A través de una ley el gobierno colombiano pretende evitar que consultas populares frenen proyectos minero-energéticos. Se buscaría respetar la participación ciudadana y a la vez los principios de la institucionalidad.
El Gobierno Nacional piensa reformar la Ley Organización de Ordenamiento Territorial (LOOT), evitando así que las consultas populares sigan frenando la operación de proyectos productivos de minería y petróleo en el país.
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“Lo que busca el Gobierno es no alterar este mecanismo de participación ciudadana y respetar los principios de institucionalidad, pero al mismo tiempo evitar que con este proceso se frene la actividad minero-energética”, enfatizó el ingeniero Julio César Vera Díaz, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet).
Vera sostuvo que se plantearan estrategias en las que los entes territoriales obtengan un beneficio económico adicional por tener presencia en proyectos de minería.
Esto quiere decir que las empresas mineras que tengan un contrato de concesión sobre el suelo les pagarían a los municipios un canon de arrendamiento por el uso del suelo con el fin de acceder a la producción del subsuelo.
“Esta es una de las fórmulas que se contemplan y que están en estudio. Aunque no es definitiva, es una de las que más aceptación tiene”, señaló el presidente de Acipet.
También la ley estipularía los requisitos para adelantar audiencias públicas de deliberación sobre futuros proyectos mineros con el fin de socializar y exponer los beneficios económicos y el desarrollo ambientalmente sostenible de la producción minera.
Se tiene pensado incluir en el espacio de discusión a la comunidad, la autoridad municipal, el Gobierno Nacional y las empresas a las que se les otorgue la licencia de concesión.
Por otra parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) Santiago Ángel Urdinola, señala que las decisiones de la Corte Constitucional en materia de minería han generado una “tensión de competencias” que se solucionaron a través de una fórmula con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
“La solución solo es posible mediante la modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial y con el cumplimiento de los requisitos establecidos para dicha reforma, y hasta que eso no suceda, cualquier decisión que se tome por parte de las autoridades municipales acarrearía una extralimitación de sus funciones”, indicó Urdinola.
Fuente: Portafolio