Según el reciente informe nacional presentado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) 2017-2018, Colombia se encuentra rezagada en credibilidad, eficiencia y calidad en materia de justicia.
En un Estado de Derecho la credibilidad, eficiencia y calidad de la justicia son los cimientos de la democracia moderna, que garantizan al ciudadano que sus derechos son reconocidos y garantizados por la administración de justicia. El Consejo Privado de Competitividad asegura que un país que se base en estas prerrogativas en materia de justicia lleva a un mejor aseguramiento económico. Por ejemplo, las disputas comerciales tardarían menos en ser resultas, habría independencia judicial por parte de quien juzga un conflicto jurídico y económico sin hacer parte del litigio. Asimismo, mejoraría la credibilidad de las instituciones, que implican una articulación normativa para que exista seguridad jurídica que permita la entrada de la iniciativa privada los países. A juicio del Consejo Privado de Competitividad (CPC), estos factores inciden directamente en la competitividad empresarial.
Eficiencia para el cumplimiento de los contratos
El informe destaca que para realizar la medición en materia de eficiencia contractual con relación a una decisión judicial se tienen en cuenta 3 aspectos: tiempo de presentación y notificación de la demanda, tiempo del juicio y tiempo para la ejecución de la sentencia. De acuerdo con el Doing Business conocer el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia incentiva a los ciudadanos a acceder a la administración de justicia para resolver sus conflictos jurídicos. Especialmente en Colombia se tarda alrededor de 1.288 días y un 46 % del valor demandado para el cumplimiento de un contrato, ocupando así el puesto número de 17 de 18 países en el ranking de América Latina. Países como México tardan alrededor de 341 días y Corea del Sur apenas 290 días y 13% del demandado. Finalmente, en Colombia un 60 % del tiempo total equivale al juicio y sentencia, muy por encima de los países pares.
Credibilidad en la justicia
Los colombianos, en su mayoría, se han visto reacios a creer en la justicia, ya sea por los recientes escenarios de corrupción en las altas esferas de la administración de justicia, por la inoperante justicia sancionadora para aquellos que cometen tales faltas o simplemente por la creencia de que no se aplica el Derecho. El informe asegura que la última medición del Índice de Imperio de la Ley, el cual se encarga de medir la percepción en materia de credibilidad de los ciudadanos en 113 países, Colombia ocupa la posición 71 de sobre 113 en el ranking y con un puntaje de 0,51 (donde 1 representa el mejor desempeño), Colombia está ligeramente por encima del promedio de países de América Latina ocupando la casilla número 8 de 17 países y dista, por ejemplo, de países como Costa Rica, Chile y Uruguay, que ocupa el primer puesto con 0,72. El informe asegura que Colombia preocupa en el sector de orden y seguridad, ocupando el puesto 102 con un puntaje de 0,52. Por otra parte, en otros factores de aplicación de justicia relativos a retrasos no justificados en la justicia civil (0,20), la no aplicación del debido proceso en procedimientos administrativos (0,41), corrupción en la justicia civil (048), irrespeto por las garantías procesales de los acusados (043).
Eficiencia en la justicia
El diagnostico en materia de eficiencia en la justicia en Colombia perdió 37 posiciones entre 2009 y 2016 en el ranking general, especialmente en los años 2016 y 2017 con un puntaje de 2,66 y ubicándose entre los países en América Latina en el puesto 12, Chile aparece en el primer puesto con un puntaje de 4,03. El CPC realizó la medición haciéndose valer del trabajo del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) el cual evalúa en un puntaje de 1 a 7 – donde 7 es el mejor desempeño. El diagnostico se basa en el tiempo que demora la justicia colombiana en fallar casos judiciales, de acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) en un informe del 2016, un proceso en primera instancia de naturaleza civil va desde 385 hasta 956 días, dependiendo de si este es abreviado u ordinario de pertinencia. No obstante, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), organismo encargado del control, apoyo y acción ciudadana en temas de justicia, señala en un estudio de del año 2015 que, aun teniendo estos periodos tan prolongados sin conocer la decisión de fondo en materia judicial, el sistema es incapaz de culminar los procesos en estos límites. El estudio evidencia que tan solo se cumple en el tiempo legal establecido los procesos ejecutivos en 51%, procesos penales 32%, procesos laborales 42 %.
