El acusado testaferro de Evo Morales y sus nexos con el interinato de Guaidó

Carlos Gill Ramírez es denunciado en Bolivia como «el empresario favorito del MAS». Diversas fuentes confirmaron al PanAm Post que tiene vínculos con la delegación diplomática del Gobierno de Juan Guaidó en Bolivia

Carlos Gill Ramírez es un empresario paraguayo-venezolano presunto testaferro de Evo Morales y Nicolás Maduro. Gill habría tenido relación con Winston Flores, el enviado diplomático del gobierno interino en Bolivia (Twitter).

Esta historia comienza en septiembre del 2019, tras un informe publicado por el senador boliviano Óscar Ortiz Antelo, quién denunció al empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill como «el empresario favorito del MAS [Movimiento al Socialismo]», el partido político del tirano Evo Morales.

El detallado informe relata cómo Gill se forjó, primero, en el chavismo, y luego tuvo un crecimiento exponencial, además de una gran influencia, bajo el régimen de Evo Morales. En la investigación se apunta con el dedo al sistema de favorecimiento estatal que el exmandatario diseñó para sus empresarios favoritos, donde se resalta la presencia del señor Gill.

Según explica Ortiz Antelo, Morales utilizaba un modelo de «contratación directa» para otorgar licitaciones y contratos con el Estado boliviano, evitando así la competencia libre y honesta. No se evaluaban precios, calidad o historial de contratos, simplemente se adjudicaban los contratos al empresario más cercano a la administración de Morales. Nepotismo o amiguismo estatal-empresarial, podría denominársele.

Carlos Gill Ramírez —para tener un mínimo perfil— cuenta en su LinkedIn que es «un empresario nacido en Paraguay que ha realizado inversiones en América Latina en los sectores financiero, industrial y comercial». Según Extra, Gill Ramírez es un «magnate con fuertes inversiones en España», así lo calificaron luego de que este adquiriera un edificio de 1926 en Madrid para renovarlo y convertirlo en un lugar con diez departamentos de lujo en el 2018.

Como bien explica el propio empresario, su cualidad principal es la reestructuración de empresas, así lo ha demostrado a lo largo de su carrera donde ha incursionado en los rubros bancarios, salud, industria y comercio. Carlos Gill es hijo de un exiliado de la dictadura de Alfredo Stroessner, Rodolfo Gill Duarte, quién vivió décadas en Venezuela. También fue cónsul de su país natal Paraguay en Valencia-Venezuela desde la presidencia del Colorado González Macchi. Que es considerado, por cierto, uno de los peores gobiernos de Paraguay en toda su historia.

Ortiz Antelo, el senador que investigó a Carlos Gill

En el informe del senador boliviano Óscar Ortiz Antelo se lee que Gill es propietario de los diarios paceños Extra y La Razón, algo que dio pie para que el expresidente Tuto Quiroga cargara en su momento contra Gill Ramírez, llamándole «testaferro de Maduro» —sí, a Gill también se le ha señalado como «testaferro madurista»— y denunciando que, además, la relación entre Morales y el empresario eran de mutuo beneficio. Pues Morales le daba las licitaciones o las contrataciones estatales a Gill y este le devolvía los favores mediante su aparato comunicacional. De allí, según múltiples denuncias, se dice que tanto La Razón como Extra son diarios con una línea editorial bien marcada en favor del MAS.

El senador Ortiz denuncia que «La “ruta” seguida por Carlos Gill Ramirez, deja ver con claridad que hay un modus operandi que se ejecuta a partir de la relación con el presidente Morales Ayma y su entorno cercano. Gill se presenta como representante de inversionistas extranjeros como el Grupo Doppelmayr/Garventa. En esa condición, “negocia” con el Estado la adjudicación de contratos y, una vez obtenidos, exige la subcontratación de empresas menores, también de su propiedad o con importantes porcentajes de acciones, como “retribución” de sus gestiones de lobby».

