Estados Unidos a través del embajador Kevin Whitaker confirmó que el exlíder de las FARC, Jesús Santrich, sí cometió los delitos luego de la firma de la paz con el grupo guerrillero.
Whitaker anunció que el trámite de extradición se iniciará de manera oficial en junio.
Sin embargo, la semana pasada la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó suspender la orden de extradición pese a las acusaciones y el indicment vigente por la justicia norteamericana. Lo que causó conmoción al interior de la sede judicial fue que esta justicia especial sin contar con un reglamento procesal haya expedido la medida cautelar.
Al mismo tiempo la JEP ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que una vez reciba la solicitud formal de extradición, debe remitirla a la Sección de Revisión de la JEP.
El exlíder de las FARC es acusado de conspirar en la entrega de 10 toneladas de cocaína al Cartel de Sinaloa. Según el embajador estadounidense, los delitos ocurrieron luego del 1 de diciembre de 2016, fecha que dejaría sin los beneficios penales de la justicia especial como se había acordado en el proceso de paz.
Al mismo tiempo, Whitaker manifestó que las intervenciones de la JEP en este caso no son consistentes.
“Estamos hablando de un delito con posterioridad. La JEP debe enfocarse solo en esta parte, cualquier otra intervención no es consecuente con el acuerdo de paz”, dijo.
Fiscal solicita a la Corte definir competencias jurídicas
Entre tanto, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, solicitó a la Corte Constitucional pronunciarse al respecto sobre el conflicto de competencias entre la JEP y la Corte Suprema de Justicia en el caso de Santrich en cuanto a la orden de captura emitida por el tribunal de la Corte de sur de Florida.
“Ordene a la Sección de Revisión de Tribunal para la Paz que, de forma inmediata, la actuación a la H. Corte Constitucional para que se pronuncie respecto de este conflicto de competencia entre jurisdicciones”, se lee en la misiva.
A renglón seguido, Martínez señaló que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz asumió la competencia y control judicial incurriendo en una extralimitación.
“La corporación no sólo se extralimita en su desarrollo de funciones constitucionales, sino que además se arroga otras que le corresponden a la Jurisdicción Ordinaria”, indicó.
Además de esto el fiscal anexó la circular roja emitida por la Interpol, la orden de captura con fines de extinción de dominio de Santrich y algunas sentencias que describen las competencias de los entes.