Se polariza el debate del porte de armas en Colombia

El ministro de Defensa dará lineamientos para establecer quiénes pueden portar armas de fuego en el país.

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Un tema tan sensible como el porte de armas en Colombia trajo de nuevo críticas, a tal punto que desde ya se empieza a escuchar demandas contra la medida. (Flickr)

La facultad otorgada al ministerio de Defensa para que reglamente los casos en los que se permita el porte de armas con permisos especiales se debate en un contexto de reducción de homicidios, pero también de percepción de inseguridad y desconfianza en las instituciones del Estado que brindan seguridad.

Un tema tan sensible como el porte de armas en Colombia trajo de nuevo críticas, a tal punto, que desde ya se empieza a escuchar demandas contra la medida.

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La excepción que permite el porte de armas de fuego no gustó para aquellos que aseguran que el monopolio de las armas debe estar exclusivamente en manos del Estado, indican que si a la ciudadanía se les otorgan armas se estará promoviendo institucionalmente la justicia por mano propia.

Analistas consultados por PanAm Post señalaron que el decreto es un avance, pues pone en cintura la solicitud de posesión de armas y regula las autorizaciones especiales para su porte, dado que el proceso actual se presta para abusos y favores indebidos.

A pesar que el presidente Iván Duque extendió la prohibición para el 2019, el tema sigue generando controversia para el sector que apoya el porte de armas a falta de fuerza de Policía como una garantía para defender su vida, libertad y propiedad.

Una ciudadanía desarmada

Uno de los argumentos a favor de tener a la ciudadanía desarmada es la disminución de la violencia homicida con armas de fuego que viene desde la restricción adoptada en 2016 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

En 2015 se registró 9.007 homicidios con armas de fuego, mientras que en 2016 fueron 8.591 y en 2017, 8.613.

Fuente: Indepaz

Pese a esto, la cartera de Defensa autorizará la tenencia bien sea por razones de urgencia o seguridad y teniendo en cuenta las excepciones que corresponda y las condiciones particulares de cada solicitud, entre otros factores.

Por su parte, el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, sostuvo que los ciudadanos no deben estar armados, poniendo como ejemplo las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir) para la autodefensa agraria.

“Los civiles no tienen por qué andar armados. Lo dijimos cuatros magistrados desde 1997 en la Corte, al salvar nuestro voto sobre la muy equivocada exequibilidad de las Convivir”.

Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático y quien venía liderando la discusión de flexibilizar el porte de armas, aseguró que el problema del país es que hay personas que les encanta polarizar el debate con situaciones que no se han planteado ni se están discutiendo.

“En Colombia no es permitido que haya grupos de personas organizadas con permisos de porte de armas, a menos de que sean departamentos de seguridad o empresas de seguridad legalmente constituidas”, dijo el legislador uribista.

Caso de tiroteos masivos en Estados Unidos

Según el politólogo español Manuel Llamas, el debate sobre el porte de armas se exacerba siempre y cuando ocurre un tiroteo masivo, rechazando de plano la posibilidad de que las personas que no tienen afectaciones psicológicas o sean delincuentes tengan la posibilidad de armarse.

“La inmensa mayoría de tiroteos públicos que recaban la atención mediática a nivel mundial acontecen en lugares donde está prohibido portar armas, como es el caso de colegios, universidades, empresas y otros espacios públicos, ya que es ahí donde el asaltante sabe que los presentes están indefensos ante su ataque».

Concluye que “las armas, en definitiva, no matan… matan las personas”.

En Estados Unidos, se considera generalmente que un incidente se convierte en un “tiroteo con numerosas víctimas”  cuando producen al menos cuatro muertos, sin contar el autor de los disparos.

Llamas, explica que EE. UU. es uno de los países que cuenta con un mayor número de ciudadanos armados (89 por cada 100 personas) pues su constitución consagra el porte como un derecho fundamental, en comparación con países latinoamericanos como Venezuela, Brasil, Colombia y México, el país norteamericano presenta una tasa de mortalidad inferior.

Por ejemplo, según datos de la organización Insight Crime en 2017, Venezuela registró 89 homicidios por cada 100 mil habitantes, El Salvador 60, Honduras 42,8, Brasil 29,7, Guatemala 26,1, Colombia 24 y México 22,5.

De acuerdo con el estudio del Centro de investigaciones Pew, la mayoría de los propietarios de armas en Estados Unidos asegura que su tenencia se debe para garantizar su protección personal. Sin embargo, también el registro de muertes relacionadas con armas de fuego en ese país se atribuye a la autolesión.

Otro de los casos sobre posesión de armas es lo que ocurre en Afganistán. Las zonas que permiten el porte de armas tienen menor violencia interpersonal, esto significa que más armas hace que haya menos enfrentamientos.

“Población a merced del crimen”

Para el abogado Fernando Vargas Quemba esta situación de extender por un año más la prohibición del porte de armas deja a los ciudadanos o pobladores de zonas rurales a “merced del crimen.”

“Los que se oponen al porte legal de armas desconocen u ocultan que el 90% de muertes con armas de fuego que se cometen con armas ilegales del mercado negro, y el otro porcentaje se realiza en ejercicio de protección o defensa de derechos. Hay mala fe en el debate”.

Añadió que en Colombia es complicado legalmente que cualquier ciudadano se le otorgue un revolver o una escopeta para asegurar su propiedad. Al mismo tiempo, explicó que quienes han ostentado los más altos cargos del Estado no comprenden que nunca fueron garantes de la vida y bienes de los colombianos, sin embargo, «se oponen a que los ciudadanos defiendan los derechos que ellos desde el Estado nunca les defendieron”, dijo.

De acuerdo con las cifras de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, entre 2015 y 2017 fueron decomisadas 78.744 armas de fuego en todo el país.

Desarmar la población es una medida que busca la mayoría de gobernantes, el reto está en enfrentar el problema de las manifestaciones de la violencia en zona rural y urbana que, como está demostrado, todo aquel que pretenda atentar contra la vida o propiedad de alguien no le importará las medidas legales en contra del porte de armas.

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