Justicia especial de acuerdo Santos-FARC: defraudación al patrimonio público

"Resulta inexplicable que la JEP esté operando sin que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre la ley estatutaria que la pone en funcionamiento".

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Para este año están asignados $200.000 millones COP (USD $69.516.000) que corresponden al funcionamiento, personal e inversión física. (Fotomontaje PanAm Post)

Pese a estar parcialmente aprobada, la justicia especial para la paz (JEP), encargada de juzgar a los miembros de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) a raíz de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, aún no ha entrado en total funcionamiento. Lo más grave del caso es que sin conocer procesos judiciales los magistrados están devengando salario desde el mes de enero, cuando fueron posesionados por el presidente Juan Manuel Santos.

De acuerdo con un informe de la Secretaría Ejecutiva del organismo, en 2017 se destinaron al menos $10.700 millones COP (USD $3.719.000) para gastos de operatividad, pago de personal y servicios contractuales, sin haber contado con la posesión de los magistrados que integran las Salas Especiales y el Tribunal de Paz. Actualmente son 873 personas las que integran la planta de personal de la JEP.

¿Qué le falta a la JEP para entrar en funcionamiento?

Hasta el momento, la Corte Constitucional tiene 43 expedientes relacionados con el proceso de paz (8 reformas y leyes, y 35 decretos), de los cuales solo han fallado 26. Entre estos, dos reformas constitucionales (JEP y el blindaje jurídico por tres periodos presidenciales consecutivos) y 23 decretos de paz expedidos por el presidente Juan Manuel Santos.

Sin embargo, a la Corte todavía le falta pronunciarse sobre la Ley de Amnistía e Indulto, el Estatuto de Oposición, participación y curules de FARC, la ley que permite la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección y las reformas al sistema de regalías para financiar los proyectos necesarios para el posconflicto.

También falta fallar el decreto que establece un tratamiento especial para miembros de la Fuerza Pública, el habeas corpus por retrasos en la aplicación de la Ley de Amnistía y el decreto que modifica la Fiscalía para el posconflicto y crea la unidad contra el paramilitarismo.

Pese a el retraso a nivel legislativo y judicial, el Gobierno Santos tiene previsto que para este próximo 15 de marzo se abran las puertas de la JEP.

El PanAm Post habló con el abogado penalista Francisco Bernate sobre la situación de la JEP, su costo y el difícil panorama que vive la jurisdicción ordinaria en el país.

La inversión ha sido millonaria en contraposición con la jurisdicción ordinaria que se sostiene con pocos empleados y miles de procesos. En este sentido, uno de las principales interrogantes es si se justifica que esta justicia cuente 873 funcionarios.

A dicha duda Bernate afirmó que es “una situación incomprensible, pues hay salas, como la que conoce de las apelaciones, que durante mucho tiempo no tendrá mayores ocupaciones. Por el contrario, en la JEP se ha priorizado el nombramiento de altos cargos y poco se ha pensado en la operatividad real de esta justicia”.

Con relación a la actual crisis en la rama judicial en Colombia, y los estruendosos gastos de la JEP, el jurista señaló que no hay justificación ni para la forma en que está operando la JEP ni tampoco para el tratamiento que se le da a la Rama Judicial.

Para el jurista, esta justicia especial es la mayor defraudación al patrimonio público que haya vivido Colombia.

Resulta inexplicable que la JEP esté operando sin que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre la ley estatutaria que la pone en funcionamiento. En caso de que la decisión de la Corte declare inexequible esta ley estatutaria, ¿qué sucede con estas precipitadas designaciones y posesiones de tantos magistrados? Creo que es ante todo un acto precipitado, y ya dentro del funcionamiento de la JEP la preocupación ha sido la de asignar los cargos más altos sin que ello se justifique o se necesite.

Con la posesión de 31 de los 38 magistrados de la JEP, ya se tiene aprobado los presupuestos. Para este año están asignados $200.000 millones COP (USD $69.516.000), que corresponden al funcionamiento, personal e inversión física. En esta jurisdicción se tiene previsto un blindaje jurídico por un término de 12 años por decisión de la Corte Constitucional, que declaró por unanimidad exequible el Acto Legislativo número 02 de 2017, el cual protege por tres periodos presidenciales consecutivos el acuerdo.

Mientras tanto, aseguró el jurista, no hay una relación entre empleados y procesos entre la jurisdicción ordinaria y la especial.

“La Rama Judicial por todos los medios ha exigido que se le dispense el trato que su importancia en nuestra Democracia merece. Por el contrario, año a año se evidencia que los recursos que se asignan para su funcionamiento son cada vez más escasos y definitivamente sus clamores no han sido atendidos”.

Y explicó que sin juzgados de ejecución de penas de la jurisdicción ordinaria la JEP no tendría funcionamiento.

“El caso de los Juzgados de ejecución de penas es dramático. 50 personas contratadas de manera temporal y que estaban ayudando a descongestionar estos despachos encontraron que sus contratos no fueron renovados. Los Juzgados de ejecución de penas se encargan de remitir los procesos de aquellas personas que estando condenadas deciden someterse a la JEP, difícilmente podrá operar esta justicia especial”.

Bernate advirtió que la sala de apelaciones de la JEP comenzará a conocer procesos en aproximadamente dos años:

Los procesos deben fallarse primero en la primera instancia y después pasan a esta sala de apelaciones. Del tiempo que estos procesos duren en la primera instancia debe ser extenso, por lo que la operatividad de estas salas no ocurrirá pronto.

El jurista criticó que mientras los juzgados de la jurisdicción ordinaria no dan abasto por la fuerte carga laboral y el número de procesos, los magistrados en la JEP están devengando salario sin tener aún en sus manos algún caso.

Frente a la reciente convocatoria pública que se hizo para cargos de la JEP, que tan solo concedió 2 días para que las personas se postularan con una serie de estrictos requisitos, el jurista dijo que esto es imposible de cumplir en tan poco tiempo.

“Personalmente. Lamento mucho que este tipo de convocatorias se hagan de esta manera, más cuando la documentación que se solicita es difícil de recaudar en apenas cuestión de horas, a lo que debe sumarse que los aspirantes deben realizar un ensayo. Es una salida en falso de la JEP”.

Todavía se desconoce si la JEP solo funcionará en Bogotá o si tendrá sedes ubicadas en diferentes regiones del país. También se desconoce concretamente cuál será su planta de personal, el número de secretarios, auxiliares y profesionales.

Congestión judicial en Colombia

En Colombia existe una fuerte percepción de que las instituciones judiciales son ineficientes debido al tiempo que estas demoran en ser resultas. Una de las principales razones es porque la administración de justicia carece de personal y equipo necesario.

Por cada 100.000 habitantes se tiene un promedio de 10,95 jueces. El estándar internacional, determinado por OECD, habla de 65 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que deja al país bastante alejado de ese promedio.

En Colombia hay un total de 456 magistrados de la jurisdicción ordinaria y 176 de la administrativa. Es de resaltar que en materia constitucional todos los jueces de la república desarrollan esta función al resolver las acciones de tutela.

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