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El primer censo de la guerrilla de las FARC evidencia las dificultades que debe afrontar el gobierno nacional para garantizar una cobertura plena de servicios como salud, educación, vivienda y otros procesos que contribuyan a lo pactado en el Acuerdo de la Habana.
Un total de 10.015 guerrilleros participaron del censo, el cual fue el primero en ser realizado a los hombres de de este grupo insurgente. El 55 % son combatientes, el 29 % milicianos y el 16 % prisioneros. Sin embargo, este censo no es poblacional, es decir, no dimensiona la cantidad de hombres total del grupo guerrillero. En total, el 77 % de los participantes eran hombres y el 23 % eran mujeres.
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Por otro lado, es preocupante el nivel de escolarización de los miembros de esa guerrilla. A pesar de que el 90 % manifiesta que puede leer y escribir, el 10 % son analfabetos, el 57 % de encuestados solo tiene educación primaria, un 21 % educación secundaria y solo el 3 % es universitario.
En cuanto al tema de vivienda, el 77 % sostuvo no tener acceso a la vivienda después de que el proceso de reintegración a la vida civil termine.
El censo también señala que 9.929 son colombianos, 54 de Venezuela, 16 de Ecuador, 8 de Brasil, 2 de Chile, 1 de Argentina, 1 de Holanda, 1 de Panamá, 1 de República Dominicana y 1 de Francia.
Estas cifras, además de ayudar a establecer un plan de reintegración de las FARC en cuanto a necesidades, demuestra la precaria situación en la que se encuentran en las zonas rurales del país
«Este Plan Nacional de Reincorporación y Normalización debe cobijar a la nueva comunidad y las comunidades que viven en estos territorios que han sido marginados y excluidos por décadas», dijo Pastor Alape, miembro del secretariado de las FARC.
Por su parte, el grupo de investigación InSight Crime, especialistas en investigación de crimen organizado, afirmó que Colombia enfrenta un panorama desalentador. Un ejemplo de ello es que el 60 % de los encuestados expresaron estar a favor de proyectos colectivos relacionados con actividades agrícolas, esto se debe a que el 66 % de encuestados provienen de áreas rurales del país.
Es por ello que InSight Crime ha recalcado que el gobierno colombiano necesita gastar más dinero en capacitación, rutas de acceso y asistencia técnica, que, según esta organización, aún no están en su lugar.
Fuente: InSight Crime.
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