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Una de las principales críticas a los políticos tras ser elegidos es si cumplen o no con lo prometido durante sus campañas, pero en este aspecto no hay mucho que reprocharle a Iván Duque. El recién elegido mandatario ya puso sobre la mesa una de estas propuestas que ha abierto el debate en toda la sociedad colombiana, ya sea a favor o en contra, se trata del tema de las drogas en el país.
Precisamente Duque habló sobre un decreto para que la Policía pueda decomisar cualquier cantidad de droga sin tener en cuenta la dosis mínima con el fin de reducir los índices de violencia y adicción.
“Vamos a avanzar en la confiscación de cualquier dosis de droga que esté en las calles de Colombia”, ratificó Duque al asegurar que va a cumplir su promesa de sacar a los expendedores de droga de los lugares cercanos a los colegios.
Al mismo tiempo aclaró que los consumidores no son delincuentes, “con el objetivo de proteger a nuestros niños, vamos a expedir un decreto para que la policía confisque en las calles cualquier dosis”.
Esta lucha contra las drogas que ahora emprende el Gobierno Duque ve con buenos ojos las críticas que ha realizado el Fiscal General Nestor Humberto Martínez sobre la dosis de aprovisionamiento, cantidad que excede el tope de dosis mínima pero que sirve como argumento para que el consumidor pueda hacerlo durante un tiempo establecido, siempre y cuando se demuestre que es para consumo y no venta.
El problema del consumo de drogas ha ido creciendo y está desbordado. Tenemos que sacar a los jíbaros de los parques y sancionarlos con efectividad. #ElPaísDeLosJóvenes #DuqueConLosJóvenes pic.twitter.com/qftOr5aLns
— Iván Duque ?? (@IvanDuque) April 11, 2018
Al respecto, Martínez en julio pasado radicó en el Congreso, junto con los alcaldes de las ciudades capitales, un proyecto de ley que prevé medidas para combatir el narcomenudeo en el país. La propuesta busca poner un límite a la dosis de aprovisionamiento imponiendo un tope al porte de droga del doble de la dosis mínima. Del mismo modo, se busca endurecer las penas para quienes induzcan a los menores de edad al consumo de drogas y castigar con las penas más altas a los reincidentes en este tipo de delitos.
Esta propuesta reabre la polémica que genera la lucha contra las drogas. Por un lado están los prohibicionistas que exigen penalizar todo consumo para así evitar una proliferación de delito, reducción de violencia y un ambiente sano en la sociedad. Y por otro, está la postura de aquellos que piden legalizar, señalando que la política de criminalizar al consumidor no logra los resultados esperados, con el agravante que, en gran parte, el crimen organizado se alimenta de la prohibición del narco para expandirse.
Ante las criticas, el mismo Duque ha dicho que lo que se busca es “decomisar las drogas, no de penalizar”, que la Policía tenga un mayor control en las calles y que se produzcan resultados en la lucha contra el microtráfico.
“El plan para combatir el microtráfico no ataca la dosis mínima”
Hay que tener en cuenta que los eslabónes de la cadena de narcotrafico contemplan diferentes etapas, que por ejemplo, la propuesta de Duque de confiscar todo tipo de droga en las calles, atiende solo una de estas.
Y es que para que el estupefaciente llegue a las manos del consumidor tiene que pasar por un proceso que implica muchos manos, entre ellas, las criminales e incluso transnacionales.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha catalogado la etapa del narcotráfico en 6 procesos: producción, elaboración, exportación, distribución, consumo y lavado de activos
PanAm Post habló con Sergio Uribe, experto en política de drogas, quien señaló que la propuesta del presidente Duque apacigua los radicales prohibicionistas, pero no ataca la dosis mínima que es lo que trae a su lado a los consumidores.
“Demanda del sector salud enfrentar el problema desde la perspectiva de la reducción del daño, pero no presenta estrategias ni presupuesto para eso. Es un discurso político mas no una política. Falta mucho para que este Gobierno defina que hacer”, indicó.
Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional ha otorgado garantías constitucionales a los consumidores como una acción que hace parte del libre desarrollo de la personalidad. Esta decisión que data de 1994 ha sido puesto en la mira por diferentes gobiernos al criticarla fuertemente y ser ápice para que la droga circule en las calles.
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