La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación contra el excandidato presidencial Óscar Ivan Zuluaga, el abogado Jaime Granados y el perito Andrés Guzmán por presuntamente entorpecer las investigaciones en el caso del hacker Andrés Sepúlveda.
El ente acusador inicio la investigación luego de conocerse un polémico video en el que se observaba a Zuluaga y el Hacker Andrés Sepúlveda sosteniendo una conversación, donde se consideró había planes para sabotear el Acuerdo Santos-FARC.
En su momento, El vicefiscal Jorge Perdomo compulsó copias “en contra de personas indeterminadas para que se investigue la presunta comisión de los delitos de falsa denuncia, fraude procesal, así como cualquier otra conducta punible que se desprenda de la investigación que se iniciará”.
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Entre las pruebas allegadas al proceso, se encontraba un análisis del perito Andrés Guzmán, que pretendía demostrar que el vídeo se trataba de un montaje. Sin embargo, el CTI determinó la autenticidad del vídeo, este era original y no había sufrido manipulaciones.
Por esto, se ordenó investigar al abogado Jaime Granados, al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, y Andrés Guzmán, por el delito de fraude procesal por presuntamente entorpecer las investigaciones que se adelantaban por interceptaciones al Acuerdo Santos-FARC.
Al respecto, un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de justicia consideró que la conducta es atípica.
“Descartan de plano la falsa denuncia, automáticamente desaparece la posibilidad de un fraude procesal. De entrada porque si la denuncia no se predica que sea falsa, tampoco del aporte de un estudio técnico que la soporta podrá decirse que es un tema fraudulento que además lejos estaría de la capacidad de inducir a un funcionario en un error, confirmando en lo esencial por todos los expertos de la Fiscalía, se limitó a descargar el vídeo de una revista, y sobre esta versión constatar, que con solo la marca de agua se trataba de una edición periodística por lo que se trata de una conducta atípica y se ordena el archivo.”
Por lo tanto, se archiva el proceso que tuvo cuatro años de investigación que en su momento generó discordia entre el partido político Centro Democrático y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Fuente: La República