Militares del régimen de Maduro instalan balsas para minería ilegal en el Bajo Caura

Balsas o dragas ilegales fueron instaladas en el río Caura bajo la fachada legal de “Inversiones el Sol”, una empresa que no tiene permisos para realizar actividad aurífera

Proceso de ensamblaje de las balsas mineras de alta cilindrada que operará en el Bajo Caura (Cortesía Fritz Sánchez).

Desde hace varios meses militares del régimen, bajo la fachada legal de la empresa “Inversiones el Sol”, empezaron con la instalación de balsas mineras con el fin de realizar actividades auríferas en el río Caura. La comunidad de Maripa, capital del municipio Sucre del estado Bolívar, fue quién plantó cara y mediante protestas y firmas lograron frenar – en primera instancia – al ilegal proyecto aurífero, pero diferentes denuncias indicaron que en los últimos días ya no solo se confirmó el ensamblaje de las balsas, sino también el funcionamiento de tres de ellas sin ningún tipo de permiso o sustento legal. Las primeras dos fueron denunciadas temprano y la tercera en horas de la noche del 13 de julio.

Según denunciaron habitantes de la zona y líderes de la comunidad de Maripa, la empresa “Inversiones el Sol” no tiene permisos para realizar actividades auríferas, pero aun así ya tienen tres dragas operativas en la cuenca baja del Caura. La información que está circulando y confirmó al PanAm Post el periodista Fritz Sánchez, es que en la zona ya se están ensamblando entre seis y ocho balsas mineras. Sánchez también mostró como ya estaba operativa una de ellas en su cuenta en Twitter.

Las informaciones suministradas a Sánchez por pobladores locales y ONG que siguen el caso indican que los socios de la empresa “Inversiones el Sol” serían militares y también estaría involucrado el ejecutivo municipal, por ello, las denuncias de los pobladores están siendo insuficientes para frenar el proyecto definitivamente.

De hecho, el diputado Américo De Grazia, atribuyó la propiedad de la empresa al “General Osorio”, fuentes consultadas al PanAm Post aseveraron que este sería el Mayor General Carlos Osorio, quién ostenta el cargo de presidente de la Corporación Venezolana de Minería. El diputado también reseñó que la proyección de instalación de dragas sería de 32 en total.

Fritz Sánchez, quién está especializado en la fuente ambiental y en el problema de la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, facilitó información al PanAm Post para denunciar este proyecto ilegal que afectará a la cuenca baja del Caura. Sánchez anticipó que personal del ministerio de minería ecológica se dirigirá a Maripa a entregarle los permisos a la empresa “Inversiones el Sol” para que esta pueda “operar legalmente”; lo que sería básicamente una jugada para hacer la ilegalidad un poco más «legal».

Anteriormente, líderes indígenas y la comunidad organizada habían logrado frenar el proyecto e hicieron sus denuncias de que la empresa señalada no cuenta con estudios aprobados: “la ocupación y afectación aprobado por el Minec, el plan de explotación aprobado y firmado por la Corporación Venezolana de Minería, las coordenadas certificadas por el ministerio de Minería Ecológica, la inspección conjunta de la Corporación Venezolana de Minería y el Minec, y la orden de inicio firmada y sellada por el Minec, toda esta documentación debería tenerla cualquier empresa que pretenda iniciar operaciones de explotación minera en Venezuela; e Inversiones el Sol no la tiene”. Claramente, esto no fue suficiente para detener el proyecto que siguió adelante y ya tiene dragas operativas.

Otra de las denuncias de los pobladores de la zona es que están siendo amedrentados para no llevar adelante protestas y manifestaciones que puedan frenar o perjudicar al proyecto aurífero. Una de las grandes preocupaciones es la presencia de grupos irregulares y guerrilleros armados como el ELN; que son los encargados de custodiar las balsas mineras. En estas últimas horas se confirmó el arribo de sesenta guerrilleros a Maripa para salvaguardar las dragas del proyecto.

Incluso, el periodista Fritz Sánchez aseguró al PanAm Post que una de sus fuentes recibió amenazas por parte de militares de la zona. La fuente solicitó guardar el anonimato por razones seguridad.

Problemas de contaminación que afectan a la comunidad

Las balsas que están ensamblando y poniendo en operatividad en el río Caura, el tercero más caudaloso de Venezuela, funciona como una aspiradora que succiona todo lo que está al fondo del río generando un aumento de sedimentos por escorrentía, que daña los ecosistemas acuáticos de la zona, a la par de alterar los procesos de regulación hidrológica de la cuenca y la calidad del agua.

También esta minería de río generará irremediablemente una bioacumulación de sustancias contaminantes como mercurio en la biota. La polución que produce la implementación del mercurio para amalgamar el oro causaría una catástrofe ecológica al contaminar, por ejemplo, muchas especies de peces y alterar la cadena trófica, lo que se traducirá irreductiblemente en una acelerada y peligrosa pérdida de biodiversidad en la cuenca baja del Caura.

Precisamente, uno de los principales temores de las poblaciones locales – tanto criollas como indígenas –, es que la actividad aurífera afectaría a su principal fuente de sustentabilidad: la pesca. Primero, el pescado es la principal fuente de proteína; segundo, la venta de pescado es el primordial sustento económico para muchas de las familias.

Además de eso, el río es el principal suministro de agua de la comunidad, la actividad aurífera la contaminaría disminuyendo así la calidad del agua que a la larga podría acarrear consecuencias muy graves para los miembros de Maripa y comunidades indígenas de la cuenca Baja.

«La contaminación mercurial que ya padecen las poblaciones indígenas del Alto Caura a causa de la minería ilegal de río es notoria y de consecuencias palpables en la salud de las personas (…) Es por ello la firme intención de los pueblos del Bajo Caura por evitar la minería de río, a sabiendas que conllevaría la degradación tanto del ambiente como de su calidad de vida y salud», explicó Sánchez.

Pese a todo esto, el proyecto avanza sin inmutarse poniendo en riesgo la salud y la vida de los pobladores de Maripa y de esa zona del Bajo Caura. Un episodio más de discriminada deforestación, contaminación, amedrentamiento y minería ilegal bajo la acción de las fuerzas de seguridad del régimen y la complaciente mirada de la tiranía de Maduro.

Miembros de la comunidad denunciaron que ya se están llevando a cabo deforestaciones para ampliar los campamentos mineros en tierra donde se están armando las balsas. Más dragas, requieren más espacio despejado y ese será del bosque ribereño, quien también sufre las consecuencias y es eliminado por la sed del oro que puede dejar a un país sin agua dulce en un tiempo no muy lejano.

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