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La demanda interpuesta por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) contra las empresas de telefonía Claro y Telefónica por reversión de activos finalmente prosperó.
El tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá emitió un laudo condenando a Claro y a Telefónica a pagar a la Nación un monto de USD $ 13,2o0,000 ($ 4 billones de pesos) por reversión de activos.
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A través de un comunicado la compañía del mexicano Carlos Slim, Claro, dijo que revisara el alcance del laudo arbitral proferido «para tomar las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes».
En el comunicado, la compañía Claro, resultado de la fusión de Telmex y Comcel, aseguro que «de acuerdo con las leyes aplicables del Congreso de la República, la reversión debía aplicarse únicamente sobre el espectro radioeléctrico, con el fin de fomentar la inversión y la modernización del servicio de telecomunicaciones en el país».
La Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hicieron parte del proceso arbitral analizando los recursos públicos que se encuentran en juego.
“Dichas empresas de telefonía móvil celular deberán compensar a la Nación por un valor aproximado de USD $ 13,200,000 ($ 4,8 billones de pesos) , monto equivalente en dinero a los bienes, elementos, equipos e infraestructura necesarios para la prestación del servicio concesionado a la fecha de finalización de los contratos en noviembre de 2013”, señaló la oficina de prensa de MinTic.
El hecho objeto de litigio tiene sus orígenes desde el año 2013 (el fallo tomó como período para la reversión de 1994 a 2013), cuando la Corte Constitucional menciono que los contratos sujetos a concesión que a mediados de la década de los 90 dieron paso a la telefonía celular, también es aplicable las cláusulas de reversión de activos así leyes posteriores hayan desmontado ese concepto.
El laudo arbitral notificado el día martes 25 de julio obliga a Claro a cancelar la suma de USD $9,900,00 ($ 3,1 billones de pesos) y a Telefónica a pagar USD $ 3,300,000 ($ 1,6 billones de pesos). Contra la decisión proferida solo procede el recurso de nulidad.
Fuente: Portafolio
