Gobierno Duque protege sistema financiero por boicot desde redes sociales

La tuitera de izquierda, Maria Fernanda Carrascal, aseguró en su cuenta con el hashtag #NoAlGrupoAval que se trata de una “protesta justa, legítima y pacífica”.

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Con el argumento de libre elección de los consumidores y libre mercado, la tuitera de izquierda explicó que hay libertad para que los usuarios muestren su inconformismo. (Flickr)

A raíz del caso de corrupción por Odebrecht en Colombia empezaron a circular en redes sociales mensajes con información falsa en la que invitan a los usuarios del sistema bancario del Grupo Aval a retirar sus ahorros debido a que una autoridad norteamericana iba a embargar los recursos de esta entidad.

Jorge Castaño, superintendente financiero, manifestó que un grupo de ciudadanos motivaron a los usuarios en Twitter a retirar el dinero de sus cuentas bancarias por presuntos actos de corrupción.

Por lo tanto, la Superfinanciera interpuso ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por este delito, ya que con estos mensajes se estaría buscando desestabilizar el sistema financiero en el país.

“La norma penal es clara, poner un tweet o un retweet con información falsa motivando a que se genere pánico económico tiene consecuencias penales que van desde pena privativa de libertad y multa, según lo dispuesto en el artículo 302 del código penal”, comentó Castaño durante el simposio número 30 de mercado de capitales de la Asobancaria.

Al mismo tiempo, pidió a estas personas “mayor objetividad y criterio” a la hora de compartir mensajes en redes sociales.

El funcionario fue enfático al señalar que el sistema financiero colombiano tiene una “solidez que las cifras corroboran en términos de solvencia y liquidez”.

Quienes han respaldado el boicot contra el Grupo AVAL afirman que haber radicado la denuncia por pánico económico es una limitación y desconocimiento a la libertad de expresión.

¿Pánico económico en Colombia?

Según expertos en derecho penal consultados por PanAm Post en este caso no hay muestra de configuración del delito de pánico económico. Desde la Ley 599 de 2000 por la cual se creó el actual código penal en Colombia hasta la fecha no ha habido condena alguna por este delito en el país.

Al parecer, la persona que habría creado toda esta sensación de zozobra en las redes sociales y que puso a hablar a los altos dirigentes de la banca y economistas en el país fue la activista de izquierda María Fernanda Carrascal, una de las más férreas defensoras del senador Gustavo Petro, quien impulsó en Twitter este fin de semana una tendencia en contra de la organización del Grupo Aval en cabeza del reconocido empresario Luis Carlos Sarmiento.

Carrascal es acusada de por promover y generar pánico entre los usuarios menos informados de la situación financiera del Grupo Aval por su presunta participación en corrupción. Sin embargo, hay quienes afirman que es una tuitera que no podría poner en jaque al sistema financiero en el país.

Precisamente, la misma Carrascal aseguró en su cuenta, con el hashtag #NoAlGrupoAval, que se trata de una “protesta justa, legítima y pacífica”.

Sin embargo, la tuitera, que ha criticado fuertemente iniciativas de libre mercado como Rappi, que consiste en la capacidad de acercar el consumidor a cualquier tipo de producto o servicio desde el celular, hace uso del mismo argumento para justificar la protesta contra los servicios del sistema financiero.

Carrascal explicó que la libre elección de los consumidores y el libre mercado permite que haya libertad para que los usuarios muestren su inconformismo por el presunto encubrimiento de sobornos de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol en Colombia.

Cabe destacar que los bancos que hacen parte del Grupo Aval son: Banco AV Villas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular.

“Cada día que pase y Néstor Humberto siga en la Fiscalía, serán menos clientes para Bancos Aval”, señaló Carrascal.

Esta iniciativa nace en un momento coyuntural en el país, pues mientras se debate la designación de un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht y se pide la renuncia del fiscal general Nestor Humberto Martínez, también se le piden explicaciones al senador Petro por el video revelado durante el debate por este tema, en el que se le ve recibiendo fajos de billetes.

Por ahora, la tuitera no se ha pronunciado sobre el video del político de izquierda y asegura que la protesta no los vuelve “petristas” por tener “dignidad” y el objetivo del boicot es un rechazo a Sarmiento Angulo y no al Grupo Aval.

Tras un mes de investigaciones, las acciones del Grupo Aval se han visto afectadas. La semana pasada las acciones llegaron a caer un 10,6 % y cerraron el día con una baja del 6,2 %, la mayor caída desde que empezaron a cotizar en 2011.

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