Petro recurre a su vieja estrategia: protestas para evadir nuevas sanciones

Marcha convocada por Petro para el 28 de noviembre coincide con paro de estudiantes y Fecode

309

 

La decisión de la Corte Constitucional pone en jaque al político de izquierda, según el alto tribunal no es posible posesionar en un cargo de elección popular mientras exista sanciones de tipo fiscal pendientes. (Fotomontaje PanAm Post)

El hoy senador Gustavo Petro revivió una estrategia política frente a fallos judiciales en su contra. Cuando fue alcalde de Bogotá invitó a la ciudadanía a volcarse a las calles con motivo de rechazar las decisiones judiciales y apoyarlo, ahora con nuevas sanciones, pretende hacer lo mismo.

Suscríbase gratis a nuestro boletín diario

En un fallo de segunda instancia, la Contraloría Distrital en cabeza de Juan Carlos Granados, confirmó dos multas contra Gustavo Petro por el caso de manejo y recolección de basuras en Bogotá que sumarían $130 mil millones COP y de paso limitarían sus futuras aspiraciones políticas.

La decisión de la Corte Constitucional pone en jaque al político de izquierda, según el alto tribunal no es posible posesionar en un cargo de elección popular mientras exista sanciones de tipo fiscal pendientes.

Contribuya hoy al PanAm Post con su donación

De inmediato, el político de izquierda atacó la decisión señalando una justificación motivada por intereses particulares, dado que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue anteriormente el jefe político del contralor de Bogotá. Granados aseguró que no está impedido para tomar decisiones, ya que el proceso se inició en la administración pasada.

Sin embargo, Petro fue más allá y aseguró que la decisión de sancionarlo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y, por consecuencia, restringir sus derechos está en cabeza del presidente, en este caso, Iván Duque.

Las dos multas tienen que ver con el aseo en la capital, una de ellas porque prácticamente dejó tirados 116 compactadores y no aplicar el régimen de competencia.

Fallo procuraduría y protesta

Ante la sanción en 2013 del entonces procurador Alejandro Ordóñez que lo destituyó e inhabilitó por 15 años, Petro movilizó a sus simpatizantes a la calle argumentando que el fallo se trató de una verdadera “persecución política”.

El argumento del exprocurador se basó en que el manejo del esquema de basuras en la capital colombiana no fue el adecuado y estuvo por fuera de la ley lo que terminó por colisionar a la ciudad entera con relación a la recolección de basuras.

El político acudió a instancias internacionales y se le otorgaron medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cuatro años más tarde la sanción fue anulada por el Consejo de Estado.

A raíz de la decisión, podría haber una sanción contra el Estado colombiano de acuerdo con lo dicho por Petro. En su cuenta de Twitter aseguró que su caso fue llevado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Internacional.

Marcha coincide con paro de estudiantes

Calificando la multa como “impagable”, el hoy senador decidió adoptar de nuevo el modelo de defensa social contra fallos en su contra invitando a sus seguidores a una movilización para este próximo 28 de noviembre.

Precisamente esta fecha coincide con la el paro estudiantil en el país y el paro de 24 horas que piensa llevar a cabo el sindicato de maestros de Fecode.

“La movilización el 28 de noviembre es contra el IVA a a la comida, por la educación publica y por la democracia y La Paz”, indicó.

Y agregó, que la sanción fue impuesta por un funcionario de Vargas Lleras sobornado por “Odebrecht” e invitó a todos los nodos de la Colombia Humana movilizarse.

Las sanciones en su contra suman más de $300 mil millones COP, teniendo en cuenta que tiene una quinta parte de su salario embargada. En Colombia un congresista recibe un salario mensual de  31.331.823 equivalente a los 40 salarios mínimos.

Por su parte, Granados explicó las razones por qué se han emitido tres decisiones fiscales contra Petro, por $300 mil millones COP.

«La circunstancia no es que la cuantía se la inventó el Contralor y esos hallazgos fueron antes de que nosotros llegáramos (…) la cuantía la hacen los expertos en el tema», dijo a RCN Radio.

De igual modo, sostuvo que cualquier persona que haya sido sometida a una sanción y que no esté conforme con las decisiones de esa entidad, puede apelar esos fallos ante el Tribunal Superior de Bogotá y el Consejo de Estado.

Para el Contralor,  la primera decisión contra Petro por $40 mil millones COP se debe a la compra de 218 vehículos compactadores para recoger el 100% de las basuras en Bogotá. “Por haber comprado camiones de más que no fueron utilizados en la nueva implementación de recolección de basuras”, dijo.

Por otro lado, la otra multa por $90 mil millones COP se debe a la inaplicación de la libre competencia al momento que se contrató el nuevo esquema de aseo para la capital.

Asimismo, se conocerá otra posible sanción por el caso de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI) de propiedad de la Empresa de Energía de Bogotá EEB.

Según Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, en 2011, la EEB en cabeza del entonces alcalde, Samuel Moreno, vendió el 32% de TGI a la sociedad Citi Venture Capital International por un valor de USD $400 millones. Tres años más tarde, en 2014, cuando Petro era alcalde, la EEB readquirió el mismo paquete accionario, esta vez por USD $880 millones, pagando un 120% de sobrecosto en apenas 3 años.

Contribuya hoy al PanAm Post con su donación

Suscríbase gratis a nuestro boletín diario
Suscríbase aquí a nuestro boletín diario y nunca se pierda otra noticia
Puede salirse de la lista de suscriptores en cualquier momento