El amargo sinsabor que deja la posesión de FARC en el Congreso

Las penas impuestas en la JEP no necesariamente implican una pena privativa de la libertad y, por consiguiente, no restringe que el exfarc con condena vigente cumpla su papel legislativo en el Congreso.

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Las FARC debe establecer un dialogo con el país urbano, sector que mayoritariamente rechaza su discurso y presencia en la política. (Fotomontaje PanAm Post)

La instalación del nuevo Congreso en Colombia este viernes 20 de julio trajo consigo una nueva lógica de representación democrática. La bancada política que se mueve en apoyo al presidente electo Iván Duque, la aparición de miembros de las FARC en política y la sanción del estatuto de oposición, son las nuevas piezas del engranaje democrático para los próximos cuatro años de Gobierno.

Uno de los principales acontecimientos fue la irrupción de la bancada de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en el recinto legislativo, donde los excombatientes se estrenaron como legisladores gracias a los escaños otorgados por vía del acuerdo de paz. Mientras algunos celebraron la apertura democrática del acuerdo y la participación de los exguerrilleros en política, otros no están muy a gusto. Precisamente, la oposición ha señalado que la aparición de las FARC en la política colombiana, no sin antes haber reparado a las víctimas y pasado por la justicia especial, deja un amargo sinsabor con tintes de impunidad.

Dos de los pilares del acuerdo de paz son los que refieren a la justicia transicional y a su participación política. Mientras transcurrieron 7 años de negociación entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el exgrupo guerrillero, se puso como contrapeso el sometimiento a la justicia a cambio de intercambiar balas por votos, de acuerdo con una necesidad ideológica que fundó su lucha guerrillera. Tiempo necesario en el que el mandatario manifestó total rechazo ante un escenario de posesión política de FARC que no fuese acorde con la normatividad del Estatuto de Roma. 

Desde el pasado 27 de junio de 2017, las FARC depuso las armas y se dedicó a construir su plataforma política e ideológica de cara a las elecciones a la presidencia a través del exjefe guerrillero Rodrigo Londoño Timochenko. Esta candidatura fue declinada tiempo después a raíz del rechazo del exfarc en distintas regiones del país, mientras que las 10 curules (cinco en Senado y cinco en Camara de Representantes) ya estaban aseguradas, incluso así nadie les votara. 

Para noviembre del mismo año, se había otorgado personería jurídica a su partido, logrando así la tan anhelada financiación estatal del Estado colombiano, hecho que no han podido lograr partidos minoritarios que buscan participar políticamente en el país.

Señalaba el Gobierno colombiano que el indulto era un “gesto” para generar confianza en respuesta al cumplimiento del cese al fuego, mientras transcurrieron las negociaciones de paz en La Habana. 

“Señores congresistas del partido Farc: ahora que han dejado las armas, que han aceptado aportar a la verdad y acogerse a la justicia transicional, ahora que han jurado respetar nuestra Constitución y las normas y principios de nuestra república… ¡Bienvenidos a este templo de la democracia!”. Dijo Santos en su último discurso como presidente.

Grandes desafíos

Los retos de las FARC ahora como congresistas son de largo aliento. El estigma social que recae sobre los exguerrilleros aún persiste. Sentimiento que fue ratificado luego del resultado del plebiscito del 2 octubre de 2016 en el cual ganó el No, y tiempo después al suscribirse el acuerdo final en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá que permitió a esta guerrilla desmovilizarse.

De acuerdo con algunos analistas, los escenarios positivos de la desmovilización de las FARC  no motivaron a la gran mayoría de colombianos a respaldar el acuerdo, por lo que se habla que el Gobierno Santos habría “sobredimensionado” la paz.”

El fantasma delictivo de las FARC los acompaña ahora en la vida legal, a propósito de la vinculación penal por parte de la DEA de dos de sus principales exguerrilleros desmovilizados por presuntamente seguir en el negocio del narcotráfico. 

