La reincorporación a la vida civil es actualmente uno de los temas más críticos que presenta la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC. Un centenar de guerrilleros esperan hacer transito a la vida civil, pero entre más tarda en llevarse a cabo este proceso algunos se unen a las disidencias y al crimen organizado.
“Desconfianza, cansancio y molestia” eran las palabras que pronunciaba Iván Márquez, exjefe guerrillero, el pasado noviembre tras la huida de alias “El Paisa” de la zona de concentración donde se albergaba.
El movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) pidió al Gobierno de Juan Manuel Santos acelerar los mecanismos de implementación del acuerdo, ya que en sus palabras el proceso de reincorporación “amenaza con fracasar” si no se llevan a cabo las medidas urgentes.
Así lo dio a conocer la FARC en rueda de prensa en el marco de la presentanción de los resultados del Primer Encuentro Nacional de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que sesionó este fin de semana en la ciudad de Bogotá.
Reincorporación: una bomba de tiempo
La tardanza en la reincorporación y acreditación por parte del Gobierno a los exguerrilleros son razones suficientes para que estos deserten. Según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault, en un informe presentado el mes de noviembre de 2017, al menos el 55 % de los 8.000 exguerrilleros de las que se acogieron al acuerdo de paz abandonaron las 22 zonas creadas para su tránsito a la vida civil por “desilusión” ante la ausencia de oportunidades económicas.
Al respecto, PanAm Post habló con Jaime Luis Zapata, internacionalista y especialista en conflicto interno y terrorismo, sobre la difícil situación por la que pasa la implementación del acuerdo de paz, en especial la reincorporación de los excombatientes.
“Hasta ahora tanto el Gobierno y FARC han incumplido frente a las obligaciones del acuerdo. Especialmente, la reincorporación de los exguerrilleros es uno de los puntos neurálgicos del acuerdo es urgente, ya que son blanco de grupos al margen de la ley y de engrosamiento de las filas de la disidencia”.
Sostuvo que el Gobierno debe redoblar esfuerzos por garantizar el transito hacia la vida civil de los exmilitantes o el posconflicto se vería amenazado.
Sin duda, una mala implementación del acuerdo puede desembocar en un escenario mucho más crítico al que se tenia cuando las FARC operaba como grupo guerrillero. La disidencia de las FARC y la guerrilla del ELN y crimen organizado estarían ofreciendo de nuevo a estas personas incorporarse en sus filas y continuar la empresa criminal ante los incumplimientos del Gobierno colombiano. Se repite la historia.
Las disidencias de las FARC son un grupo de integrantes que se revelaron y mostraron inconformidad con el mando central de esa guerrilla y que ahora expanden su empresa criminal por todo lo largo y ancho del país. De acuerdo con una investigación de la Fundación Ideas Para La Paz, se estaría hablando de 1000 disidentes y que este número podría llegar a 1500.
Cabe destacar que en Colombia las disidencias no son únicas del proceso de paz con las FARC. Un primer antecedente fue a raíz del desarme y desmovilización del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) mediante un proceso de paz y unos años después en el proceso con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que engrosó las filas de otros grupos al margen de la ley. Conjuntamente, otros países tuvieron disidencias luego de llevar a cabo un proceso de paz tal como Sudán, Burundi, República Democrática del Congo, Irlanda del Norte.
Zonas Veredales Transitorias de Normalización
Tras firmarse el acuerdo de paz en noviembre de 2016, los exguerrilleros se agruparon dentro de 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) que posteriormente se convirtieron en “Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación”, donde los excombatientes hacen su tránsito a la sociedad.
A través de un documento, las FARC invitó a los candidatos a la presidencia a que demuestren un mayor “compromiso con la construcción de paz”.
Asimismo, los exguerrilleros que se encuentran aglomerados en algunas de estas zonas de concentración han denunciado que se encuentran amenazados, razón también para huir de la zona. Ademas, señalan que en la mayoría de esos espacios no hay condiciones dignas de salud, vivienda y servicios públicos, a lo que se le suma la inseguridad alimentaria, ausencia de economía propia y que los exguerrilleros tienen problemas de índole judicial con la documentación y acreditación de pertenencia a la FARC.
El acuerdo establece que quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal para la Paz puestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para lo de su competencia.