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Dentro de las modificaciones que pudo introducir el uribismo a la Ley de Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra la aprobación de una sala especializada que se encargue de juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas con ocasión al conflicto.
Sin embargo, esta propuesta ha generado controversia junto con la exigencia del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que en las ultimas horas pidió a las Fuerzas Armadas la entrega de documentos sobre inteligencia, operaciones militares, y demás documentos relacionados con la defensa y seguridad del Estado.
Este sistema, que hace parte de la JEP y se encarga de asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, ademas de garantizar la convivencia, reconciliación y no repetición del conflicto, pidió al ministerio de Defensa archivos exclusivos de inteligencia militar desde 1953.
En un documento dirigido al ministerio de Defensa, este sistema -compuesto de diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales- señala que es necesario remitir “documentos que aborden el impacto social de las víctimas, militares y policías, sus familiares y sus entornos, igualmente el abordaje de enfrentamientos frente a los hechos de la violencia”.
Y agrega, “documentos de doctrina de las fuerzas militares, doctrina de inteligencia y de inteligencia y manuales operativos y base de datos de las fuerzas militares y de policía”.
Asimismo, se solicita bases de datos de delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) atribuidos a las fuerzas militares y de policía, grupos guerrilleros y otros grupos ilegalmente armados.
Según el General (r) Jaime Ruiz presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) la petición de estos documentos es ofensivo y amenaza la seguridad nacional.
“Lo que no se puede suministrar es aquello que afecta directamente la seguridad y defensa nacional (…) donde aparece fuentes, agencias y la tarea que se cumple de forma cubierta.”
Destacó que la Comisión de la Verdad no puede pretender que le sea entregado informes de inteligencia y contrainteligencia, ya que esta información no es pública. Por otra parte, explicó que ya hay información abierta y desclasificada sobre el conflicto desde el año de 1953.
El pulso por la sala especializada para la cúpula militar en la JEP
Uno de los pulsos del Centro Democrático en el Congreso apuntaba a introducir esta garantía de la sala especializada para los miembros de la Fuerza Pública que hicieron parte del conflicto o que presuntamente estarían involucrados. A juicio del movimiento político, no habría garantías de igualdad e imparcialidad si aquellos que juzgan a los miembros de la exguerrilla de las FARC son los mismos que juzgarían a los militares.
El articulado propuesto por la senadora Paloma Valencia establece que “los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, iniciarán y continuarán su trámite una vez el procedimiento especial y diferenciado para el juzgamiento exista”, esto quiere decir que se tendrá un plazo de 18 meses para que el Gobierno de Iván Duque logre la aprobación de una nueva reforma constitucional.
Y agrega: “mientras mantengan los compromisos de sometimiento a la JEP, podrán mantener los beneficios del sistema y las medidas provisionales decretadas a su favor antes de la entrada en vigencia de esta ley”.
Reparos a la propuesta
Para el ministro del Interior, Guillermo Rivera, el artículo es inconstitucional, puesto que el Acto Legislativo 01/2018 establece de manera obligatoria la comparecencia de exguerrilleros y militares que hicieron parte del conflicto armado sin un trato diferenciado.
Asimismo, los militares activos y un grupo de ellos que se encuentran sometidos a la JEP enviaron un documento expresando su inconformismo ante la iniciativa de crear esta sala de juzgamiento preferente para los militares.
La principal preocupación de los 1.500 de 2.000 militares y policías que se han sometido a esta justicia especial es que habría una inseguridad jurídica procesal al otorgar 18 meses para la creación de la sala especializada para la cúpula militar.
En su momento, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, apuntó al respecto que la JEP les puede dar tranquilidad.
“Este nuevo articulo mantiene una cierta incertidumbre para la Fuerza Pública, cuando lo que tenemos que hacer es reducirla. Dar un plazo de 18 meses para que esté lista la nueva reforma constitucional es generar una incertidumbre exagerada”, dijo.
Uno de los afectados sería el mayor (r) César Maldonado, quien le fue otorgada la libertad condicional el pasado 27 de noviembre y quien tendría que esperar los 18 meses para que su caso empiece a resolverse en la JEP.
No obstante, el decreto 706 de 2017, por el cual se aplica un tratamiento diferenciado a la cúpula militar y que al mismo tiempo garantiza amnistía, indulto, tratamiento diferenciado, penas bajas, implica que deberán colaborar con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
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