Las denuncias son múltiples y diversas, pero la más grave hasta ahora es, por supuesto, la de las contrataciones directas entre el Estado y las empresas relacionadas a Gill Ramírez. Este sistema de adjudicación le permitió al empresario lograr toda una red de negocios con el Estado boliviano. Lo interesante de esto es que Gill Ramírez, según cuenta el relato del informe, no llega a Evo por méritos individuales, sino por su relación con el chavismo y su buen entendimiento con el exembajador venezolano en Bolivia, Julio Montes Prado.

Evo Morales junto a Julio Montes Prado, exembajador de la dictadura chavista. (Rima y Pampa)

El empresario paraguayo-venezolano se ha defendido del contundente informe del senador boliviano. Lo hizo específicamente en una entrevista con la periodista Maibort Petit hace un par de meses. En la conversación Gill Ramírez refuta la tesis del senador y señala que él «no contrató nunca con el Estado boliviano» y que nunca tuvo relación ni conoció a Maduro, no obstante, a Chávez solo lo vio una vez en New York. Pero el senador mostró todo un esquema de corrupción con pruebas decisivas.

El año pasado, a Gill lo denunció el periodista Jaime Bayly de realizar operaciones de lavado de dinero en República Dominicana. Según Bayly, Gill Ramírez recibió de manera irregular 30 millones dólares de un empresario relacionado a la dictadura de Chávez, Adrián Velázquez. Gill también le salió al paso de las acusaciones y alegó que son falsas.

Pero la idea de este trabajo no es, en absoluto, desenmascarar únicamente los presuntos negocios turbios de Gill Ramírez que han sido denunciados de sobremanera. El empresario es, apenas, una pieza del rompecabezas que involucra al Gobierno interino de Juan Guaidó. Lo verdaderamente inquietante de todo esto es lo que sucede hoy en la embajada de Venezuela en Bolivia.

El inicio de la relación diplomática

En noviembre del 2019, cuando al tirano de Evo Morales no le quedó otra salida que renunciar a la presidencia tras el golpe de gracia propinado por la OEA y los militares bolivianos; ascendió Jeanine Áñez al cargo de presidente. Fue así como Bolivia, oficialmente, reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y él hace lo propio con Áñez. Así se plasmó el inicio de unas relaciones diplomáticas que, hasta el momento, no han sido del todo sanas.

Como ocurre en el gobierno interino, las cuotas de poder se dividen en grupos; Voluntad Popular (VP) tiene ciertos espacios, Primero Justicia (PJ) otros, Acción Democracia (AD) igual y Un Nuevo Tiempo (UNT) no se queda atrás. Yendo por ese camino, los representantes del interinato en Bolivia fueron seleccionados de dos partidos, VP y AD; en las figuras de Winston Flores —del partido color naranja— y María Molina por los adecos.

Molina fue, en primera instancia, la embajadora, pero después fue reemplazada y quedó como ministra consejera, dejándole el cargo a Flores. Esto según una fuente cercana a la embajada venezolana en Bolivia que pidió mantenerse bajo anonimato por seguridad.

El resquebrajamiento a raíz de una misiva

Llegó el día clave, específicamente en marzo, día trece, cuando María Molina decidió dirigir una carta de renuncia de la embajada al jefe de su partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup, y a la Asamblea Nacional. En la misiva, Molina habló en términos contundentes y, si bien no mencionó nombres, habló de humillaciones hacia su persona y un torpedeo sistemático a sus iniciativas. Denunció que no la dejaban entrar al recinto del consulado por «diversos obstáculos presentados por factores internos».

Conforme se avanza en la carta las denuncias se van agravando: «Lamentablemente existen personas envueltas en polémicas y cuestionamientos por tener vínculos con personalidades ligadas a la gestión de Evo Morales y Álvaro García Linares, esa opinión negativa es fundamentada en informes periodísticos y trabajo de investigación de una comisión encabezada por un Senador de la República Plurinacional de Bolivia (…) cuestionan de manera fuerte y fundamentada la posibilidad que aliados empresarios vinculados al MAS estén incorporados en la delegación diplomática de Venezuela».

