En Colombia pretenden sacar adelante un proyecto de ley tal y como se aprobó en Chile esta semana, con el que se busca limitar el tiempo en el pago de facturas.
El proyecto de ley, que ha sido bautizado con el nombre de “pronto pago”, establece un periodo máximo para el pago de las facturas por parte de los clientes, con el fin de garantizar el flujo de caja a los proveedores para que estos puedan corresponder con los compromisos de obligaciones tributarias, generar condiciones para el crecimiento sostenible de las Mipymes y evitar la afectación de utilidades en las empresas.
Esta medida, que ademas de Chile ya estaba en marcha en España, establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales mejorando las relación entre las empresas y sus proveedores.
Gran noticia Chile la promulgación de la #LeyPago30Días… es lo justo para todas nuestras pymes, que son el verdadero motor del país y lo requerían hace tanto tiempo para poder crecer y desarrollarse! pic.twitter.com/BF1xT6do6Z
— Constanza Cea S. (@constanzacea) January 3, 2019
La morosidad: principal enemigo de las MiPymes
Las MiPymes (micro, pequeña y mediana empresa) en Colombia representan el 96% de las empresas, el 25% del PIB y generan el 80% de los empleos. A pesar de la fuerte presencia en el mercado, gremios como Acopi advierten que no se aplican políticas públicas realmente efectivas y que vayan al corazón del problemas que ellas viven.
Y que la morosidad es una de las principales causas que provocan el cierre de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Actualmente en el país, la mayoría de MiPymes deben esperar más de 60 días para recibir el pago del producto o servicio prestado a sus clientes y grandes contribuyentes. Lo que las hace más vulnerables, sobre todo cuando se producen crisis económicas o retrasos de pagos, provocando una escasez de liquidez y de inevitable quiebra.
“La norma que proponemos es similar a la española y chilena. Se establece plazo máximo de pago, 60 días, se suprime la posibilidad de “pacto entre las partes”, con el fin de evitar posibles prácticas abusivas de las grandes empresas sobre sus proveedores, y se establecen sanciones por morosidad”, explica Acopi en su bitácora económica.
Falta voluntad política para sancionar la ley
Mauricio Toro, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, radicó en el mes de septiembre pasado una iniciativa similar e indicó que lo único que se necesita para aprobar la ley de pago a 30 días es “voluntad política”.
A su juicio, la ley permitirá dar un respiro a las pequeñas y medianas empresas.
“Muchas de las grandes empresas pagan a 60, 90 días o incluso hasta a más tiempo, pero los compromisos de pago no dan espera. El pago del IVA se debe hacer cada trimestre, por poner un ejemplo, y las pequeñas empresas se ven obligadas a endeudarse para pagar el impuesto”, señaló.
Por otro lado, el senador y expresidente, Álvaro Uribe presentará un proyecto similar al aprobado en Chile.
“Presentaremos proyecto de ley similar al chileno para que a las pequeñas empresas les paguen a tiempo, hoy las asfixian con plazos”, dijo.