Impunidad
En materia de impunidad, según el Índice Global de Impunidad realizado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia explica que Colombia es uno de los países en los que más se presenta este fenómeno, compartido junto con México, Filipinas, Rusia y Turquía. El Consejo Privado de Competitividad manifiesta que estos datos son alarmantes debido a problemas de seguridad y aplicación de justicia en el país, pues este fenómeno es percibido en la ciudadanía como si la justicia fuese inoperante y burocrática. Para el caso colombiano en materia penal el 33 % de las personas que son detenidas no tiene sentencia judicial, superando el puntaje global que es del 23 %. El informe señala que esto se debe a la medida preventiva que se encarga de recluir al detenido mientras se desarrolla la etapa procesal. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, en el delito de homicidio la impunidad es galopante, pues solo en 22 casos de cada 100 homicidios una persona responde ante los estrados judiciales y un poco más de 10 son juzgados mediante una condena.
Independencia de la justicia
La independencia judicial permite hacer una lectura de grados de independencia en la aplicación de justicia, respeto a la separación de poderes y efectividad dentro de las sentencias judiciales. Asimismo, tener buenos resultados en esta materia es positivo para el PIB y la estabilidad política del país. Según la Independencia de la Judicatura de las Naciones Unidas; la independencia judicial es un concepto de acuerdo con el cual los jueces pueden llevar a cabo su trabajo con imparcialidad, fundamentándose en los hechos y sin restricciones ni influencias. En este aspecto Colombia tuvo un resultado de 2,96 sobre 7, ocupando el puesto 111 entre los 170 países. Uruguay aparece en la cabeza con 5,6 en materia de transparencia e independencia judicial.
Política regulatoria
En materia de regulación la inversión privada ha encontrado serios tropiezos al encontrarse con un entramado de normas que resultan altamente costosas, que en su mayoría se trasladan al usuario al momento de adquirir un bien o servicio. En ese sentido, la regulación impone diferentes costos diferenciales sobre el sector privado que pueden ser desde costos financieros directos, hasta costos estructurales de largo plazo en consonancia con el cumplimiento de una norma estimada. Según el Índice Global de Competitividad del WEF los empresarios en Colombia creen que el costo de la regulación es bastante alto, lo que hace ubicar al país en las últimas posiciones dentro de la lista de medición. Por esta razón, la CPC aconseja incorporar mecanismos que puedan describir ese impacto entre la regulación y el mercado a través del análisis de impacto normativo (AIN), evaluando de esta manera costo y beneficios asociados a las regulaciones existentes dentro del ordenamiento jurídico y propuestas de legislaciones futuras. Colombia aparece en el ranking con un puntaje de 2,6 por encima de Argentina que cuenta con 2,4 y a la par de México con el mismo puntaje. Mayoritariamente se debe al caso de la inflación legislativa que desemboca la sobreproducción de normas expedidas por los diferentes órganos del poder público, esto hace que se regule una materia por diferentes normas ,que incluso las hace más baratas o caras de acuerdo con ciertos procedimientos normativos. Otro factor de este problema es la incapacidad de hacer efectivas las normas existentes asumiendo las empresas y ciudadanos una carga regulatoria difícil. En el país durante los últimos 17 años se han emitido a diario 4,4 decretos, 17,6 resoluciones y 0,6 circulares.
Recomendaciones
Finalmente, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) 2017-2018 en materia de justicia da unas recomendaciones generales para ser tenidas en cuenta por el próximo presidente en Colombia. Entre ellas se encuentran:
Crear e implementar una estrategia de justicia abierta, a través de un expediente digital que permita su revisión por internet.
Diseñar estrategias de gestión judicial de manera eficiente para facilitar el trabajo a los despachos judiciales, oficinas de reparto judicial y oficinas de apoyo administrativo.
Crear un programa de mejora de los perfiles de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y elevar los requisitos para ser juez en Colombia.
Establecer las sentencias de unificación como fuente principal de derecho, y aumentar su uso.
Fuente: CPC