Procurador colombiano advierte que reforma política premiará a los corruptos

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El procurador manifestó que crear una instancia para revisar sanciones de inhabilidad “no tiene relación con lo pactado con las Farc”. (Twitter)
El procurador manifestó que crear una instancia para revisar sanciones de inhabilidad “no tiene relación con lo pactado con las Farc”. (Twitter)

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Florez, rechazó el proyecto de reforma política que se viene tramitando en el Congreso de la República.

Para el procurador dicha reforma política acabará siendo un premio para los corruptos.

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“Si se aprueba la reforma política tal y como está hoy se habrá premiado a los corruptos en nombre de la paz, y se le habrá dado un puntillazo a los órganos de control. Así, ser pillo sería una actividad rodeada de garantías”, indicó el jefe del Ministerio Público.

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“Rechazamos que con el argumento de defender los derechos políticos se premie la participación en procesos electorales de quienes han sido sancionados por violar la ley y afectar el patrimonio público”, sostuvo Carrillo.

El procurador manifestó que crear una instancia para revisar sanciones de inhabilidad “no tiene relación con lo pactado con las Farc”, y agregó, “Someter a consulta judicial las decisiones sancionatorias de la Procuraduría o la Contraloría General de la República es una irresponsabilidad histórica”.

 

Precisó que no se pueden crear este tipo de leyes “en momentos en que el país exige más herramientas contra la corrupción y no más estímulos para ser corruptos, ni más dilaciones en la imposición de la justicia”.

Instituciones como la Procuraduría y la Contraloría alertaron sobre el posible “caos judicial” que generaría con dos artículos contenidos en la citada reforma política en los que se pretende hacer un recorte de funciones de la entidad dando por resultado un debilitamiento institucional, según lo dicho por el procurador.

Por otro lado, reiteró que el Acuerdo Santos-FARC firmado en La Habana se pactó con el compromiso de hacerse exigible, sin embargo “en ninguna parte está estipulado disminuir el poder de los órganos de control. Minar la misión constitucional de los órganos de control sería una irresponsabilidad histórica”.

Concluye que espera que el Congreso no esté dispuesto a “ponerse de espaldas a la opinión pública, que exige hoy más que nunca controles efectivos para erradicar la corrupción y fortalecer la democracia”.

Fuente: El Colombiano

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