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Los atrasos en el programa de sustitución de cultivos dejan serias dudas sobre la capacidad del Estado colombiano para cumplir con la meta fijada en el punto 4 del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC.
A tan solo tres meses de que termine el mandato del presidente Juan Manuel Santos, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) – estrategia para combatir el problema de la siembra de coca en Colombia-, enfrenta sustanciales atrasos que comprometen la sostenibilidad del proceso de sustitución.
La fundación Ideas Para La Paz (FIP) advierte en su cuarto informe de monitoreo y análisis que el escenario de llegar a la meta de 50.000 hectáreas se ve muy lejana. Sin embargo, destaca que el mayor problema sería los pocos avances en la generación de condiciones para el tránsito a la economía legal de las familias que derivan su sustento de la siembra de cultivos ilícitos.
El documento destaca que sí se ha avanzado en la entrega de las primeras asignaciones monetarias a las familias ($1 millón COP) por 12 meses. A pesar de esto, resalta que el problema de fondo son los pocos avances en la generación de condiciones para el tránsito de estas familias a economías legales.
“Al 31 de marzo, 62.181 familias en 43 municipios se encontraban inscritas en el (PNIS) y el 51 % de ellas había recibido al menos el primer pago”.
De manera que de las 62.181 familias que ya erradicaron sus cultivos, solo 7.009 (el 11 %) cuentan con planes de asistencia técnica.
Intervención fragmentada del Estado
Ideas Para la Paz señala que en el 65 % de los municipios con vinculaciones al (PNIS) se desarrolla el Plan 50/51 para el mejoramiento de vías terciarias y en el 17 % de las veredas (PNIS) se encuentran Proyectos de Pequeña Infraestructura. Igualmente, el 22 % de los municipios y el 15,2 % de las veredas que tienen familias vinculadas al (PNIS) cuentan con procesos de formalización de tierras.
Estas cifras dan cuenta de la intervención fragmentada del Estado, las limitaciones presupuestales y las dificultades para avanzar en la provisión de bienes públicos.
Igualmente, de las 52.638 hectáreas reportadas por las familias vinculadas al programa, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han censado 22.025 y de estas, han verificado como erradicadas 6.831.
La meta de disminución de 100.000 hectáreas de coca propuesta por el Gobierno a través de la erradicación forzada y la voluntaria, “careció de una estrategia integral y se tradujo en presiones al proceso de sustitución”, indicó el informe.
En los territorios, la voluntad de los campesinos que quieren abandonar esta actividad contrasta con la incertidumbre sobre si el Estado cumplirá con lo acordado.
Los homicidios continúan
Al respecto, la FIP manifiesta que la violencia sigue siendo el talón de Aquiles de la sustitución. Respecto a la seguridad, la tendencia al alza en los homicidios continúa; mientras que en algunos municipios las amenazas han cesado, en otros se han hecho más intensas.
Las disidencias de las FARC, frentes del ELN, así como crimen organizado, ponen en riesgo la continuidad del Programa, con hostigamientos y hechos de violencia en contra de las comunidades.
Si bien hubo una disminución de los asesinatos en diciembre de 2017 (62 personas) en municipios donde está dándose la sustitución voluntaria, en febrero de este año se presentaron 102 casos y en marzo 131.
Razones del rezago en materia de sustitución
Entre las diferentes razones que hay por el atraso en materia de implementación de la sustitución de cultivos ilícitos se encuentra la colisión de la agenda antinarcóticos y la agenda de transformación de los territorios; un enfoque basado en las familias y no en los territorios; subsidios que generaron efectos no deseados, como la expansión del área y las personas dedicadas a los cultivos de coca; el deterioro de las condiciones de seguridad y problemas de articulación institucional.
La mayoría de estos factores no son nuevos ni exclusivos del PNIS. Por el contrario, reflejan problemas de fondo del Estado colombiano que deben ser solucionados si se quiere encontrar una respuesta sostenible a los cultivos ilícitos.
En las zonas donde comenzó a desarrollarse el PNIS se ha logrado reestablecer el vínculo entre las poblaciones y el Estado. Sin embargo, el incumplimiento de lo acordado no solo tiene implicaciones en la confianza y credibilidad de las instituciones, sino que genera un riesgo de resiembra y posible aumento de las hectáreas de coca.
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