English Version
El expediente probatorio que ha construido la Fiscalía General de la Nación sobre el proceso del atentado al Centro Comercial Andino en el mes de junio es respaldado por 267 pruebas que serían determinantes para demostrar la responsabilidad penal de las ocho personas que se encuentran recluidas por el ataque terrorista perpetrado en la capital colombiana. El juez 48 con funciones de Conocimiento de Bogotá negó la apelación de la medida de aseguramiento para los ocho investigados del caso, el togado confirmó en segunda instancia que estas personas permanecerán detenidas mientras se desarrolla el proceso.
Según indicó el despacho, “las personas aquí investigadas continúan siendo un riesgo para la sociedad, en razón a que las circunstancias por la cuales la juez 47 de garantías de Bogotá impuso las medidas de aseguramiento aún se encuentran vigentes, por lo cual no existe otra medida conveniente para este proceso que la ya establecida”.
Juzgado 48 pcto: involucrados en atentado al centro comercial Andino continuarán privados de la libertad en centro carcelario, fue negada la solicitud de la apelación a la medida de aseguramiento.
— Complejo Judicial de Paloquemao (@prensapaloq) November 10, 2017
De acuerdo con el portal El Tiempo quien tuvo acceso al escrito de acusación, el documento señala que Violeta Arango Ramírez que actualmente se encuentra prófuga —y es buscada por las autoridades nacionales e internacionales a través de la Interpol mediante una circular azul— y Alejandra Méndez Molano, presuntamente ingresaron a un café internet llamado Siberfull el pasado 13 de junio, ubicado en la calle 31 sur n.° 10 C -33, para consultar y diagramar los planos del Centro Comercial Andino Bogotá y los barrios cercanos.
“Revisaron e imprimieron los locales de Caja Social, Nicolukas y Dolce & Gabbana, que están en la ruta que accede a los baños de mujeres del segundo piso donde ocurrió el nefasto hecho que nos ocupa”, se lee en el documento.
La Fiscalía revela que efectivamente se verificó la existencia del Movimiento Revolucionario Popular (MRP) guerrilla urbana de izquierda, populista y radical ligada al ELN, que comenzó sus ataques en 2015, quienes utilizaron una mezcla de nitrato de amonio y nitrato de potasio como explosivo para el ataque en el centro comercial, además, se explica que lo ocurrido es un “hecho abominable”.
“El atentado que segó la vida de tres mujeres jóvenes y dejó heridas a diez personas más, sin contar con que hubo heridos que no se reportaron en algún sistema de salud, además de los destrozos a la construcción. Causó terror, zozobra e indignación en la ciudadanía en general”.
El documento afirma que se constató la existencia del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) como un grupo “conformado por estudiantes y egresados de universidades públicas, con cierta afinidad ideológica a movimientos revolucionarios existentes en nuestro país, el cual tiene sustento de su lucha el antagonismo con el Gobierno, con las diferentes autoridades públicas, con la clase dominante económicamente en el país y la clase política, arrogándose la defensa de las clases populares y supuestamente oprimidas”.
Por otra parte, la familia de uno de los procesados, Mateo Gutiérrez, estudiante de Sociología quien la Fiscalía vincula con el MRP, ha manifestado que “Es totalmente falso que Mateo haya estado tomando un curso sobre explosivos o sobre algún tema ilegal”.
De acuerdo con el portal Semana.com, Gutiérrez habría estado en Cuba, donde se le encontró en su celda unas cartas en tono de agradecimiento a una persona llamada “Tony” en la que le trata con deferencia por su hospitalidad cuando estuvo en la isla. En este sentido, la Fiscalía ha señalado que Gutiérrez habría recibido un curso sobre explosivos en su paso por ese país. Tony Lopez, es José Antonio López, persona a la que se refiere en la misiva, formó parte del cuerpo diplomático de la embajada de Cuba en Bogotá en el 2003 y estuvo cercano al proceso de paz con las guerrillas de ELN y FARC. Su familia insiste que Mateo Gutiérrez ha sido vinculado en el proceso sin fundamentos.
“Lo que pretenden es desviar las investigaciones judiciales, hacerlos verdaderos culpables, incriminar a unos muchachos para hacer un escarmiento público para que los muchachos no tengan posiciones políticas críticas frente al Estado”, dijo su mamá, Aracely León.
Los sindicados continuarán recluidos en la cárcel La Modelo y el Buen Pastor de la capital colombiana, donde deberán esperar la decisión del juicio, independiente del fallo que se tome no procede ningún recurso. Mientras tanto, el conocimiento público de las pruebas que ha recolectado la Fiscalía sigue bajo incógnita al no ser sometidas al escrutinio público.
Seguirá generando controversia que en ningún momento se revelaron los videos de uno de los centros comerciales más famosos y concurridos de la ciudad, que en un inicio las autoridades presentaron ciertas discrepancias probatorias al momento de identificar los presuntos autores y la incapacidad de vincular directamente a los procesados con el grupo rebelde.
Discusión sobre post