El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó este martes a un funcionario de la Corte Constitucional que se dedicaba a favorecer a trámites judiciales al interior de este organismo judicial. Uno de los presuntos beneficiados de estas actividades incluye al extraditado narcotraficante, Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ”El Mellizo”, relacionado con su proceso en Justicia y Paz.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el funcionario Jairo Yovanni Caicedo Rojas, quien hace parte de la secretaría general de la Corte Constitucional, habría acordado el cobro de una suma de dinero entre US$173.018 y US$692.072 (entre $500 y 2 mil millones COP) por la selección y direccionamiento de tutelas.
La hipótesis es que Caicedo no logró que ninguna de las acciones judiciales que intentó tramitar dentro del tribunal fuera seleccionada, a pesar de haber exigido el pago.
Según la investigación, una de las tutelas por las que Caicedo habría exigido dinero fue presentada por el capo Mejía Múnera. Al parecer, el funcionario contactó al abogado defensor de “el Mellizo” y le exigió pagar entre US$ 17.301 y 34.603 ($50 y 100 millones COP) por garantizar que la tutela entrara en reparto y llegara a un despacho específico. Incluso habría incrementado el monto a US$692.072 ($ 2 mil millones COP) a cambio de garantizar un supuesto fallo a favor del capo del narcotráfico.
Según el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, la investigación se viene desarrollando desde hace varios meses. En el proceso incluye el testimonio del abogado de “el Mellizo”, quien solicitaba la selección de tutela y “le constan los pagos correspondientes”, reveló Martínez.
Jairo Yovanni Caicedo Rojas será presentado en las próximas horas en audiencias de control de garantías, ante un juez municipal de Bogotá y la Fiscalía le imputará cargos por cohecho en concurso heterogéneo.
Entre las diferentes pruebas recolectadas, la Fiscalía cuenta con fotografías en las que se registra un supuesto pago de dinero. Asimismo, con interceptaciones a correos y llamadas se pudo obtener la orden de captura en su contra.
#ATENCIÓN Evidencias fotográficas, documentales y testimoniales indican que el funcionario de la Corte Constitucional, Jairo Yovanni Caicedo Rojas, presuntamente habría recibido dádivas para direccionar tutelas; fue capturado en #Bogotá pic.twitter.com/DkcUcNAxSq
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 15, 2018
Carlos Ledher
La investigación descubrió que Caicedo estaría además involucrado en otro caso de trámite irregular en 2016. En octubre de ese año, el funcionario ofreció sus “servicios” con el fin de favorecer una tutela presentada por Adriana Patricia Páez Ortega, esposa de un señalado narcotraficante de los Llanos Orientales, vinculado a la organización del capo colombiano Carlos Ledher.
Con la acción judicial se buscaba recuperar un bien que había entrado en proceso de extinción del derecho de dominio. Por este caso, el funcionario judicial exigía sumas de entre US$17.301 y 24.222 ($50 y 70 millones COP) para que la tutela fuera revisada, y luego solicitó US$242.225 ($700 millones COP) por un fallo favorable, según apunta el portal de El Tiempo.
La captura de Caicedo se hizo por solicitud de la misma Presidencia de la Corte Constitucional, por lo que la Fiscalía General inició investigativas para verificar “la posible existencia de actos de corrupción en la Secretaría General” de ese organismo, dice el comunicado conjunto.
¿Quién es ‘”el Mellizo”?
Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “Pablo Arauca” o “el Mellizo” es un narcotráficante colombiano, que junto con su hermano, el fallecido Víctor Manuel, crearon un cartel llamado “Los Nevados”. Víctor fue abatido por agentes de la policía en abril de 2008 y Miguel Ángel, capturado en mayo del mismo año.
“‘El Mellizo’ fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2009 y en Colombia fue expulsado por la Corte Suprema de Justicia de “Justicia y Paz”, ley que permitió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al considerar que no era un integrante real de las autodefensas, sino que era considerado como un “narco puro”.
Mejía Múnera había presentado una tutela con la que intentaba volver a esa jurisdicción. La tutela llegó a la Corte para su eventual revisión en febrero del 2016.