A quién se refería notoriamente la ex consejera de la representación diplomática del interinato, y antes ex embajadora, es al empresario Gill Ramírez y al informe del senador Antelo Ortiz resumido anteriormente.

Molina, preocupada, asevera que ella se retiró del cargo porque no quería verse envuelta en estas denuncias tan graves. «Quisiera mantenerme al margen de esas polémicas y no ser parte de un equipo con ese tipo de cuestionamientos», espetó en la misiva.

La denuncia, como es perfectamente notable, es sensible. Se habla de que el «empresario favorito del MAS», presunto testaferro de Evo y Maduro, tuvo vínculos directos con el gobierno interino a través de los enviados diplomáticos.

La fuente del PanAm Post, cercana a la misión diplomática del gobierno interino en Bolivia, aseguró que todo lo que denunció la señora Molina es cierto. Desde las humillaciones sistemáticas hasta los señalamientos sobre Gill Ramírez.

Dicha personas, además, relató al PanAm Post todos los desmanes de los funcionarios del gobierno interino en el recinto y con los bienes de la propia casa diplomática.

El desastre de la embajada venezolana en Bolivia: fiestas, prostitutas, alcohol y venta de bienes

Lo primero que hay que destacar es que Bolivia nunca dio acreditación oficial a los enviados diplomáticos de Venezuela, ni siquiera al ex embajador Flores, quien inició funciones en febrero y salió en julio de Bolivia con una supuesta carta de salida, «que es una forma bonita de expulsarlo del país», dijo la fuente al PanAm. La cancillería de Bolivia solo dio autorización para entrar en la embajada y hacer uso de los bienes (casas, automotores y todo lo perteneciente a esta embajada).

Después de irse Flores, la lista de funcionarios de la embajada, que no son reconocidos ni están acreditados por el gobierno boliviano, quedó así:

  • A cargo de la misión diplomática y como Encargado de Negocios: José Gregorio Cumare Hernández.
  • Ministro consejero: José Gregorio Cumare Hernández (sí, el mismo).
  • Consejero Político: Arturo Vilar.
  • Secretario Político: Rafael Cáceres.
  • Agregado Militar: Capitán Henry Rivas.
  • Jefe de Seguridad: Maro Martínez.

Si ya la denuncia de la misiva es grave, lo que se publicó desde Bolivia no se queda atrás. El mes pasado, un portal web boliviano, llamado Página Siete, denunció que «fuentes de la comunidad venezolana en Bolivia aseguran que bienes diplomáticos, como una decena de vehículos, motocicletas y hasta una lancha, fueron comercializados sin autorización».

Al PanAm Post le informaron que dos personas estuvieron a cargo de las ventas ilícitas de vehículos y otras propiedades de la embajada venezolana: José Gregorio Cumare y Arturo Vilar. Según informó la misma fuente, estas dos personas se dedicaron «a robar y vender todos los bienes de dicha embajada como autos y otras cosas dejando la sede de la embajada sin nada».

Según informó el mismo portal Página Siete, «se habla de que la venta de al menos seis vehículos se habría hecho por algunos funcionarios o exfuncionarios gubernamentales que ingresaron durante la gestión del Movimiento Al Socialismo». El PanAm Post consultó nombres de estos funcionarios y, según indicó la fuente cercana a la embajada, uno es Waldo Omiste, director protocolar de presidencia boliviana, y otro es Sergio Barrios, jefe de administración portuaria y funcionario del MAS.

La fuente, como se explicó, es un venezolano cercano a la delegación diplomática. Él mismo dijo: «Las investigaciones de la Cancillería del estado plurinacional de Bolivia a la embajada de Venezuela están paradas y no se sabe porqué».

«Fueron las personas que ayudaron a escanear los documentos de los vehículos de la embajada para luego llevarse las movilidades. Ya no queda ningún vehículo en la embajada, sólo quedan las camionetas blindadas en la residencia», se lee en la nota del portal boliviano, que no menciona nombres en su artículo.

