¿Qué pasó con el nexo Odebrecht-FARC?

Durante los últimos 20 años se les pagó un tributo entre USD $50.000 y USD $100.000 a cambio de “permisos” para actuar en aquellos territorios en los que el grupo guerrillero tenía presencia.  

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El Departamento de Justicia de EE. UU., y las fiscalías de Suiza y Brasil señalan que se habrían pagado cerca de USD $439 millones en sobornos, de los cuales USD $11,2 se habrían quedado en suelo colombiano. (Fotomontaje PanAm Post)

A comienzos de 2017 Marcelo Odebrecht hizo una explosiva revelación al medio brasileño Veja. Según lo dicho, la guerrilla de las FARC también resultó salpicada por sobornos de la multinacional.

Durante los últimos 20 años se les pagó un tributo a cambio de “permisos” para actuar en aquellos territorios en los que el grupo guerrillero tenía presencia.

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Desde 1990 se empezaron a realizar los pagos que oscilaban entre USD $50.000 y USD $100.000 mensuales, según declararon dos ejecutivos al fiscal general de Brasil. Los pagos aparecieron en los libros de la firma como “costo operativo” o “tributo territorial”.

En su momento, Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, excomandante del Secretariado de las FARC, desmintió la acusación: “La misma empresa ha aclarado que nada de eso se ha presentado y la insurgencia nunca tuvo conocimiento de eso”.

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A pesar de haber negado el recibimiento de pagos, las FARC históricamente se beneficiaron de este tipo de tributación a raíz del control que realizaban en territorios donde se asentaban para resguardarse o consideraban estratégicos para movilizar precursores químicos para la elaboración de narcóticos y su posterior comercialización.

Hasta ahora Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe político del movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), no se ha pronunciado al respecto, pero en defensa del ahora partido político pidió explicaciones al presidente Iván Duque sobre su viaje a Brasil en 2014 junto con el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

“Usted debiera presentarse a la Fiscalía a explicar su viaje a Brasil, acompañando a Óscar Iván Zuluaga, a entrevistarse con un publicista de Odebrecht”, dijo el jefe del partido de las FARC.

La presunta relación financiera entre el grupo guerrillero y la multinacional pone en entredicho que la organización armada nunca operó como una mafia o que tampoco establecieron relaciones con grupos de poder político o empresas.

Precisamente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pretende juzgar aquellos que financiaron directa o indirectamente el conflicto colombiano. Esto conllevaría a que los directivos de Odebrecht tengan que comparecer ante este tribunal para responder cómo se llevó a cabo los pagos.

“Los terceros que, sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan participado de manera indirecta en el conflicto armado y hayan cometido delitos en el contexto y en razón de éste, podrán acogerse a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen”, señala el acuerdo de paz.

Mientras tanto, algunas investigaciones por corrupción de Odebrecht en el país ya son llevadas por la jurisdicción ordinaria y se espera que la investigación avance para determinar nuevos implicados. Pero, en el caso de las FARC, es difícil determinar este tipo de ingresos que a la fecha se desconocen por la elusividad de sus finanzas.

Odebrecht: una red de corrupción

Las recientes investigaciones han demostrado que la multinacional brasileña había sobornado a decenas de funcionarios en 12 países para lograr la concesión de contratos de infraestructura y energía.

El Departamento de Justicia de EE. UU. y las fiscalías de Suiza y Brasil señalan que se habrían pagado cerca de USD $439 millones en sobornos, de los cuales USD $11,2 millones se habrían quedado en suelo colombiano. Sin embargo, la suma de sobornos aumentaría dado que el estudio de corrupción de Odebrecht, por ahora, es solo del 2009 al 2014, y la multinacional llegó al país en los 90 manteniendo el mismo esquema de coimas.

La difícil situación y falta de garantías en torno a la investigación de Odebrecht en Colombia llevó a que el presidente Duque presentara una terna ante la Corte Suprema de Justicia para así elegir al fiscal ad hoc, que será independiente a la labor del fiscal general Néstor Humberto Martínez, a quien se le acusa de haber conocido de antemano la red de corrupción que se gestaba a manos de Odebrecht y no haber comunicado esto antes de su llegada al ente acusador.

Los exguerrilleros que se estrenaron en la reciente legislatura como políticos gracias al acuerdo de paz, fueron activos en contra de actos de corrupción, especialmente al de Odebrecht del país. Al mismo tiempo, parte de sus representantes y senadores han pedido la renuncia del Fiscal Martínez.

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