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En una polémica carta, Néstor Raúl Correa, exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), explicó los motivos de su salida y reveló que nueve magistrados querían el control burocrático de esa jurisdicción.
En la misiva, el exfuncionario dijo que no fue el escándalo de los recursos para la paz lo que motivó su salida, sino que una vez que se posesionaron los 38 magistrados de la JEP (encargada de juzgar los delitos con ocasión del conflicto luego de la firma de la paz con la guerrilla de las FARC), un grupo de nueve de ellos, cambiaron el diseño con el que venía funcionando la Secretaría Ejecutiva para así poder arrebatarle funciones y poder tomar decisiones burocráticas en esa justicia.
Correa denunció que la presidenta de la JEP, Patricia Linares, en un desayuno el 6 de octubre de 2017, conformó un comité estratégico junto a otros ocho magistrados del tribunal, entre ellos, Danilo Rojas, Catalina Díaz, Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes y el exministro de justicia Yesid Reyes, que solicitaron una planta “maximalista” de 5 magistrados adicionales para cada despacho del Tribunal y de 11 personas para cada despacho de magistrado, lo cual suma 386 cargos, que serían de su libre nombramiento y remoción. “Más del doble de lo que había propuesto la Secretaría Ejecutiva” y sin contar la Unidad de Investigación y Acusación ni la SE, indicó.
Esta fue una contrapropuesta elaborada por el expresidente del Consejo de Estado Danilo Rojas, y que se expuso el 17 de noviembre del año pasado, durante una reunión del Comité Estratégico con la Secretaría Ejecutiva.
Además, dijo que se presentó una planta que generó un costo más elevado por la presencia de los magistrados auxiliares. “Al final los magistrados quedaron con tres de los cinco magistrados auxiliares que habían solicitado y en todo caso las plantas de cada despacho quedaron de 10 personas de libre nombramiento y remoción por parte de los magistrados. En total la JEP quedó con 873 cargos, de los cuales los magistrados nombran directamente 479 personas”, señaló Correa.
“Los 29 magistrados restantes de la JEP no tienen nada que ver con este Comité. El objetivo del Comité Estratégico fue incidir y hacer lobby con el fin de modificar las funciones que se habían conferido al Secretario Ejecutivo en el Acuerdo de Paz, en el Acuerdo Especial de la Secretaría, en el Acto Legislativo y en el proyecto de ley estatutaria de la JEP”, dijo Correa.
En opinión del abogado Francisco Barbosa, Correa proponía integrar la JEP con justicia y paz y articularla con la rama judicial. “Los mismos funcionarios del sistema se dieron cuenta de la necesidad de reestructurar el sistema de justicia transicional”, indicó.
Nicolás Uribe, analista político, señaló que el actual proceso de paz con las FARC se encuentra en riesgo luego de los graves acontecimientos que han venido saliendo a la luz.
“Los cabecillas traficando, la coca disparada, los proyectos productivos paralizados, matan líderes sociales, disidencias alborotadas, corrupción en los recursos, los desmovilizados a su suerte y la JEP politizada. ¿Qué falta?”
Cabe destacar que esta polémica pone en entredicho la objetividad de la jurisdicción, pues se viene asegurando por parte de la oposición que se encuentra «politizada».
La presidenta de la JEP responde contraatacando
Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para La Paz, respondió la carta de Correa en la que señala qué hay intereses burocráticos en el manejo de la jurisdicción de paz.
“Llama la atención que en lugar de rendir cuentas cómo se le ha solicitado de manera reiterada haya procedido a plantear ante la opinión pública debates que carecen de fundamento y que desvían la atención sobre sus responsabilidades”, dijo.
Conjuntamente, señaló que Correa solo entregó informes de USD $ 4.5 millones que administró desde que inició su labor cuando la Contraloría le hizo varios llamados y que su tarea durante 2017 no se ve reflejada, “pues las condiciones mínimas que necesitan para funcionar no están dadas”.
Procuraduría, preocupada por extralimitaciones de secretaría de la JEP
El pasado 6 de marzo mediante una carta dirigida a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, el procurador Fernando Carrillo afirmó que el secretario ejecutivo de esta jurisdicción tomó decisiones que no estaban a su cargo.
El motivo de la carta por parte del procurador Carrillo se debe a las medidas cautelares ordenadas de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) cuando Correa fungía como secretario.
“Se hace preciso señalar que este tipo de actuaciones son propias de la actividad jurisdiccional y no están en cabeza de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, ya que sin perjuicio de lo referido en el artículo 15 del Acto Legislativo 01 DE 2017, la misma Presidencia de la JEP señaló en la Resolución 001 de 2018 en su artículo 1, que la entrada efectiva en funcionamiento de esta justicia especial fue el 15 de enero de 2018”, se lee en el escrito.
Agregó, además, que se ha iniciado una investigación para saber que está pasando con los recursos de JEP y del Fondo Colombia en Paz que presuntamente estarían bajo un velo de corrupción.
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