El negocio detrás de los programas para «combatir la pobreza»

Los mayores beneficiarios de la generosidad pública son organizaciones caritativas que aseguran ayudar a los pobres, pero que usan ese dinero para pagarse sueldos superiores a los 200.000 dólares por ejecutivo

Campaña para gente pobre en Baltimore (Flickr)

Por: Justin Murray

Uno de los debates más comunes que se han producido en los Estados Unidos durante las últimas seis décadas son los relativos a la tasa de pobreza. De acuerdo con la narrativa, los Estados Unidos tienen una tasa de pobreza inusualmente alta comparada con las naciones equivalentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Aunque es cierto que la medida para medir la pobreza es defectuosa, especialmente cuando se compara a nivel nacional, este artículo aborda las razones por las cuales la tasa de pobreza en los EE.UU., particularmente, no ha mejorado.

Si miramos el gráfico de abajo, vemos que las tasas oficiales de pobreza cayeron 44 % entre 1960 y 1969, y luego pasaron los siguientes cincuenta años fluctuando entre una tasa de pobreza de 11 y 15 %. Es esta falta de mejora en un período de cinco décadas lo que es interesante, especialmente considerando que las tasas de pobreza han estado bajando constantemente durante más de un siglo.

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Problemas de incentivos

Uno de los problemas claves es que durante los años 60, se implementaron programas de la “Gran Sociedad”, en particular “la Guerra contra la Pobreza”. Durante este período, el gasto en programas contra la pobreza explotó cinco veces en dólares ajustados a la inflación, pasando del 3 % del gasto público al 20 % entre 1973 y hoy.

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Sin embargo, la tasa de pobreza ignoró tercamente todo este gasto lucrativo. Un problema clave es que ninguno de estos programas construyó un sistema de incentivos para sacar a la gente fuera de la asistencia. Los sistemas de empuje, sistemas en los que una persona es expulsada de la asistencia, si no está dispuesta a mejorar, son inexistentes, mientras que los sistemas de atracción, como los programas de capacitación laboral, son ineficaces en el mejor de los casos. Sin estos sistemas, la gente no tiene ni las herramientas ni el impulso para salirse de estos programas.

Estos programas, en efecto, han generado una cultura de dependencia. De los sesenta y nueve programas de bienestar que el gobierno opera, sólo dos, el EITC (crédito por ingresos laborales) y el crédito de reembolso por hijos, requieren cualquier tipo de empleo e incluso así son descuentos fiscales. Además, la expansión de varios programas de ayuda ha logrado erradicar el estigma de la asistencia pública, eliminando la presión social para mejorar y salir. Cuando casi la mitad de la población recibe asistencia pública, sin incluir a las personas que reciben un cheque de pago por el trabajo en el sector público, la gente lo considera normal y aceptable.

Interferencia del sector público

Para aquellos que legítimamente quieren romper el ciclo de la dependencia, el sector público no está facilitando las cosas. Uno de los principales problemas de la estructura de beneficios es que requiere financiación en la forma de impuestos, deuda e inflación. La estructura fiscal necesaria para financiar los esquemas de redistribución crea naturalmente una Zona Fiscal Muerta. Lo que esta zona muerta hace es crear un rango de ingresos donde, después de que todos los impuestos y beneficios son contabilizados, ganar un dólar extra en ingresos brutos no resulta en cambios o en una reducción de los ingresos netos.

Esencialmente, el dólar extra en ganancias es gravado al 100 % o más, penalizando al receptor actual por intentar salir de la asistencia pública. Este espacio muerto es de casi 20.000 dólares en rango, lo que significa que si la persona estima que no puede ganar consistentemente por encima de 60.000 dólares al año aproximadamente, es mejor no tratar de quedarse con 18.000 dólares al año, ya que la estructura de beneficios netos de 18.000 dólares resulta en más recursos para vivir que con 45.000 dólares. Es matemáticamente imposible diseñar una estructura de beneficios e impuestos que no penalice, en algún momento, a un beneficiario de beneficios por ganar más dinero.