¿Qué más se denuncia? Varios excesos: «Vecinos de la zona en la que se encuentra la residencia denunciaron en varias ocasiones a la policía que se llevaban a cabo fiestas ruidosas y se hacía delivery de bebidas alcohólicas a altas horas de la noche, pero aun así se hizo caso omiso al tema», reseña el artículo.

La fuente del PanAm Post confirmó esta situación: «En la embajada se realizan continuamente fiestas donde el alcohol, las drogas y la prostitución son parte de ellas, incluso en esta época de pandemia, haciendo mal uso de la inmunidad de este predio. Hay reclamos y denuncias de los vecinos».

La embajada venezolana en Bolivia hizo un pronunciamiento desmintiendo la publicación del portal Página Siete: «Los vehículos y otros bienes encontrados en la sede de la embajada sigues estando a buen resguardo, y es menester destacar que la embajada se encuentra cerrada sin que sus activos hayan sido tocados y bajo custodia de la policía bolivariana».

Al mismo tiempo, desde la misión diplomática se aseguró que la «documentación ha sido compartida con autoridades del gobierno de Bolivia» señalando que «la embajada está abierta a cualquier investigación, la que sólo mostrará transparencia en la gestión llevada a cabo en Bolivia».

A Omiste y Barrios se les vio posando juntos en la embajada de Rusia «en el día del embajador».

En la siguiente foto aparecen Sadott Castañon, Maria Lema, Sergio Barrios, Waldo Omiste, Samira Guzmán. (Foto: Jornada)

Algo curioso es que, pese al gran currículum que posee Waldo Omiste, ni en Twitter ni Google se encuentran mayores referencias de él. Su CV apunta a que el señor es un diplomático de larga trayectoria en Bolivia. Al PanAm Post se le hizo una denuncia grave: «La venta de una parte de los vehículos se le adjudica al señor ex embajador Waldo Omiste y a Sergio Barrios, seis vehículos de esta venta están dentro de una mina propiedad de estas personas, que son quienes han ayudado a conseguir muchas cosas en Cancillería ya que trabajan o trabajaron en esa institución donde logran conseguir fotos de los documentos de los carros para la venta ilícita de estos vehículos».

Bienes de la embajada

La sede de la embajada se ha quedado sin nada, según la fuente cercana a la misión diplomática, y la lista de bienes obtenida es la siguiente:

  • Cuatro vagonetas Toyota, tres de color blanco y una color plomo, una clase Dina, otra Land Cruiser, Autana y Corrolla.
  • Mini Bus, color blanco, clase Hiaca 2007, marca Toyota
  • Camioneta, 4RUNNER 2007, marca toyota
  • Doble Cabina Turbio, Hilux, marca Toyota
  • Vagoneta de color rojo, marca Gran Vitara
  • Camioneta de color blanco, clase LUD DIMAX, marca Chevrolet
  • 2 motos, marca Honda modelo TRUENO 250 CC
  • 2 lanchas
  • Más de 15 máquinas modernas del gimnasio

¿Qué hizo el interinato?

Lo que correspondía era investigar el caso, pero el gobierno interino no hizo absolutamente nada por auditar esta situación denunciada por Molina. Al contrario, la carta pasó por debajo de la mesa, solo el periodista costarricense Jovel Álvarez la reveló. Dos meses más tarde, lo propio hizo la periodista Maibort Petit dándole cobertura a la noticia y llevando el caso de Carlos Gill Ramírez en su portal.

Luego de esa renuncia, tres meses después, en junio, el interinato sorprendió al darle a Winston Flores —sí, el ex embajador de Venezuela ante Bolivia— «una nueva responsabilidad en torno a la reincorporación de Venezuela a la Comunidad Andina (CAN)». Básicamente, el interinato no solo obvió las denuncias de que en la representación diplomática había nexos con empresarios corruptos e incluso presuntos testaferros, sino que después, al hombre que estaba al frente de la representación, se le premió con «responsabilidades» dentro de la CAN. Ni siquiera se le dio un cargo nuevo, simplemente se le sacó de la embajada que ahora no tiene representante.

