La paradoja de condenar al Estado colombiano por ataques guerrilleros

Para juristas es paradójico que por un acto que cometió las Farc no se les atribuya responsabilidad alguna y que actualmente se encuentren ocupando curules en el Congreso.

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Cabe destacar que un juzgado de ejecución de penas en mayo del año pasado otorgó la libertad condicional al exguerrillero conocido bajo el alias de “Pedro”, condenado por la justicia ordinaria a 40 años por el atentado terrorista al club El Nogal. (Fotomontaje PanAm Post)

Se suma una nueva condena al Estado colombiano por ataques terroristas de las FARC perpetrados en el pasado. Esta vez, la Sección Tercera del Consejo de Estado emitió una decisión judicial que condena a la Nación a pagar una millonaria sanción (cifra aún no divulgada) por el ataque terrorista perpetrado por la guerrilla de las FARC al club El Nogal ocurrido el 7 de febrero de 2003 y que dejó un saldo de 36 personas muertas y 198 heridos.

En la mayoría de este tipo de decisiones judiciales el principal argumento radica en la incapacidad del Estado de prevenir ataques ‘anticipados’ por el grupo guerrillero, falta de entrenamiento de soldados y policías, tardía reacción frente a los mismos. Según las condenas, a la fecha el Estado colombiano tendrá que pagar al menos 100 mil millones COP por indemnizaciones a víctimas.  Faltarían por resolver otras 50 demandas.

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Según juristas consultados, esta decisión resulta paradójica, ya que no se les imputa responsabilidad a la guerrilla de las FARC, que cometieron el crimen de guerra y cuyos miembros actualmente se encuentren ocupando curules en el Congreso.

PanAm Post habló con el abogado penalista, Diego Suarez, sobre la condena a la Nación por el ataque al club El Nogal en la ciudad de Bogotá. Según el jurista la justificación del fallo no le parece ajustada en lo que tiene que ver con las víctimas.

De acuerdo con la decisión del máximo tribunal de la jurisdicción administrativa “se estableció que el ministerio del Interior, adelantaba en el club El Nogal repetidas reuniones y actividades institucionales. Se conoció también que la ministra de Defensa pernoctaba frecuentemente en el Nogal, en las instalaciones de hotel que tiene el club, y que se encontraba Bogotá en una situación de conmoción interior”.

Otro de los argumentos de tribunal destaca que la población civil es ajena al conflicto y es protegida por el derecho internacional, por lo que no debía ser expuesta por las autoridades. Al mismo tiempo, se hizo énfasis en que las instalaciones del club sirvieron como “encuentros institucionales».

“La presencia permanente de la ministra de Defensa implicó el agravamiento de un riesgo que los socios y los trabajadores que sufrieron los daños no estaban en la obligación de soportar. Se aclara la obligación del Estado de mantener a la población civil alejada del conflicto y conociendo de la grave alteración del orden publico de Bogotá”, añade la sentencia.

Para Suarez, en lo que tiene que ver con las víctimas, establecidos los responsables, en este caso las FARC, son ellos los llamados a hacer esas reparaciones. «Máxime cuando se sometieron a un proceso de paz en el que justamente se comprometieron a contar la verdad y a enmendar sus errores y por supuesto eso implica, la indemnización a las personas afectadas. No puede admitirse como justificación de la condena, que se estaban surtiendo reuniones de Gobierno en ese lugar», dijo.

El jurista explicó que las actividades que realizaron los socios o invitados en el club son exclusivamente del resorte de ellos. “Creo que la responsabilidad por el daño causado emerge es de la actividad criminal solamente. No puede la nación responder por actividades terroristas”, puntualizó.

El presidente del Congreso Ernesto Macías tampoco estuvo complacido con la decisión.  Afirmó que se debe revisar situaciones en las que el Estado es responsable y los autores quedan libres.

Según el legislador, quien es respetuoso de las decisiones judiciales,  «la preocupación es que los criminales siempre se salen con las suyas, qué va a pasar con los criminales que cometieron todo lo que hicieron».

Agregó que «el Estado es culpable siempre de todas las acciones de los criminales y creo que eso el país tiene que revisarlo».

De hecho, en el fallo judicial por el ataque de El Nogal no se pudo comprobar la presunta presencia en el club del exjefe paramilitar Mancuso, testimonios entregados por el exparamilitar alias El Alemán, indican que había una fuerte posibilidad de ataque a las instalaciones del prestigioso lugar. La decisión de la magistrada Stella Conto abrió la puerta para conocer las responsabilidades en el ataque.

El Consejo de Estado además ordenó enviar su decisión al Centro Nacional de Memoria Histórica,  a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad, con el fin de documentar la memoria del país y contribuir a su esclarecimiento.

Cabe destacar que un juzgado de ejecución de penas en mayo del año pasado otorgó la libertad condicional al exguerrillero conocido bajo el alias de “Pedro”, condenado por la justicia ordinaria a 40 años por el atentado terrorista al club El Nogal.

Condenas famosas contra el Estado por ataques terroristas 

Toma de Mitú: ataque terrorista perpetrado por al menos 1.200 guerrilleros de las FARC ocurrido el 1 de noviembre de 1998, destruyeron la estación de Policía y asesinaron a 11 civiles y 30 miembros de la fuerza pública.

Toma de Miraflores: ataque terrorista de las FARC a la base Antinarcóticos de la Policía y al batallón del Ejército de Miraflores (Guaviare) ocurrido el 3 de agosto de 1998 dejando 16 uniformados muertos, entre policías y militares, 26 heridos y 129 secuestrados. Indemnizaciones que superan los 18.000 millones de pesos.

Ataque a base de Las Delicias: toma de la base militar de Las Delicias por parte de las FARC (Puerto Leguízamo, Putumayo), ocurrida el 30 de agosto de 1996,  murieron 27 militares y hubo 16 heridos y fueron secuestrados 60 más.

De igual modo, han existido otras condenas a la Nación por grupos al margen de la ley y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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