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Las exigencias de los estudiantes y profesores en Colombia fueron aglutinadas en las principales calles del país, muchos de ellos dejaron las aulas e instalaciones universitarias para exigirle al Gobierno de Iván Duque mayor financiación en esta cartera.
Lo que es cierto, y a pesar de que la marcha tuvo un notado tinte político, el progresivo desfinanciamiento del sector educación no es a causa del presidente entrante, sino que ha sido un cúmulo de malas decisiones de política pública, corrupción, clientelismo, y hasta de manejo de sindicatos.
Por esta razón, PanAm Post consultó a expertos sobre la posible solución al sistema educativo en el país. Para el abogado, Rodrigo Galarza, el debate sobre la educación en el país es pertinente, pero envuelve intereses “diversos e inconfesables”.
“Es cierto que las universidades públicas atraviesan una crisis financiera. Lo que no revelan es que el costo administrativo (gasto corriente en personal administrativo) es muy alto y acumula pasivos de largo plazo (pensiones, primas, cesantías). En esas condiciones, entonces la cuestión es que si se asigna más presupuesto, a qué se va a destinar: ¿Infraestructura, personal docente o administrativo, ampliación de cobertura, etc y qué incentivos se plantean para que racionalicen costos y se produzcan mejoras en calidad?
Galarza advierte que especialmente sobre estas preguntas no se está hablando y, cuando alguien lo plantea, se le descalifica ideológicamente.
“La otra cuestión es la ideología. Muchos piensan que si la educación es un ‘derecho’ entonces debe ser provista en forma gratuita. Esa tesis ignora que eso es materialmente imposible. También que asumir semejante compromiso implicaría recortes en otros rubros presupuestales de inversión y gasto, pero ninguno está dispuesto a ‘renunciar’ a lo que obtiene de otro lado. Tampoco están dispuestos a pagar más impuestos ni a equilibrar la balanza. En ese sentido, la discusión es circular e inútil porque es ideológica y no profesional con fundamento en data”.
En este sentido, explicó lo que al parecer muchos desconocen, de acuerdo a la evidencia, es que asignar más presupuesto a un determinado rubro no se traduce de inmediato en mejoras.
“El caso más reciente es el sector justicia. Desde la Constitución del 91 el gasto ha crecido exponencialmente y no existe una mínima mejora en ámbito alguno: el aparato judicial no opera, la morosidad crece sin límite y la calidad de los fallos es cada vez peor. Dicho con otras palabras, si el diseño de incentivos no es el apropiado, todo peso adicional que se destine es a fondo perdido”.
Finalmente, el experto sostuvo que es un error pensar en la educación desde la perspectiva en que se ha planteado el debate.
“La dicotomía entre sí se apoya o no la universidad pública o si debe acabarse el programa ‘ser Pilo paga’, no es una ‘majadería’. Lo crítico es trazar una política de largo plazo para reducir las brechas que afectan a los más pobres y eso empieza por los programas destinados a la primera infancia que es donde inicia la pobreza o se acentúa”.
¿Voucher escolar: una solución?
Cuando se habla de voucher escolar entramos a discutir sobre cuál es el mejor modelo educativo. En Colombia, expertos y miembros del movimiento libertario han manifestado que esto podría ser una solución al tema educativo en el país y que debería ser tenido en cuenta en temas de política pública.
Basicamente, se busca financiar la demanda, es decír a los padres y estudiantes. Que decidan su propio programa de estudios y su propio estilo de enseñanza, sin intervención por parte del Estado.
El economista Henner Solarte le dijo a PanAm Post que a nivel escolar (primaria y secundaria), está a favor del voucher. Sin embargo, a nivel universitario piensa que es una mala idea.
“Los costos por estudiante dependen de la universidad a la que vayan y la carrera que estudien. No cuesta lo mismo un estudiante de administración de una universidad del Chocó y otro de la U. Nacional en Bogotá. Ahí se genera la primera distorsión sobre la asignación adecuada del voucher, y considerando el tipo de estudiante, cada persona lleva la carrera a su ritmo. Aquel que tiene que trabajar, no ve el mismo número de asignaturas que el estudiante que no trabaja en un mismo periodo académico. Lo otro, como se notó con ‘ser pilo paga’, los jóvenes prefieren estudiar en las universidades privadas, y la verdad creo que dejaría en amplia desventaja a las públicas, que correrían un mayor riesgo de perder programas y que lleguen a ser mejores que en instituciones privadas. Como también el aumento de instituciones de garaje que pretendan estafar estudiante de regiones alejadas con los vouchers”.
Para el abogado Alonso Valencia, los bonos generarían inflación en los precios, a su juicio, el mejor modelo educativo sería tener libertad en el mercado y que no hayan pruebas estatales.
“Habría inflación, porque el excedente que genera el pago de bonos haría que los colegios o las universidades subieran los precios. Se debe tener en cuenta que sin regulación y libre mercado cualquiera pudiese elgir el colegio o unviersidad acorde a sus ingresos, y más importante es que habrían alternativas como carreras técnicas y otras”, indicó.
Solarte agregó que sobre el debate de la educación en el país se necesita revisar el financiamiento y aumentarlo, haciendo la advertencia que las universidades públicas deben tener el compromiso de administrar eficientemente dichos recursos.
“No esta mal que universidad públicas generen riqueza, universidades como la Nacional han sido ejemplo de tener personal capacitado para hacer estudios al sector público y privado, y obtener remuneración por ello. Se debe revisar la cantidad de estudiantes que solo están en la universidad con fines políticos y no de estudio. Creo que permitir que un estudiante esté más de 10 años cursando una carrera es motivo de que las universidades estén como estén”, concluyó.
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