Vargas Lleras rompe silencio sobre consulta anticorrupción

Celebró la decisión del Gobierno Duque de respaldar la iniciativa desde el Congreso, pero asegura que siempre tuvo “reparos” sobre su contenido. 

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Vargas Lleras confirmó que la propuesta presentada por su partido en el Congreso en materia de justicia también busca combatir la corrupción. (Twitter)

Días después de celebrada la consulta anticorrupción, el excandidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras, rompió el silencio y  celebró la decisión del Gobierno del presidente Iván Duque de respaldar la iniciativa desde el Congreso. Sin embargo, asegura que siempre tuvo “reparos” sobre su contenido. 

En una seguidilla de comentarios en su cuenta de Twitter, el entonces exvicepresidente de Juan Manuel Santos habló sobre la propuesta de Cambio Radical para reformar la justicia y la consulta.

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“Tuve siempre mis reparos a la consulta anticorrupción, no solo por sus altísimos costos, sino porque la mayoría de los temas en ella planteados ya estaban consignados en leyes vigentes”.

Resaltó como positivo la participación de más de 11 millones de colombianos en las urnas para expresar su rechazo al flagelo de la corrupción, “son medidas contundentes que permitirá legitimar la adopción de contundentes medidas para relanzar esta cruzada”.

Como había anticipado PanAm Post sobre el adelanto del partido Cambio Radical al haber radicado ante el Congreso un proyecto de ley que busca solucionar los problemas en la administración de justicia y hacerla más eficiente, Vargas Lleras confirmó que la propuesta presentada por su partido en el Congreso en materia de justicia también busca combatir la corrupción.

“Para combatir este flagelo, el partido Cambio Radical ya dio un primer paso en el  proyecto de reforma a la justicia,  radicado por la bancada de esa colectividad, propone la eliminación de las contralorías departamentales y municipales”.

Criticó, por ejemplo, los gastos en sostenimiento fiscal de “centenares “ de contralorías en el país que “no previenen ni presentan resultado alguno”, además de tener un costo aproximado al billón de pesos. 

En materia extinción de dominio explicó que la normatividad existente no está operando. Para combatir este delito propuso que el proceso penal inicie en el momento de presentación del escrito de acusación.

“Nada que les duela más a los corruptos que perder el producto del ilícito, por eso se propone dar competencia a los juzgados penales del circuito, ya que hoy los 11 jueces especializados no dan abasto”.

Del mismo modo, habló sobre la propuesta de garantizar una mayor transparencia en la declaración de bienes y renta presentados por los funcionarios públicos. Adicional a esto, indicó que es muy importante que se establezca la acción de repetición contra los funcionarios y sea instaurada desde el inicio y no transcurridos varios años, cuando estos ya se han insolventado.

“La Ley 190 ya estableció la obligación para todo servidor público de presentar su declaración de bienes y rentas. Hay que centralizar esta información y cotejarla con la realidad”, dijo.

Para Vargas Lleras en materia de contratación pública se necesita tomar medidas como la de limitar la contratación directa cuando no eliminarla del todo. También hacer obligatorios los pliegos tipo, propuesta contenida en la consulta. 

Entre otras propuestas está la creación de un tribunal de impugnación de adjudicaciones, así como el fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que desde su perspectiva “son imprescindibles» en este nuevo esfuerzo. Del mismo modo, habló sobre la propuesta de un eficaz sistema de calificación del desempeño de los servidores públicos por la ciudadanía.

Por otro lado, elogió el proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de corrupción en el sector privado. “Celebro que el Gobierno haya acogido esta iniciativa”, dijo. 

Cabe destacar que la Corte Constitucional abrió la discusión a partir de una decisión judicial del año 1999 sobre la pertinencia de esa consagración normativa para delitos específicos que afectaban a la colectividad o atentaban contra el medio ambiente.

Sin embargo, al respecto advierten los expertos que la experiencia internacional ha desechado la solución penal para las personas jurídicas, y se han enfocado en el derecho administrativo sancionador.

El jefe natural de Cambio Radical concluyó que deberían acabarse los contratos interadministrativos, pues no es otra cosa que la intermediación de congresistas y miembros de corporaciones públicas en la contratación de los recursos de los colombianos.

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