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La Justicia Especial para la Paz (JEP) les negó a dos políticos colombianos, investigados por presuntos nexos con paramilitares, a tener acceso a los beneficios de esta jurisdicción. A través de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, se señaló que esta instancia tiene la competencia de determinar si la conducta tuvo relación o no con el conflicto armado.
Esta limitación por parte de la JEP se debe al rechazo de ingreso del excongresista David Char de Cambio Radical y del congresista liberal Álvaro Ashton investigados por la justicia ordinaria por presuntos nexos con grupos paramilitares en el país.
La JEP recordó que para que exista la relación con el conflicto se debe establecer el “grado de participación del agente del Estado” que desea acogerse a este tribunal. Asimismo, la JEP sostuvo que no está supeditado a decisiones de la justicia ordinaria sobre este concepto, ya que esta justicia podría “realizar calificaciones propias sobre la relación de una conducta punible con el conflicto”.
La exclusión de los dos políticos abrió un debate sobre las posibilidades de ingreso a los casos por paramilitarismo a la JEP. Sobre esto, el tribunal destacó que, si es posible, y que este es un caso especial.
Álvaro Ashton
Por segunda vez la JEP negó la solicitud de ingreso al político liberal con la cual buscaba ser acogido con los beneficios que otorga el tribunal creado luego de la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC.
Según la JEP, en la decisión de segunda instancia se estableció que los delitos por los cuales esta siendo investigado por presuntos nexos con paramilitares y por el caso de corrupción en la justicia denominado “Cartel de la Toga”, no son conexos con ocasión del conflicto armado.
La Corte Suprema de Justicia investiga a Ashton por el delito de concierto para delinquir agravado por presuntamente acordar acuerdos burocráticos (cuando fungió como representante a la Cámara) con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas (AUC) y presuntamente traducido con apoyo político para lograr la curul al Senado para el periodo comprendido entre 2006 – 2010.
Además, la Corte también investiga al político liberal por el delito de cohecho con relación al escándalo del “Cartel de la Toga” por haber entregado presuntamente la suma de 600 millones COP al exmagistrado Francisco Ricaurte entre 2013 y 2014 con el objetivo de que fuera archivada la investigación en su contra por parapolítica.
“La presunta alianza entre el compareciente y la organización criminal fue tan solo una transacción beneficiosa en la que se vieron favorecidos los intereses personales de Ashton Giraldo e igualmente de las autodefensas, sin que tal situación se tradujera en la ejecución de alguna de las conductas delincuenciales relacionadas con el conflicto armado”, señaló la JEP.
El pasado 15 de mayo la defensa de Ashton presentó un recurso ante la decisión arguyendo que era “contradictoria, inconsistente y contraria a derecho”.
David Char
El excongresista de Cambio Radical es procesado por presuntos vínculos con el grupo paramilitar Frente José Pablo Díaz, a cargo de Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’.
Según la investigación, en 2002 Char habría pactado un acuerdo con las AUC la entrega de armas a cambio de su apoyo al Congreso. Posteriormente, fue capturado el 28 de octubre de 2017 y enviado a la cárcel mediante una medida cautelar el 8 de noviembre.
El pasado 6 de abril, el excongresista fue recluido de nuevo en la cárcel La Picota de Bogotá, luego de la controversia que se generó el pasado 22 de marzo cuando fue enviado a una guarnición militar por determinación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Un comité de seguridad del Inpec ordenó el traslado argumentando problemas de salud.
La decisión de enviarlo de nuevo al centro penitenciario fue tomada porque Char había sido enviado a un batallón sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, permanece detenido por tráfico de armas y concierto para delinquir
Exjefe militar Salvatore Mancuso se someterá a la JEP
Precisamente el pasado mes de abril, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso anunció que se someterá a la Justicia Especial de Paz.
Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008, y se encuentra recluido en una cárcel de Atlanta, donde paga una condena de 15 años y 10 meses por el delito de narcotráfico. La extradición se dio en el marco de fuertes incursiones del paramilitarismo en la política nacional de Colombia.
La presencia de Mancuso en la JEP y su colaboración con la justicia podría abrir nuevas investigaciones por el caso de la “parapolítica”.
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