Otro de los retos se instala en la articulación de su mensaje político y a qué grupo de la sociedad va dirigido. Los principales argumentos cuando fungían como representantes armados de lo rural en el país significó una afinidad con esas familias y poblaciones que han estado por mucho tiempo fuera del foco estatal. 

Las FARC debe entonces establecer un dialogo con el país urbano, sector que mayoritariamente rechaza su discurso y presencia en la política.

«Nos comprometemos a impulsar la implementación del acuerdo de paz de manera prioritaria, hoy empezamos con esta tarea propositiva radicando los proyectos de ley que consideramos fundamentales para este propósito», indicó Victoria Sandino, después de firmar los documentos que su bancada radicó ante la Secretaría del Congreso. Pero hasta allí no llegaron solos.

Cabe destacar que el resultado de los comicios para el Congreso revelaron la poca representación que ven los colombianos en los exguerrilleros. Con tan solo 52.532 votos se estrenaron en la política colombiana, ocupando el decimocuarto lugar entre los partidos votados, estuvieron a dos posiciones de ocupar el ultimo lugar.

De manera que las FARC sigue generando resistencia dentro de las opciones electorales, su discurso político no ha calado dentro del pensamiento de muchos colombianos.

Sin Márquez y sin Santrich

Sin Iván Márquez y Jesús Santrich, la bancada de las FARC tomó la posesión en el Congreso. Pablo Catatumbo, Carlos A. Lozada, Victoria Sandino y la esposa del exjefe guerrillero Manuel Marulanda, Sandra Ramírez, fueron los principales miembros de ese movimiento que asistieron a la cita del Nuevo Congreso 2018- 2022.

La ausencia de los dos exfarc dice mucho, pues se trata básicamente un golpe al núcleo del acuerdo que pretende cubrir de la injerencia y juzgamiento de la justicia ordinaria que se traduciría en penas severas y de encarcelamiento para los excombatientes. No obstante, es claro que todo aquel que se haya desmovilizado y haya permanecido delinquiendo después de la firma de la paz será expulsado de la jurisdicción especial y será remitido por la justicia penal ordinaria. 

El presidente Duque ha señalado que el narcotráfico no debe ser considerado conexo al delito político. Además, el llamado de atención a aquellos que aún tengan armas, dineros escondidos o que incluso sean reincidentes, serán “castigados ejemplarmente”, ha señalado. 

El panorama político para Santrich cada vez se reduce, pues actualmente es pedido en extradición por conspiración del delito de narcotráfico, con pruebas allegadas por la Fiscalia colombiana y la DEA. Al mismo tiempo, la renuncia de Márquez al Senado y la huida de Bogotá hacia la región de Miravalle, Caquetá, aduciendo falta de garantías, ratifica la sospecha de la oposición y es que las FARC estaría incumpliendo. 

El reemplazo de Márquez por el exfarc Alberto Zúñiga, alias “Benkos Bioho,” quien actualmente es condenado a 36 años y 6 meses de prisión por la masacre de Bojayá, engrosa el sinsabor de una justicia que no ha llegado para las víctimas a cambio de una representación política. 

En una entrevista para el portal El Tiempo el 5 de julio de 2015, la Directora de articulación de Fiscalías, Heyck Puyana, señalaba que había que ser realistas con la idea de encarcelar a los altos mandos de las FARC.

“Hay que ser realistas y decirles a los colombianos que la solución de un conflicto armado de 60 años no es tener a ‘Iván Márquez’ en La Picota». A la pregunta: ¿Todas esas investigaciones sobre las FARC quedarán archivadas si hay paz? dijo: “estos casos entrarán en un análisis de valoración jurídica dentro de la justicia transicional que se establezca.”

Bajo esta perspectiva de justicia ya existe mayor claridad, pues la misma JEP encargada de juzgar a los exguerrilleros ha señalado que las penas impuestas en esa jurisdicción no necesariamente implicarían una pena privativa de la libertad y que, por consiguiente, no restringiría que el exfarc con condena vigente cumpla su papel legislativo en el Congreso. 

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