Sin pruebas régimen venezolano imputa terrorismo a 59 colombianos

La detención de los ciudadanos colombianos ocurrió en el marco de un operativo de seguridad en 2016 denominado Operación Liberación del Pueblo (OLP).

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Presuntos “paramilitares” colombianos ocupan una sola celda en el centro de detención de La Yaguara, en Caracas. (Blogger)

El pasado 21 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela revocó sin justificación alguna la orden de libertad otorgada en 2017 a 59 colombianos. La detención de los ciudadanos colombianos ocurrió en el marco de un operativo de seguridad en 2016 denominado Operación Liberación del Pueblo (OLP).

A la fecha estas personas estaban privadas de la libertad, sin tener juicio alguno y sin respetar el debido proceso, recluidos en una sola celda del centro de detención de La Yaguara, en Caracas. La captura fue realizada arbitrariamente el 1 de septiembre de 2016 en diferentes lugares de Caracas.

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Sin embargo, este 29 de noviembre fueron imputados por los delitos de terrorismo, asociación para  delinquir y falsificación de documentos, a pesar de contar con una boleta de liberación desde 2017 y sin material probatorio alguno.

“No dejaron pasar a los abogados defensores y les impusieron defensores público, a pesar de que estábamos ahí. Tuvimos que quedarnos afuera al aguardo de una deportación o de una liberación, como se esperaba”, confirmó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.

La justificación de la captura: “conspiración paramilitar”

La justificación de las capturas por parte del regimen de Nicolas Maduro obedece a que presuntamente pertenecían a un “grupo paramilitar” colombiano que delinquía en la zona, para tiempo despues contradecir el primer anuncio explicando que la detención se debía a irregularidades en su condición migratoria.

Según Amnistia Internacional durante su reclusión han estado en graves condiciones de insalubridad que atentan contra su dignidad, como celdas improvisadas, sin acceso a agua potable, o durmiendo a la intemperie.

“Varios de los detenidos cuentan con documentación expedida por el Servicio Administrativo de Identidad, Migración y Extranjería (SAIME) venezolano”, indicó la ONG.

Además, sus familiares han afirmado que han contraído enfermedades y no han recibido atención médica a pesar de sus pedidos.

Gobierno colombiano rechaza la decisión

El Canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo se refirió a las acciones de Gobierno adelantadas para la atención consular a los 59 ciudadanos detenidos de manera arbitraria en Venezuela. “Desde septiembre de 2016 se viene adelantando una tarea de asistencia consular y acompañamiento humanitario a estos 59 connacionales privados de la libertad en la estación de policía de La Yaguara, en Caracas”, dijo.

“Ha habido una atención permanente, constante, de parte de nuestras autoridades consulares y a raíz de esta nueva decisión que tomaron las autoridades venezolanas se le dio instrucción inmediatamente a nuestra Embajadora ante las Naciones Unidas en Ginebra, para que se pusiera en contacto con la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Hasta la fecha, se han elevado 94 notas verbales al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela invocando la legítima protección de los derechos humanos de los 59 connacionales. Igualmente, estas notas verbales se han radicado ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

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