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Tras el “congelamiento” al Acuerdo Santos-FARC por parte de la Corte Constitucional, alias Timochenko, máximo jefe de las FARC, anunció que en las 19 zonas veredales y seis puntos transitorios se discute el paso que dará la guerrilla tras la decisión que tomó el máximo tribunal.
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A través de su cuenta de Twitter Timochenko dijo: «Ante las decisiones del alto tribunal, todas las zonas y puntos de transición y normalización entran en Asamblea Permanente. #NoNosEnredenLaPaz».
En las próximas horas el grupo guerrillero se reunirá para establecer cuál será el camino a seguir ante esta decisión que pone a tambalear el Fast Track del Acuerdo Santos-FARC. Básicamente lo que la guerrilla teme es que en el Congreso empiece otra negociación.
Luego de que la Corte Constitucional decidiera que las leyes y reformas no se procesarían a través del mecanismo especial no podrán aprobarse mediante bloque, sino que deben ser deliberadas artículo por artículo.
A contadas semanas de culminar el cronograma de los 180 días que se pactó para la dejación de armas, se teme que el desarme termine paralizado por esta decisión.
El jefe guerrillero Jesus Santrich en declaraciones al diario Semana afirmó que:
«No es paro. Es una manera de decir que toda la militancia entra en estado de alerta. Hay expectativa de las orientaciones que envíe la dirección. El asunto se vuelve prioridad respecto a otras tareas y compromisos».
La decisión judicial no tendrá efectos sobre normas que ya fueron aprobadas. Entre ellas sobresale la Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP) y la Ley de Amnistía. No obstante, el paquete que contiene el Acuerdo Santos-FARC no tendrá la misma suerte ya que este fallo repercutirá en hacer el proceso más meticuloso.
Para el presidente del Alto Tribunal, Luis Guillermo Guerrero, la decisión no afecta la paz, por el contrario, asevera, somete la legislación a un escenario democrático.
“Abrir espacios de liberación democrática no puede entenderse como una amenaza o como una resta al proceso de paz. Yo diría que, por el contrario, es una suma y un aporte al proceso de paz. Les da legitimidad a las decisiones, consenso y un escenario para buscar mayor compromiso de toda la sociedad con el Acuerdo”.
Finalmente, el Gobierno Nacional “acata y respeta” la decisión judicial de la Corte, pero no la comparte.
Fuente: Semana, El Espectador
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