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En la noche del martes, la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y señaló que sí pasó el examen constitucional, pero lo hizo con varios condicionamientos.
Para la Sala Plena de la corporación, el Acto Legislativo 01 de 2017 por el cual se creó la (JEP) cumplió con la totalidad de los requisitos que enuncia la Constitución Política para su formación. Asimismo, se constató el cumplimiento de los requisitos especiales de competencia, referentes a los criterios de habilitación competencial, temporal y de conexidad. En el entendido que la JEP es la columna vertebral de aplicación de justicia contenido en el acuerdo de paz.
También se explicó que, dada la naturaleza transicional de la JEP, su vigencia no podrá sobrepasar un término de 20 años. Ahora quedan cerca de dos semanas para aprobar en el Congreso de la República, mediante el procedimiento legislativo especial (Fast Track), importantes normas que desarrollan el acuerdo.
Rueda de prensa revisión constitucional Acto Legislativo 1 de 2017 https://t.co/fcGKtlBab1
— Corte Constitucional (@CConstitucional) November 15, 2017
Sobre los delitos de lesa humanidad, la Corte precisó que las penas impuestas por esa jurisdicción al momento de juzgar deben ser compatibles con los fines del derecho internacional, sin que haya lugar a impunidad. En ese sentido, las sanciones tienen que cumplir los fines objetivos de las penas, a saber, disuasión, retribución, rehabilitación y restauración.
Simultáneamente, incumbirá a la JEP establecer la compatibilidad de las sanciones que imponga con la participación en política de los excombatientes de las FARC, que es uno de los puntos más criticados por la oposición hasta ahora. Todas las sanciones serán proporcionales al crimen cometido, así como a la participación y compromiso de la justicia del condenado.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional generó escozor entre la oposición y celebración por parte del Gobierno y quienes defienden el acuerdo de paz. Si bien hubo buena aceptación de la decisión sobre algunos puntos cruciales por parte del Gobierno y FARC, algunos sectores de la oposición manifiestan que las modificaciones realizadas por el alto tribunal no fueran de largo alcance y que lo fundamental sigue sin cambio.
El presidente Juan Manuel Santos celebró la decisión judicial y minutos después de la rueda de prensa de la Corte Constitucional habló para todos los colombianos en una alocución presidencial.
“Las plenarias del Senado y de la Cámara tienen la enorme responsabilidad de dar los últimos debates a la ley estatutaria que le da vida a la Justicia Especial de Paz. No debería ser problema por cuanto ya aprobaron la reforma constitucional que creó la JEP, y ahora solo se trata de reglamentarla (…) El procedimiento rápido se agota y cualquier demora injustificada sería fatal”, dijo Santos.
Hago un llamado vehemente al Congreso a aprobar la Justicia Especial para la Paz, que es columna vertebral del acuerdo. Es una responsabilidad con las víctimas.
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) November 15, 2017
Destacó, además, que la prohibición a las FARC de participar en política sin antes pasar por la justicia no fue lo pactado, y ratificò que las FARC ha cumplido con uno de los puntos que es la entrega de armas a cambio de que se les permita hacer política y estar en democracia a través de su movimiento.
Por otra parte, el expresidente y Senador Álvaro Uribe señaló en su cuenta de Twitter que lo fundamental sigue igual, “Militares sin fuero, nivelados con terrorismo, condenados a reconocer delito no cometido o exponerse al riesgo de 20 años de prisión.”
JEP, lo fundamental sigue sin cambio: impunidad total disfrazada, elegibilidad política sin justicia a delincuentes atroces, Farc política, corrupción amnistiable
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 15, 2017
El precandidato presidencial del partido liberal y exjefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de La Calle, también celebró la decisión de la Corte Constitucional y, como Santos, manifestó que le “Preocupa lo que está pasando en el Congreso con la JEP, si bien las decisiones tomadas ayer por la Corte son un avance, lo más democrático es que la rama legislativa de su aval lo antes posible.”
Me preocupa lo que está pasando en el Congreso con la #JEP, si bien las decisiones tomadas ayer por la Corte son un avance, lo más democrático es que la rama legislativa de su aval lo antes posible. @ColmundoRadio
— Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) November 15, 2017
Alejandro Ordóñez, exprocurador y precandidato presidencial, se sumó a las críticas que lideró el uribismo señalando que se avaló un “Tribunal del odio y la venganza”.
“Lo advertimos y nos dijeron mentirosos. Gracias a la Corte Constitucional, los terroristas tienen ya un tribunal del odio y la venganza para perseguir a todos los colombianos que los combatieron durante décadas. Con la JEP Colombia queda al bajo nivel de Venezuela, con cortes y tribunales al servicio del régimen y del terrorismo. En contra del pueblo. Nos robaron el 2 de octubre y ahora son dueños de la ‘justicia’.”
