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Una polémica desató la iniciativa promovida por el Gobierno Nacional titulada ‘normalización de los bienes de las FARC’, con la que se pretendía dar un segundo chance a los guerrilleros de las FARC que inicialmente no declararon sus bienes en el también polémico reporte de bienes.
El ponente de la ley de Justicia Especial para la Paz (JEP) en el Congreso de la República, Hernán Penagos, manifestó que es cierto que querían incluir la iniciativa, pero que esta fue rechazada al ser considerada como inconveniente.
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Esto significaría una segunda oportunidad para los guerrilleros, que a través de un procedimiento expedito dichos bienes fuesen incorporados en el patrimonio autónomo de esa guerrilla.
Penagos, representante a la Cámara por el Partido de la U, sostuvo que «el Gobierno ha querido incluir un capítulo sobre normalización de bienes. No lo hemos aceptado y no lo vamos a aceptar porque, insisto, ya se venció el plazo para que la guerrilla entregue el listado de bienes y lo que ocurre en el futuro pues es competencia la Fiscalía y será esa entidad, a través de extinción de dominio, la que formalice sus bienes».
De acuerdo con el representante a la Cámara y ponente de la JEP, lo que llamaron «normalización de bienes» no resulta aplicable dentro de la legislación colombiana, pues los guerrilleros que dolosamente no hayan querido entregar inicialmente la lista de bienes, tendrán consecuencias penales.
En ese sentido, expertos han manifestado el articulado serviría para “legalizar” a testaferros que han hecho de puente a las FARC, sin que haya un tratamiento penal respectivo con seriedad.
Asimismo, el exministro de Defensa, Rafael Guarín, señaló que el proyecto que estudia el Gobierno es delicado y puede generar riesgos. «Ahí hay una enorme oportunidad para que exista un lavado de activos con el nombre normalización, para que se legalice es testaferrato y para que se burle el derecho de las víctimas de la reparación».
De otro lado, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura enviaron un documento al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en el que advierten que el dinero producto de la extinción de dominio no pueden ser destinados para administrar los bienes inventariados y entregados por las FARC.
“Con la expedición del Decreto 1535 de 2017 se desborda la competencia reglamentaria del ejecutivo, pues se está dando una destinación diferente a la fijada por la ley a los recursos del FRISCO que administra la Sociedad de Activos Especiales”, se lee en el documento.
De acuerdo con la Ley 1453 de 2011, los recursos provenientes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) serán destinados para fines de inversión social, seguridad y lucha contra la delincuencia organizada, rehabilitación de militares y policías heridos en combate.
Fuente: RCN.
