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Fue aplaudida la decisión del presidente Iván Duque de no extraditar al diputado venezolano, Julio Borges, quien es requerido por el régimen de Nicolás Maduro por su presunta participación en el atentado fallido del pasado 4 de agosto.
“Nosotros no vamos a extraditar a un perseguido político para que una dictadura abuse de sus derechos humanos. Sería absurdo que nosotros estuviéramos pensando en que una personas que está luchando por la libertad de su pueblo, se le pida en extradición y nosotros hiciéramos un despropósito de esa naturaleza”, aseveró el Jefe de Estado colombiano.
Las palabras de Duque apuntan a lo que posiblemente ocurrió cuando el expresidente, Juan Manuel Santos, extraditó a Venezuela al activista Lorent Saleh, férreo opositor del régimen venezolano y quien hoy se encuentra recluido con graves afectaciones a su salud.
Agradecido con el pdte @IvanDuque y el pueblo de Colombia. Esto es una muestra más de apoyo al trabajo que venimos realizando con la comunidad internacional. Estamos articulando un consenso en toda América para que se consideren todas las opciones y lograr la salida de Maduro. pic.twitter.com/oTMlNxGhvD
— Julio Borges (@JulioBorges) September 24, 2018
Se cumplen 4 años de la entrega de Lorent Saleh a Maduro
Lorent Saleh no corrió con la misma suerte de Borges. Llegó a Colombia en febrero de 2014 por vía legal, para esa fecha el joven estudiante tenía un salvoconducto del Gobierno colombiano. El motivo por el cual era requerido por la justicia del vecino país era que desde 2010 a Saleh se le había impuesto en Venezuela un régimen de presentación por el cual tenía que presentarse ante la justicia cada 21 días hasta que se abriera un juicio por los delitos de incitación al odio y obstrucción de vías públicas, luego de haber sido relacionado con protestas y manifestaciones contra el régimen.
.@yamisaleh en @LaNocheNTN24: "Pido al actual gobierno encabezado por Iván Duque y Marta Lucía Ramírez que inicien todas las investigaciones pertinentes para esclarecer a los responsables del secuestro de mi hijo. Ya son 4 años de torturas, injusticias y violaciones a los #DDHH" pic.twitter.com/Zd5BZ85G2W
— Yamile Saleh Rojas (@yamisaleh) September 26, 2018
El extranjero había dejado de presentarse hace unos años, pero siempre estuvo en Venezuela.
Según la Cancilleria, Saleh ingresó el 19 de febrero de ese año con un permiso para adelantar actividades académicas no formales como director de la ONG Operación Libertad. Sin embargo, el consulado colombiano manifestó que su permiso había vencido tiempo después, precisamente el 19 de mayo, hecho que no se renovó.
Tres meses después, Migración le otorgó un salvoconducto por 10 días más, pero con la advertencia de no adelantar “ningún tipo de actividad” proselitista, permiso que venció el 6 de agosto y fue arrestado en Bogotá el 4 de septiembre en su residencia.
El arresto en Colombia y deportacion a Venezuela justificado por Migración Colombia con en el artículo 105 del Decreto 4000 de 2004.
Para el Gobierno de Santos, Saleh era incómodo pues representaba, según el articulado, una amenaza “contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social”.
Justamente, en la ciudad de Cúcuta increpó al hoy candidato a la alcaldia de Bogotá, el exgurrillero del M-19 y político de la Alianza Verde, Antono Navarro Wolf.
El video fue subido por el propio Saleh a su canal de Youtube y tiene más de 114 mil visitas.
“Ex-guerrillero del M-19 de Colombia apoya el asesinato de estudiantes en Venezuela, así lo afirma el Candidato al Senado Navarro Wolf», destaca la publicacion en YouTube, donde agrega: «(Ex-guerrillero Terrorista del M-19) Quien amenaza a quienes preguntan porque el silencio frente a los crímenes”.
Una privación “arbitraria”
Carlos Nieto Palma, abogado de Saleh señaló en varias ocasiones que la detención fue “arbitraria”. A su juicio, no existía dentro del expediente del joven activista orden de captura, ni tenia boleta emitida por Interpol en su contra, ni tampoco solicitud al Gobierno colombiano para que lo expulsara.
Las solicitudes que habían en su momento por parte de la Fiscalía y la orden de captura del mismo tribunal en Venezuela tienen fecha del 6 de septiembre y Saleh fue detenido en Bogotá el 4 de septiembre. Es decir, los requerimientos de justicia por parte del vecino país fueron posteriores a la deportación, cuando Saleh ya estaba en Caracas, en el Sebin. En Colombia muchos acusaron a Santos de “entregarlo” a Maduro.
El expresidente y senador Álvaro Uribe salió en defensa de Saleh, señalando que el expresidente Santos entregó al joven estudiante, mientras Maduro “protegía” a terroristas.
Santos entrega estudiantes a Maduro que protege a terroristas
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 5, 2014
Asimismo, el hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, sostuvo que la excanciller María Angela Holguín y Juan Manuel Santos serían los culpables de lo que le pasara a Saleh.
Si algo le pasa a Lorent Saleh dos personas son responsables: Juan Manuel Santos y María Angela Holguín.
— Pacho Santos (@PachoSantosC) September 5, 2014
De igual modo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se ha sumado a la defensa del preso político, al asegurar que el Gobierno Santos lo hizo para “congraciarse” con Maduro.
«Desde el comienzo advertimos que si el gobierno Santos extraditaba a Lorent Saleh, estaría en unas mazmorras sin ningún respeto a los Derechos Humanos, ni garantías procesales. Lo hicieron sólo por congraciarse con el dictador de Venezuela. Esa culpa los acompañará hasta la muerte”, dijo.
El 2 de marzo de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares de protección en la resolución 6/2015 a favor de Lorent Saleh y Gerardo Carrero. El documento de la CIDH reseña que Saleh y Guerrero “estarían ubicados en un sótano (cinco pisos bajo tierra), conocido como ‘La Tumba’, del edificio que funciona como sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)” en Venezuela.
En su proceso penal se registran 52 audiencias deferidas y sin juicio. Mientras tanto, su madre Yamile Saleh clama por la libertad y salud de su hijo.
“La Organización de Naciones Unidad (ONU) determinó que la detención de Lorent Saleh fue arbitraria y motivada a razones políticas desde el primer momento y que ambos Estados, Colombia y Venezuela, están involucrados en esta arbitrariedad. Pido que liberen a mi hijo”, ha señalado.