Millonarios, impunes, con plenos derechos políticos, una comisión para reescribir la historia y un tribunal propio para la venganza. Así quedaron las Farc. ¿Qué criminal no quisiera sentarse a negociar con Santos?
— Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) November 15, 2017
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) también celebraron la decisión.
#FelizMiércoles || La @CConstitucional, por unanimidad, dió vía libre a la #JEP. Ahora las víctimas, Colombia y el mundo esperan que el @CongresoCol no le cierre el paso a la #Paz. pic.twitter.com/MRmL18Vttk
— Partido COMUNES 🌹 (@ComunesCoL) November 15, 2017
Sin embargo, Rodrigo Londoño, Timochenko, a través de su cuenta en Twitter criticó que el acuerdo haya tenido modificaciones y exigió que debe aprobarse como quedó pactado.
“Fallo de la Corte Constitucional se distancia del Acuerdo Final, La JEP se debe aprobar al pie de la letra, la verdad del conflicto, sus ACTORES y PROMOTORES debe ser conocida por las víctimas y el país.”
"El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto" Acuerdo Final 🌹
— Rodrigo Londoño (@TimoComunes) November 15, 2017
De otro lado, se vive una verdadera pugna desde el Congreso de la República, pues se necesita aprobar la ley reglamentaria sobre este tema. Actualmente se vive una verdadera crisis en la legislatura ya que hay tres puntos principales en los que no hay acuerdo y no se ha podido avanzar en el debate: condiciones para la participación política de las Farc, el régimen de inhabilidades para la JEP y una proposición que le permitiría a los parapolíticos participar de nuevo en la contienda electoral.
Una vez tramitada la ley estatutaria se debe presentar un proyecto de ley ordinario para establecer los procedimientos de la Justicia Especial para la Paz. Los voceros de diversos partidos políticos solicitan algunas condiciones para avanzar con la ley estatutaria y una vez tramitada la ley estatutaria se debe presentar un proyecto de ley ordinario para establecer los procedimientos de la Justicia Especial para la Paz.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que el Congreso tiene la responsabilidad con los colombianos y las víctimas de darle trámite a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP). Ademas, dijo que el Congreso tiene un Plan B para sacar adelante la Ley Estatutaria, sin embargo, no dijo nada al respecto, “no voy a revelar lo que hemos avanzado y nuestro plan A es el trámite ante el Congreso”.
La corte constitucional declaró constitucional el acto legislativo q creó la JEP. Ahora le corresponde al @SenadoGovCo asumir su deber
— Guillermo Rivera (@riveraguillermo) November 15, 2017
“El Congreso tiene la obligación de votar, si lo vota negativamente pensaremos en otras alternativas, pero es el Congreso el que lo tiene que sacar adelante (…) Hemos estudiado otras alternativas, pero solo se tendrán en cuenta después del 30 de noviembre”, dijo Rivera, al señalar que en esta fecha se vence el Fast-track.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, dijo que el Gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz a espalda de los territorios donde se vivió el conflicto.
“Nosotros le hemos hecho un llamado al Gobierno y a las Farc porque en La Habana firmaron a espaldas de la sociedad. Cuando digo sociedad es que nunca fueron a Tumaco, Balboa, Argelia, Tibu, Tarra. Nunca les dijimos como iban a erradicar”, sostuvo.
Al tiempo, la senadora Viviane Morales del Partido Liberal, denunció “trampas” al querer incluir el acuerdo por enésima vez al bloque de constitucionalidad. Además, expuso que se “fusilò” una aclaración de voto en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Todo un artículo de la #JEP es un plagio de una decisión de la CIDH. ¡Vergüenza!”.
Lo que faltaba: Todo un artículo de la #JEP es un plagio de una decisión de la CIDH. Vergüenza! pic.twitter.com/urF5LLcaqs
— Viviane Morales (@MoralesViviane) November 15, 2017
Esta es la enésima vez que tratan de incluir el Acuerdo de La Habana en el Bloque de Constitucionalidad.
¡Por favor no más trampas! #JEP → pic.twitter.com/pizsY2il1i— Viviane Morales (@MoralesViviane) November 15, 2017
Mientras transcurre el debate en el Congreso, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que aquellos parlamentarios que sigan ausentadose para dilatar el proceso de implementación del acuerdo incurran en sanciones que incluso podrán concebirse con la perdida de investidura del cargo.
El ausentismo parlamentario puede llevar a la pérdida de la investidura. #JEP #Congreso #SerProcuradorEs pic.twitter.com/ibzIZBPCJE
— Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) November 15, 2017
Fuente: Ámbito Jurídico, Caracol Radio
