El Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas entró en vigor en diciembre de 1993, nueve meses después, en septiembre de 1994, Venezuela ratificaba por primera vez dicho acuerdo que ha sido firmado por más de 168 países y ratificado por 157 naciones incluyendo 33 países de América Latina y El Caribe.
El convenio, enfocado en proteger la biodiversidad mediante la «participación inclusiva» (la ONU habla específicamente de la importancia de las mujeres y de los indígenas como partes necesarias para desarrollar políticas de conservación y proteger la diversidad biológica) y la «educación ambiental», tiene una serie de aristas que el régimen chavista ha incumplido obscenamente a partir de la creación del Arco Minero del Orinoco y la sistemática violación de derechos humanos que se perpetra en la zona del Sur del Orinoco.
Dentro de las actividades criminales que el régimen de Nicolás de Maduro está promoviendo en el Arco Minero y forma parte del incumpliendo del convenio de la ONU, está la minería ilegal como principal desencadenante de grandes atrocidades ambientales. Hecho que, por supuesto, va en contra del convenio vigente ratificado por Venezuela.
Se debe remarcar que Venezuela es considerado uno de los países en el mundo con mayor biodiversidad. Por lo que debería ser pionero en implementación de técnicas para cuidados ecológicos y biológicos. Pero ocurre todo lo contrario, pues el chavismo no entiende de cuidados humanitarios —siendo una tiranía que comete crímenes de lesa humanidad— y menos de temas ambientales.
En ese sentido, hay varias preguntas en órbita: ¿qué se debe hacer para poner en cintura a la comunidad internacional y que condenen el ecocidio y etnocidio que promueve el chavismo? ¿Cómo alertamos al mundo sobre las consecuencias de los crímenes perpetrados en el Arco Minero del Orinoco?
Reacciones sobre el aniversario de la ratificación
Para hablar sobre este tema, el PanAm Post contactó al diputado y exiliado político Américo de Grazia, un histórico denunciante de las actividades criminales del régimen en el Estado Bolívar y un perseguido político de larga data.
El diputado comentó que hace 26 años Venezuela ratificó el convenio de la ONU «con ánimos de proteger nuestras fuentes hidrográficas, la Amazonía, los parques, los bosques y las áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE)», pero que, a lo largo de esos años —especialmente durante las tiranías chavistas de Chávez y Maduro—, el país no solo incumplió los acuerdos de este convenio, sino que lo ha desafiado y vulnerado de manera literal, continua y sistemática.
En ese sentido, de Grazia menciona algunas de las problemáticas existentes en el Sur del Orinoco bajo la complaciente mirada chavista: «Al decretar el Arco Minero del Orinoco en febrero del 2016 se realiza una agresión física no solamente el convenio, sino también a la geografía del sur del Orinoco con implicaciones que hoy estamos viendo en materia de enfermedades endémicas y en explotación de minería en el Parque Nacional Canaima, donde ya se han encontrado y detectado 59 focos mineros en esa zona».
En ese sentido, el diputado menciona que «el Arco Minero del Orinoco es una vitrina del crimen, una de las estafas y saqueos más espectaculares que se hayan cometido contra nación alguna en el mundo en todos los tiempos», pues señala que se trata de una «mezcla volátil de ecocidio porque acaba e involucra a diez de 44 parques nacionales que existen en Venezuela. Porque diezman a 33 de las 55 etnias que pueblan al país y están al sur del Orinoco, porque afecta la hidroeléctrica más importante de Venezuela que suministra el 70 % de la electricidad al país».
Así que la extracción ilícita de minerales está afectando directamente al sistema eléctrico, pues en los ríos Ikabarú, Caroní, Paragua y en el propio embalse de Gurí se está practicando minería ilegal que, por supuesto, afecta la calidad del agua y también la generación eléctrica para el país debido a la sedimentación.
Adicionalmente a eso, de Grazia comenta que toda esa pandemia ecológica se ha convertido en una epidemia de malaria, «Venezuela fue declarada libre de malaria en 1962 y hoy desafortunadamente volvemos a ser líderes en el mundo en el paludismo. Y eso es en consecuencia de las prácticas criminales que se realizan en el Arco Minero del Orinoco».
En el Sur Orinoco también existen otras enfermedades endémicas que surgieron a raíz del Arco Minero y afectan, principalmente, a los pueblos indígenas: difteria, el sarampión, la tuberculosis y el VIH.
Crimen organizado que pone en peligro al sur de Venezuela y a todo el país
Por otro lado, el Arco Minero es una zona donde el narcotráfico y la cúpula militar que domina el Cartel de los Soles creó una empresa llamada Compañía Anónima Militar de Petróleo Minería y Gas (Camimpeg), hecha para operar las zonas mineras y, además, darle en guardia y custodia la zona a grupos terroristas como el ELN, Farc, Hizbulá y Hamás. Esto para que hagan actividad minera y tengan el control de la minería y los mineros.
Por supuesto, adicional a ellos están los garimpeiros y los colectivos armados del régimen, junto a los pranes y sus bandas. Entonces lo que queda es un cóctel de violencia y una cultura de la muerte que depreda el ambiente y acaba con las etnias indígenas, que destroza la hidroeléctrica y claramente pone en peligro el sur de Venezuela de la que depende el norte del país. Básicamente, sin el sur de Venezuela, el norte no tendría electricidad ni agua.
¿Y la comunidad internacional?
La ONU es un organismo multilateral que aún reconoce a Maduro y que muchas veces ignoró sus violaciones de derechos humanos. A raíz de ello, debe mencionarse: recientemente activó una comisión para evaluar los casos mediante la alta comisionada Michelle Bachelet. En sus informes se ha denunciado algunos de los crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado la tiranía, pero, en líneas generales, ha sido un organismo que se ha caracterizado por ser complaciente, ya que solo denuncia, pero poco sanciona. Y con el caso de las violaciones contra su propio Convenio sobre Diversidad Biológica no ha sido la excepción, pues, si bien la ONU detalló denuncias importantes sobre el caso del Arco Minero, aun así pasaron por alto muchos detalles importantes, como el tema del crimen organizado y el terrorismo.
Pese a ello, el diputado De Grazia considera que los organismos internacionales son la vía para lograr presionar al régimen: «La comunidad internacional y, fundamentalmente la ONU, lo que puede hacer en estos momentos es llamar la atención de manera especial al régimen de Nicolás Maduro para que rinda cuentas de todo ese desastre que está ocurriendo tal y como lo está haciendo Michelle Bachelet desde la alta comisión de los Derechos Humanos. Se realizaron dos informes que, obviamente, tienen un impacto desde el punto de vista político, diplomático, comercial y en materia de sanciones que pueden visibilizarse en naciones como Suiza, de la Unión Europea y la propia Estados Unidos».
El diputado señala que «el lenguaje internacional es muy complejo», pero aun así se ha estado avanzando con las denuncias y se debe seguir por ese camino. Además, remarcó que otra instancia donde se debe acudir es a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), «porque esta fue la que declaró el Parque Nacional Canaima como Patrimonio de la Humanidad y, en consecuencia, esa es otra instancia internacional a la que estamos dispuestos y prestos a acudir en los próximos días».