, y a proteger el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”, continúa el comunicado.
Para emitir las sanciones, la medida implementa la Ley para la defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, firmada por Obama el 18 de diciembre de 2014.
Los sancionados son siete: el jefe de la Región Integral de Defensa Estratégica (REDI) de la región capital venezolana, el general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres; la fiscal 20 Nacional del Ministerio Público, Katherine Haringhton, quien lleva la mayoría de los casos contra opositores políticos al régimen de Nicolás Maduro; el director de la Policía Nacional Bolivariana, Manuel Pérez Urdaneta; el comandante de la 31 Brigada Armada del Ejército, Manuel Bernal; el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Miguel Vivas Landino; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y antiguo comandante general de la GNB, Justo Noguera Pietri; así como el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) Gustavo González.
La medida extraordinaria de este lunes está además dirigida a aquellos involucrados en: acciones o políticas en detrimento de procesos e instituciones democráticas; actos violentos o abusos a los derechos humanos: acciones que prohíban, limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión o la reunión pacífica; o corrupción pública cometida por altos funcionarios dentro del gobierno.
A los sancionados, y a otros identificados en el futuro en relación con estos delitos, se les bloquearán sus propiedades e activos en Estados Unidos, y a los ciudadanos de este país se les impedirá realizar negocios con ellos. La orden ejecutiva también suspende la entrada al país para todos aquellos que apliquen a los criterios de estas sanciones económicas.
La orden de este lunes también autoriza al Departamento del Tesoro, en consulta con el Departamento de Estado, a aplicar las sanciones a cualquier persona que sea o haya sido cabeza de alguna entidad que haya estado relacionada en actividades descritas en la orden ejecutiva, así como a actuales o pasados miembros del Gobierno de Venezuela.
“Las autoridades venezolanas que en el pasado y el presente han violado los derechos humanos de sus ciudadanos y se han visto envueltos en actos de corrupción, no son bienvenidos aquí, y ahora tenemos herramientas para bloquear sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de Estados Unidos”, reza la declaración del presidente estadounidense, leída este lunes por el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Dos semanas después de que se detuviera en violentas condiciones al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, la comunicación agrega que el gobierno de Obama está “profundamente preocupado por los esfuerzos del gobierno venezolano para aumentar la intimidación sobre sus adversarios políticos. Los problemas de Venezuela no pueden resolverse criminalizando a los disidentes”.
Desde que se anunciaron las sanciones, en diciembre del año pasado, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, tensas desde el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) han pasado a un punto de virtual congelación. Desde 2010 ambos países no intercambian embajadores.
La semana pasada, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, exigió a Estados Unidos reducir el número de su personal en su embajada en Caracas a 17 miembros (80% menos) y estableció la obligatoriedad de visado para todos los ciudadanos estadounidenses que visiten Venezuela.
En julio del 2014 el gobierno estadounidense suspendió la visa de entrada a su territerio a 24 funcionarios venezolanos; y el 2 de febrero de 2015, la vocera del Departamento de Estado Jen Psaki informó que el gobierno impuso restricciones en la visa a un número adicional de funcionarios del gobierno —actuales y retirados— quienes, se cree, son responsables de complicidad en abusos contra los derechos humanos. Para ese entonces sumaban 56 los sancionados.
El gobierno bolivariano tarda en responder
El gobierno venezolano dijo que responderá en breve a las medidas firmadas por la Casa Blanca de declarar una “emergencia nacional”.
La canciller Delcy Rodríguez informó en su cuenta de Twitter que este mismo lunes Venezuela llamó a consulta al Encargado de Negocios en el país del norte.
Hemos llamado a consulta de inmediato a Maximilien Arveláiz, Encargado de Negocios en Estados Unidos
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 9, 2015
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosado Cabello, rechazó las medidas, hizo un llamado a una manifestación pública en contra de estas, y dijo que al gobierno le asusta que Estados Unidos “le vaya a hacer algo al pueblo de Venezuela”.
También recordó que ambos países se tendrán que encontrar en Panamá en la Cumbre de las Américas del 10 al 11 de abril de 2015.
.@dcabellor: A Estados Unidos no le interesa que Venezuela vaya a la Cumbre de las América en Panamá
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 9, 2015
El pasado 20 de febrero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió un fallo en el que deja sentado que Estados Unidos no tiene jurisdicción para aplicar fuera de su territorio alguna ley, norma legal o sanción contra la soberanía y la institucionalidad democrática de Venezuela, a pesar de que las medidas aplicadas por la ley que permite las sanciones aplica solo dentro de Estados Unidos.
La orden ejecutiva de este lunes asegura que las medidas del gobierno norteamericano no se dirigen hacia los ciudadanos venezolanos y su economía.
Con la contribución de Sabrina Martín.
Información en desarrollo.
