Consulta anticorrupción en Colombia no es suficiente

La propuesta no frenaría este flagelo al interior de instituciones y altas corporaciones del Gobierno, debido a que repite instrumentos jurídicos y leyes vigentes.

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Pese a unir a varios sectores políticos a favor de la iniciativa no parece que la consulta ataque la corrupción en el país o que sus propuestas en realidad minimicen esta práctica que ha sido naturalizada desde las altas esferas del poder. (Twitter)

La Consulta Anticorrupción pasó en el Congreso de Colombia por unanimidad.  Hacía tiempo que no se veía tanta voluntad política reunida a favor de una coyuntura que afecta a todos como es el flagelo de la corrupción.

Con una votación de 84 votos a favor y cero en contra, el legislativo avaló la iniciativa de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano del movimiento Alianza Verde.

La consulta anticorrupción, que tiene el apoyo manifiesto del Gobierno Nacional, es un conjunto de siete preguntas que apuntan a disminuir y erradicar ciertas prácticas corruptas en Colombia.

Sin embargo, parece que esta propuesta no es suficiente para erradicar las prácticas de corrupción al interior de instituciones y altas corporaciones del Gobierno ya que repite instrumentos jurídicos y normas consagradas en varias leyes vigentes.

Mas que una consulta se necesita un acuerdo nacional

Pese a unir a varios sectores políticos a favor de la iniciativa, no parece que la consulta ataque la corrupción en el país o que sus propuestas en realidad minimicen esta practica que se han costumbre desde las altas esferas del poder.

PanAm Post habló con el abogado Ruben Dario Bravo, especializado en derecho contractual y administrativo sobre la iniciativa de origen ciudadano que pretende garantizar el control del ejercicio del poder político.

El jurista explicó que la iniciativa además de ser muy costosa, buena parte de las propuestas ya están plasmadas en otras leyes.

“Vale $350.000 millones, cuándo la mayoría de las iniciativas ya se encuentran recogidas en otras leyes.  No va a lograr el umbral.  Debe haber acuerdo nacional para tratarlas en el Congreso.”

Manifestó que mas allá de promulgar leyes se requiere de cultura y compromiso ciudadano para combatir el flagelo de la corrupción.

“La corrupción se democratizó con la Constitución de 1991. Mientras las campañas sigan valiendo tanta plata no habrá manera efectiva de combatir la corrupción. Por ejemplo, el expresidente Ernesto Samper violó los topes y según se ha informado, lo mismo hizo Santos con Odebrecht y nada ha pasado en materia de investigación”, dijo.

Para el jurista, el epicentro de la corrupción se encuentra respaldado en el mismo sistema electoral, pues asegura que para acceder a este se debe invertir fuertes sumas de dinero que incluso exceden los topes de financiación de los partidos políticos.

“La campaña para la alcaldía más pequeña de Colombia supera los $400 millones y un alcalde en cuatro años no alcanza a ganar la mitad de eso. La consulta es mediática y no es efectiva, sirve para gastar $350.000 millones que pueden ser destinados a la nutrición de los niños de La Guajira.”

Ratificó que desde 1991 se han expedido actos legislativos, leyes, decretos circulares y la corrupción se encuentra vigente y en alza.

“Colombia es de los pocos países del mundo que existe la figura de pérdida de investidura, congresistas no tienen inmunidad como en otras latitudes o en la Constitución de 1886. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades es severo, pero la corrupción sigue al alza.”

Bravo considera que teniendo en marcha el estatuto Anticorrupción se ha enviado el mensaje erróneo desde la institucionalidad que “delinquir paga”, dijo.

Por otra parte, la propuesta de reducir los salarios de los congresistas para bajar los niveles de corrupción no cuenta con evidencia que demuestre que en realidad esta sea una de las causas. Varios estudios en materia de políticas públicas señalan que el fenómeno de la corrupción se rodea de la coyuntura política y económica de los países, sin dejar de lado que mucha de esta normativa obedece a una voluntad política e institucional capturada por intereses.

La exsenadora y excandidata presidencial, Viviane Morales advirtió que la consulta modifica dos artículos de la constitución y repite lo que ya consagran varias leyes. Recordó que en el caso de los artículos propuestos a modificar la constitución, la vía de consulta popular no tiene la facultad de hacer reformas a la carta magna.

“La Consulta Popular de los Verdes es mentirosa y superficial. De las siete propuestas, cuatro ya están consagradas en nuestra legislación, como la de la obligación para los funcionarios públicos de presentar su declaración de bienes y rentas, la de rendir cuentas de su gestión, la prohibición de detención domiciliaria para los corruptos. O sea, no aporta nada”, señaló en una entrevista para El Colombiano en septiembre de 2017.

¿Qué se le va a preguntar a los colombianos?

La senadora Claudia López, una de las principales promotoras de la iniciativa sostuvo que llevan al menos dos años de trabajo de la mano de “miles de ciudadanos” que están cansados de las prácticas de la corrupción.

Entre ellas, reducir el salario de los congresistas, que los condenados por corrupción no tengan ningún tipo de beneficio y que se les prohíba contratar con el Estado colombiano.

A la par, que sea obligatorio para los congresistas rendir cuentas sobre su asistencia, proyectos de ley presentados y votaciones, y hacer públicas las declaraciones de renta y del patrimonio de todos los elegidos, entre otros puntos.

Ahora, el paso a seguir es que la sociedad colombiana sea convocada para votar la consulta anticorrupción, fecha que podrá ser propuesta luego de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial de este próximo 17 de junio.

Según la ley 1757 de 2015 relativa a la promoción y protección del derecho a la participación democrática, para que cada pregunta sea válida debe ser votada por al menos la tercera parte del Censo Electoral, es decir mas de 12 millones de ciudadanos colombianos. De alcanzar este umbral se adoptaría la decisión que tome la mitad más uno de los votantes.

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