De hecho, si uno se dirige a la página web del Centro de Comunicaciones de Venezuela, notará que en la sección «embajadas», no se encuentra Bolivia. Las dudas empiezas a surgir: ¿Qué pasó? ¿Las relaciones se cortaron? En la escueta nota donde se menciona que Flores ya no estará en la embajada de Bolivia se señala que «La misión diplomática quedará bajo el mando del encargado de negocios», es decir, José Gregorio Cumare Hernández ¿Por qué en la nota no se le menciona al señor Cumare?

La mano derecha de Flores es el nexo entre el gobierno interino y Gill Ramírez

El hecho que comprueba la relación de Gill Ramírez con la delegación venezolana, además de la misiva de Molina, es que Leonor Montiel Parra de Bedoya —mano derecha de Flores— era la cuota política de Carlos Gill, según otra fuente consultada, que pidió el anonimato por temor.

En el 2017, un artículo del periódico El Deber denunció algunas de las relaciones entre Montiel Parra de Bedoya y Carlos Gill. Primero señaló que «Leonor Montiel Parra de Bedoya, (venezolana) esposa de un alto ejecutivo bancario y representante de Pdvsa», aparece en los directorios del empresario venezolano. Segundo: «Gill y Montiel Bedoya aparecen como socios de una empresa constructora paraguaya Gómez Nuñez, contratada por Thales Air Systems para construir las torres para los radares que el Ministerio de Defensa compró a Francia en 2016».

Montiel es una abogada con Master en Leyes y Diplomacia de Fletcher School of Law and Diplomacy, Massachussets, USA. Su perfil profesional indica que tiene más de 20 años en el sector petrolero. Ejerció como asesora Legal y/o gerente Legal de PDVSA, SINCOR, PETROCEDEÑO, TOTAL E&P Sucursales Bolivia y Venezuela. Según se informa en su página, a lo largo de su carrera ha acumulado más de USD 1 500 millones en emisiones de deuda para financiamiento de actividades petroleras.

Si ya los nexos entre Carlos Gill Ramírez y la embajada interina son fuertes por los vínculos entre Leonor Montiel y Flores, una denuncia fortalece el vínculo: a principio de año, una fuente muy cercana a la presidencia de Jeanine Áñez aseguró al PanAm Post que un familiar de Leopolo López llamó al gobierno boliviano para intermediar a favor de Carlos Gill. Esta fuente del gobierno boliviano también insistió en el anonimato.

Lo preocupante de este caso es que el interinato premió a alguien que tiene o tuvo nexos con un empresario que es presunto testaferro de Evo y Maduro con un nuevo cargo. Se le dio a Flores otra responsabilidad, mayor. La carta de María Molina denunciando la relación entre Carlos Gill y la embajada al momento de publicarse era privada, pero terminó en la escena pública y reveló una situación comprometedora para el gobierno interino de Juan Guaidó.

Y pasan cosas igual de graves: supuestas ventas ilícitas que son propiedades de la embajada, fiestas con alcohol y prostitutas denunciadas por vecinos de la embajada en plena cuarentena. Acusaciones de malos manejo de fondos, funcionarios del MAS involucrados en dichas operaciones.

Las fuentes consultadas por el PanAm Post fueron personas que estuvieron cercanas a la misión diplomática, pidieron quedar bajo anonimato porque han recibido amenazas y su integridad física puede correr riesgos.

El PanAm Post intentó contactarse con fuentes del gobierno boliviano para conseguir información oficial, con declaraciones públicas, pero quienes hablaron insistieron en el anonimato. Uno de los contactados fue el ministro de gobierno Arturo Murillo, quién no respondió el mensaje para establecer un contacto.

El PanAm Post intentó contactarse con Winston Flores, pero hasta el momento de la publicación no ha habido respuesta.


Este trabajo de investigación fue elaborado con información valiosa y hallazgos del periodista costarricense Jovel Álvarez.

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