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Venezuela: El fin de la actividad privada

Por: Enrique Standish - Feb 13, 2014, 9:44 am

EnglishNo hay que ser experto en economía y finanzas para entender que en pocos meses Venezuela se convertirá, junto a Cuba y Corea del Norte, en una de las tres naciones en el mundo sin actividad económica privada.

Hace 53 años Fidel Castro nombró al Che Guevara presidente del Banco Central de Cuba con la intención declarada de expropiar los bienes de los ciudadanos de ese país y liquidar la actividad económica privada. Fue el primer paso en la “sovietización” de esa nación caribeña. Ahora Nicolás Maduro ha decidido emular a Fidel, asesorado por el fanático estalinista nacido en República Dominicana, Jorge Giordani, Ministro de Planificación de Venezuela.

A través de nuevas leyes y regulaciones recién aprobadas, el sector privado venezolano ha sido literalmente asfixiado y las empresas irán desapareciendo rápidamente.

Venezuela ya es un país donde la empresa privada a duras penas ha sobrevivido durante los quince años de gobierno chavista. La gran mayoría de las grandes empresas del país, así como la mayoría de los bancos, empresas de seguros y empresas agro-industriales, ya fueron estatizadas o confiscadas años atrás. Ahora el tiro de gracia viene por las regulaciones cambiarias y de precios.

Las nuevas regulaciones cambiarias claramente indican que el gobierno venezolano no otorgará las divisas necesarias para que la empresas, que se vieron obligadas por requisitos legales a importar productos terminados y materias primas a crédito, cancelen las obligaciones adquiridas con sus proveedores del exterior. Esto llevará a la quiebra a la gran mayoría de las empresas, ya sea porque habrán perdido la capacidad de reponer inventarios o porque se verán demandadas en tribunales venezolanos y extranjeros.

Paradójicamente, fueron esas mismas empresas las que permitieron al régimen chavista generar una sensación de prosperidad durante los últimos años, al continuar abasteciendo el país a pesar de los recurrentes retrasos en obtener las divisas necesarias para el pago de sus deudas.

El desconocimiento de la deuda comercial de los importadores ya tiene por sí solo un efecto devastador sobre la economía privada, pero peor aún serán los efectos de la nueva “Ley de Costos y Precios Justos” recién aprobada por Maduro.

Esta ley es probablemente el documento económico más absurdo jamás aprobado por parlamento alguno en el planeta, y su autoría se debe muy probablemente a la enorme ignorancia económica del mayor charlatán en el gabinete chavista: el ya mencionado Jorge Giordani.

Esta Ley establece la obligatoriedad de obtener permiso previo de la “Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos” (George Orwell debe estar sonriendo irónicamente) para realizar cualquier actividad comercial o profesional en Venezuela. Nadie en el país podrá prestar un servicio o vender alguna mercadería sin la aprobación previa de esa superintendencia, aún después de cumplir con los tradicionales requisitos establecidos en el Código de Comercio. Pero peor aún, la Ley y su reglamento no sólo establecen un margen de ganancia máximo de 30% para todas las actividades comerciales del país, sino que incluso fija un único porcentaje permitido de gastos no aplicados a la producción para todas las empresas de 12.5%.

De ahora en adelante todas las empresas, desde los laboratorios farmacéuticos, pasando por empresas del ramo de cosméticos y hasta tiendas por departamentos o empresas consultoras, deberán tener un margen máximo de 30%, calculando ese margen de acuerdo a normas pre-establecidas en el texto de la ley. Igualmente, los gastos administrativos, ventas y distribución de todas las empresas quedan fijados en un máximo de 12.5% del costo. Es decir, una empresa siderúrgica debe tener el mismo porcentaje de gastos de ese tipo que una empresa de software o una empresa consultora. Se prohíbe expresamente fijar cualquier precio en el país sin la aprobación previa de la superintendencia.

Las penas por incumplir la ley van desde la expropiación hasta varios años de prisión. Algunas empresas lograrán diseñar alguna artimaña para cumplir con el enredado texto de la Ley y su reglamento. Harán malabarismos contables para cumplir con los márgenes establecidos. Sin embargo, al operar en la nación con la mayor tasa de inflación del mundo, pronto sufrirán una gran descapitalización y en poco tiempo se verán obligadas a cerrar.

Al leer este texto legal uno tiene la tendencia inicial a pensar que semejante monstruosidad no puede ser otra cosa que producto de la estupidez o la ignorancia extrema. Sin embargo, al observar la tranquilidad con la que el gobierno de Maduro viene aceptando la destrucción del aparato productivo venezolano y el incremento diario de los niveles de escasez de los productos más básicos para la vida moderna (recordemos que en Venezuela aún escasea hasta el papel higiénico), la conclusión inevitable es que este esperpento legal ha sido diseñado adrede. Tiene la intención expresa de enterrar la actividad económica privada en Venezuela. Es un paso adelante hacia el estado comunista totalitario.

En menos de un año las ciudades de Venezuela, como las de Cuba hoy, parecerán cementerios. Miles de personas sin ocupación evidente pulularán por las calles, esperando las instrucciones del comisario de turno. Los pocos comercios que existan tendrán zapatos de pocas tallas y ropa en dos o tres colores. No existirán comercios como ferreterías o tiendas de artículos deportivos, y mucho menos bares y restaurantes. Esos quedarán para los turistas con dólares.

El Che debe estar sonriendo felizmente en su tumba.

Enrique Standish Enrique Standish

Nombre real oculto por razones de seguridad dentro de Venezuela.