Otra trampa insidiosa es la estructura regulatoria. Las personas que actualmente reciben asistencia social tienden a tener pocas o ninguna habilidad laboral. Esto es particularmente cierto para los individuos más jóvenes que aún no han tenido un primer trabajo. Lo que hace el Estado regulador es aumentar el costo del empleo. Cuando se elevan los costos del empleo, ya sea a través de un salario mínimo o de las normas del lugar de trabajo, se exige al trabajador un mayor nivel de cualificación para generar ingresos suficientes que justifiquen el costo. Si el solicitante no está suficientemente cualificado, no será contratado.

El desempleo puede crear un ciclo de mayor desempleo en este entorno. Dado que las habilidades se degradan con el tiempo, una persona que elija tomar 26 semanas de desempleo remunerado en lugar de un rol temporal de menor calificación estará en una gran desventaja. El desempleo de larga duración se convierte en una trampa, ya que el individuo ya no poseerá suficientes habilidades para cubrir el costo en mandatos salariales, impuestos e imposiciones reglamentarias de su contratación. Si no existieran las prestaciones públicas de desempleo y el Estado no inflara artificialmente el costo del empleo, este individuo no se habría visto atraído a tomar unas vacaciones de seis meses y no habría luchado para justificar los costos de su empleo.

Los impactos son particularmente malos en términos de pobreza generacional. El salario mínimo tiene un fuerte impacto negativo en las tasas de empleo de los jóvenes. Los adolescentes que están desempleados disfrutan de ingresos significativamente más bajos durante toda su vida y tienen más probabilidades de estar desempleados cuando sean adultos, en comparación con sus compañeros que tenían un trabajo a medio tiempo. Esto, a su vez, conduce a una mayor utilización de las prestaciones del sector público.

Incentivos para el Gobierno

Basándose en este pobre historial, uno se pregunta si el gobierno quiere resolver el problema de la pobreza. Seattle, por ejemplo, gasta aproximadamente 100.000 dólares por cada residente de la ciudad sin techo, en programas de ayuda a los personas sin hogar. Los mayores beneficiarios de esta generosidad pública son organizaciones caritativas que aseguran ayudar a los pobres pero que usan ese dinero para pagarse sueldos superiores a los 200.000 dólares por un solo ejecutivo. Las principales agencias, incluyendo el Departamento de Salud y Servicios Humanos, emplean a decenas de miles de personas.

¿Qué sucedería si se erradicara la pobreza y la falta de vivienda? No más salarios de 200.000 dólares. No más trabajo para decenas de miles de personas. No más tiendas de campaña temporales de 8 millones de dólares.

La pobreza y la asistencia a los personas sin techo se ha convertido en un gran negocio. Ahora tenemos un Complejo Industrial de los Personas Sin Hogar, y la asistencia a la pobreza se ha convertido en un gran negocio. El sector público parece estar totalmente dedicado en asegurarse que la pobreza y la falta de techos persistan. Sin las personas sin hogar, ¿por qué necesitamos un Instituto de Vivienda de Bajos Ingresos? Sin los pobres, ¿cómo podría el Departamento de Agricultura justificar 100.000 millones de dólares al año en facturación agrícola? Hay poca evidencia de que el Estado se preocupa por resolver el problema, sólo se preocupa por hacer que la falta de vivienda y la pobreza sean una opción viable de estilo de vida.

El futuro

El Estado ha creado, por accidente o por diseño, una subclase permanente. La eliminación radical de las imposiciones reglamentarias y la eliminación del salario mínimo son sólo los primeros pasos para resolver el problema de la pobreza. El problema subyacente es que la transición hacia una nación que pueda realmente erradicar la pobreza será doloroso.

La gente atrapada en la dependencia pública no desarrollará habilidades de la noche a la mañana, y lo más probable es que nunca desarrollen las habilidades necesarias para un empleo bien remunerado. Romper los hábitos es difícil y la triste realidad es que ponerse al día es un mito.

Las personas que están atrasadas ahora estarán atrasadas siempre. Si hubiese un medio mágico para acelerar el desarrollo de las habilidades, todos lo estarían usando y la misma persona seguiría atrasada.

Pero podemos sentar las bases para que las generaciones futuras no tengan que luchar contra estas barreras del sector público, y podemos volver a la tasa de mejora de la pobreza que existía antes de que la “Gran Sociedad” interrumpiera el proceso.


Justin Murray recibió un MBA de la Universidad de St. Gallen en Suiza.

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