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La fundación paz y reconciliación, uno de los principales observatorios del país en temas relacionado con la violencia, la política, la ilegalidad y el fortalecimiento del Estado de derecho en el país, plantea una cuestión recurrente en el posconflicto; la ocupación de territorio por disidencia del grupo guerrillero de las FARC.
El estudio señala la preocupante situación en los territorios abandonados por las FARC, que han ido dejando sus áreas de influencia en 242 municipios para así agruparse en 26 zonas rurales de tránsito, porque allí hay nuevos grupos subversivos.
“En algunos municipios, se advierte sobre la presencia de nuevos grupos armados ilegales y estructura criminales, los cuales tendían interés en controlar las economías criminales como los cultivos de coca, la minería ilegal y la extorsión”.
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La estructura ocupacional ha sido distribuida en parte por la segunda guerrilla más grande del país, Ejercito de Liberación Nacional (ELN), ascenso de bandas criminales dedicadas al narcotráfico como es el Clan del Golfo y disidencia de las FARC.
Incluso en este fenómeno de distribución de tierras ocurren casos con los mismos guerrilleros en los que estos cambian organización delictiva para así dirigir los nuevos territorios ocupados.
Esta información se ajusta a lo dicho en el diario El Tiempo por el actual Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, titulado ‘Alerta en zonas que dejaron las Farc’, en el que señala:
“En Anorí, Antioquia, el ELN cobra vacunas. En Chocó hay una guerra territorial entre el ELN y los ‘Úsuga’. En Cauca, el ELN trata de aprovecharse de sus cultivos de coca. En Nariño, el ‘clan Úsuga’ disputa las siembras de coca. En Meta y Guaviare, ‘los Úsuga’ ordenaron enfrentar a ‘los Puntilleros’ y están en disputa las zonas de disidencia del frente 1 de las Farc. En Norte de Santander, el frente de guerra nororiental del Eln tiene pacto de no agresión con ‘los Pelusos’. Catatumbo está siendo cooptado por el ELN con extorsiones”.
Sumado a la “venta de franquicias” de las zonas abandonadas por las FARC en cabeza del Clan del Golfo.
La denuncia realizada por la columnista Maria Isabel Rueda en el mismo diario señala que la gestión en el Ministerio de Defensa ha sido deficiente relacionada al posconflicto.
«Si la máxima victoria del ministro Villegas es decir que en cuatro meses del 2017 se erradicó más coca que en todo el 2016, la conclusión obligada es que no se hizo nada en el 2016, y por eso tenemos 180.000 hectáreas de coca[…] No, Ministro [Villegas]. Su falla no es de los que preguntan ni de los que responden las entrevistas. Usted no ha estado a la altura del reto de llevar el Estado a suplir el vacío que dejaron las FARC. Le quedó grande el chaleco.»
El grupo investigativo observa una “deficiente respuesta de las instituciones tras el repliegue de las FARC de los territorios donde ejercían control militar, social y económico”. Es decir, las autoridades no estaban preparadas “para responder a las necesidades mínimas de seguridad, justicia, infraestructuras, o posibilidades ecos para la población”.
Ahora, con el congelamiento al Fast Track del Acuerdo Santos-FARC hecho por la Corte Constitucional deja mal parado todo el desgaste institucional adelantado por el gobierno, el estudio aconseja “relanzar el proceso”.
