Fiscal de Colombia asegura que acuerdo Santos-FARC no es fuente de justicia

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Fiscal
Aseguró que no es posible interrumpir las investigaciones que viene realizando la Fiscalía mientras entra en funcionamiento la JEP. (Twitter)

Tras el blindaje que otorgó la Corte Constitucional de Colombia al acuerdo Santos-FARC, el fiscal general de la Nación de este país hizo algunas observaciones sobre el papel del ente acusador en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En entrevista para Semana.com el fiscal Néstor Humberto Martínez sostuvo que el acuerdo de paz con las FARC no constituye fuente del derecho para el ordenamiento jurídico en Colombia, así como lo ha ratificado la corporación constitucional, es decir, no es una norma jurídica.

Habló de la importancia de tener claro cuál es el papel de la JEP en la persecución y sanción penal y sobre qué casos revisará las salas de esa jurisdicción para que el Estado no deje de lado su papel sancionador.

“A la luz de la Constitución es indispensable establecer con absoluta claridad cuáles son los criterios de selección de casos de los que se ocupará la JEP y en qué eventos el Estado puede renunciar, sin imponer sanciones, al ejercicio de la acción penal”. Además, el fiscal señaló que no puede versar sobre máximos responsables ni quienes hayan cometido crímenes de guerra, “Esto es un tema propio de la ley estatutaria, como lo ordena la Constitución”.

Aseguró que no es posible interrumpir las investigaciones que viene realizando la Fiscalía mientras entra en funcionamiento la JEP. Por esa razón se seguirán recogiendo pruebas e informes con el fin de fortalecer la acción de la justicia transicional.

“De allí que no sea de buen recibo que la Fiscalía esté impedida para practicar inclusive interrogatorios, testimonios y otras pruebas, lo que de suyo traería graves problemas al país frente a la jurisdicción internacional”.

En el tema de los delitos cometidos sostuvo que la Fiscalía propuso despojar de todas las garantías otorgadas por la JEP a desmovilizados de las FARC que después del 1 de diciembre de 2016 decidan reincidir en actividades ilícitas por fuera del marco legal.

“Nadie en la sociedad colombiana puede aceptar que un desmovilizado vuelva al crimen organizado y al mismo tiempo mantenga su amnistía, lavando su pasado judicial y además conservando los beneficios de la JEP”.

En ese aspecto, dijo que delitos como el secuestro, la extorsión o el acoso sexual pueden quedar en manos de la JEP. Es el caso de dos menores que fueron víctimas de presunto acoso sexual por parte de un guerrillero de las FARC que permanecía en una Zona Veredal que luego se dio a la fuga.

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Por su parte, el precandidato presidencial por el Centro Democrático, Rafael Nieto Loaiza, presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra la Ley de Amnistía e Indulto (ley 1826 de 2016) y también contra el decreto 277 de 2017 “y demás normas tramitadas con el Procedimiento Legislativo Especial Para La Paz”, argumentando que esta “atenta contra los derechos constitucionales de los niños”.

“Deja sin ningún tipo de sanción conductas como homicidios, lesiones personales, secuestros, violaciones y otras conductas sexuales abusivas contra los niños, cuando el responsable de esa conducta es miembro de las Farc”, explicó.

Fuente: SemanaEl Espectador.

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