La Fiscalía General de la Nación investiga alrededor de 400 jueces en Colombia que estarían implicados en hechos de corrupción. Así lo anunció esta semana el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien también señaló que se tomarían drásticas decisiones en contra de jueces de la república que han venido manipulando el sistema de reparto judicial para favorecer a delincuentes.
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“401 jueces en investigación penal, tenemos 14 distritos judiciales intervenidos, tenemos 21 casos de violación al sistema aleatorio del reparto judicial (consiste en la manipulación de las asignaciones de casos y audiencias), vamos a producir las primeras tres decisiones de violación al reparto”, señaló el fiscal Martínez.
Asimismo, recordó que en la actualidad se están adelantando investigaciones en contra de fiscales por los delitos de cohecho, concusión, uso indebido de bienes, abuso de autoridad e irregularidades en procesos de contratación. Además, agrego que la próxima semana habrá imputación de cargos en 3 de los 21 casos que ya están siendo investigados. Esas primeras decisiones están relacionadas con presuntas irregularidades en el Tribunal Superior del Bolívar que opera en el departamento de Bolívar, al norte del país.
El fiscal Martinez sostuvo que hay mafias enquistadas en algunos sectores de la administración de justicia y que se avanza en las correspondientes investigaciones para judicializar a los responsables de esos hechos de corrupción.
Por su parte, el magistrado Pedro Sanabria, presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, aseguró que desde el 2008 a la fecha han sido destituidos al menos 137 jueces, 19 fiscales, 4 magistrados y 3 conjueces.
Pese a la red de corrupción que se encuentra en la rama judicial, el magistrado Sanabria pidió no estigmatizar a los funcionarios judiciales. “La gran mayoría de jueces y fiscales son gente honesta (…), pero igual como en todas las instituciones existen lunares, parches que corresponden al menos del 7 % de funcionarios de la rama”, explicó el magistrado.
A este fenómeno en el país se le ha llamado el Cartel de La Toga en el que estarían involucrados altos mandos de la justicia en el país, tanto en el reparto como en el fallo de decisiones judiciales para favorecer a directamente a implicados o terceros.